La discusión sobre las repercusiones de la reforma fiscal ha tocado uno de los aspectos más neurálgicos entre los problemas sociales de nuestro país: el de las organizaciones de la sociedad civil.
Es cada vez más evidente que los gobiernos, en especial los de países “emergentes”, no cuenten con medios suficientes, ni financieros, ni estructurales, ni de personal calificado para proporcionar toda la gama de servicios de educación, salud, vivienda y promoción comunitaria que son indispensables para asegurar condiciones de vida digna a las mayorías.
Hace varios años se viene reconociendo que es indispensable que el sector privado afronte una parte importante de la atención que reclaman las mayorías que no alcanzan, por cualquiera razón que sea, niveles de vida digna. Los problemas se agravan tanto por el crecimiento demográfico que multiplica las carencias sociales como por la brecha que se ahonda entre los afortunados pocos y las mayoritarios desamparadas. La labor social y cultural de los particulares, sea individual, en grupos o desde fundaciones, cobra, pues, mayor importancia.
En siglos pasados mucha de la labor social la realizaban las comunidades religiosas. Las reformas impulsadas por el liberalismo anticlerical que se extendieron durante el siglo XIX ordenaron el cierre de los centros educativos, médicos y de asistencia social que administraba la Iglesia lo que hizo que el Estado se echara encima la responsabilidad de suplir dichas actividades para las que ni tenía vocación, capacitación ni recursos.
Desde la Nueva España siempre ha habido, sin embargo, personajes que han dedicado tiempo y recursos a la acción social. Pedro Romero de Terreros y sus descendientes se identifican con el actual Nacional Monte de Piedad que fundaron. Las familias Dondé, Mier y Pesado y otras se han distinguido a lo largo del siglo XX. Ahora hay ejemplos como el don Pablo Diez, Lorenzo Servitje, Alfredo Harp o Carlos Slim. Este último se ha comprometido a destinar al menos 10 millones de dólares a diversas tareas educativas y asistenciales.
Entre las asociaciones no lucrativas están las que atienden problemas específicos de salud como las parálisis, deformaciones congénitas, la ceguera, sordera, o enfermedades hasta hora incurables. Algunas organizaciones han sido fundadas por personas que han estado en directo contacto por razones a veces familiares con alguna de estas situaciones y que por ello, han establecido organismos para atender tales casos en forma más general.
En México hay unas 8,500 instituciones particulares. Poco más del 50% se encuentra en el Distrito Federal. 34% son de personas físicas mientras que 23% ha sido fundadas por corporaciones. 31% de ellas han sido organizadas por organismos de la sociedad civil y 8% por grupos o líderes religiosos. Del total sólo 5,700 son oficialmente reconocidas para recibir donativos fiscalmente deducibles. En nuestro país, no son más de 300 las entidades privadas donantes.
Con la misma proporción de OSC por habitante que tiene Chile, tendríamos 245,000 organizaciones de la sociedad civil. En Estados Unidos son 2 millones de instituciones que ofrecen servicios a la comunidad. 30,000 organizaciones fueron creadas en 1995. En ese país 7 de cada 10 ciudadanos pertenece a al menos una organización de servicio social y 25% de la población pertenece a cuatro o más. Se calcula que cada año, 9 millones de norteamericanos dedican 100 millones de horas a trabajo social. La aportación privado a la acción social representa una proporción muy sustantiva al lado de los programas sociales oficiales.
Datos de Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) encontró que cerca de 300,000 asociaciones ciudadanas se han creado en Rusia en los últimos quince años. En la Comunidad Europea el crecimiento ha sido notable.
La experiencia internacional confirma que el Gobierno no puede hacerlo todo. La labor social privada es imprescindible para, juntos, atender la creciente problemática social, educativa, de vivienda, ocupacional y migratoria, de las adicciones y del desmembramiento comunitario. Un decidido apoyo gubernamental es crucial para que esas organizaciones desarrollen sus actividades.
La justificación económica de estas medidas de soporte está en los sustanciales ahorros que su trabajo voluntario representa para el Estado en términos de lo que de otra manera tendrá que gastar en costosas estructuras y personal altamente especializado.
En México el Gobierno tiene que incorporar a esas organizaciones a la estrategia social nacional, alentando y registrando programas, respetando independencias, llevando cuenta de los fondos que manejan. Deben gozar de exención de impuestos y facilidades administrativas que alivien los pesados trámites que lastran su actividad. Los donativos que reciban deben ser deducibles para efectos del ISR y el nuevo Impuesto CETU. Esto forma parte crucial de la Reforma Fiscal que ahora se discute en el Congreso.
Julio de 2007
juliofelipefaesler@yahoo.com
