La Comisión Estatal de Derechos Humanos asegura que no se han recibido quejas por abusos de autoridad de ciudadanos radicados en lugares donde se realiza el operativo Sierra Madre.
Diputado afirma que las acciones federales están avasallando la autonomía de los estados
El Siglo de Durango
Pese a la intensidad del operativo Sierra Madre contra el narcotráfico en varios municipios de la entidad como Tamazula, no se han recibido quejas por la posible violación a las garantías individuales de los ciudadanos que radiquen en esa zona, aseguró la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Y es que el diputado local priista, Jesús Alvarado Cabrales, declaró que los operativos implementados por el Gobierno Federal en su mayoría están avasallando la autonomía de los estados, al no tomar en cuenta a las corporaciones de seguridad pública locales y municipales.
Aunque su homónimo panista, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, justificó el proceder del gobierno de Felipe Calderón al señalar que el narcotráfico se ha convertido en una verdadera amenaza contra la seguridad nacional.
Sin embargo, el presidente de la CEDH, Carlos García Carranza aseveró que no han recibido alguna queja por la violación a los derechos humanos de ciudadanos que radiquen en los municipios donde se lleva el combate al crimen organizado, como Tamazula, San Dimas, El Oro, entre otros.
“En ese asunto no hemos una sola queja, porque son de las autoridades federales, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque tiene sus visitadores repartidos en toda la República y más en estos operativos”.
Inclusive, manifestó que el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dijo que se actuaría contra la delincuencia organizada de manera firme, pero apegados al Estado de Derecho, “y es lo que se está viendo”.
“No es por justificar alguna situación, sino que en estos operativos hay Ministerios Públicos federales, para hacer las cosas bien”, insistió el ombudsman del estado sobre la actuación de las corporaciones de seguridad pública.
El Presidente del organismo autónomo reiteró que se mantiene un mayor respeto a las garantías individuales de los mexicanos luego de que el año pasado el país recibió una llamada de atención la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por cinco casos graves de violaciones por parte del gobierno nacional.
Mencionó los casos de Oaxaca, San Salvador Atenco, Las Truchas en Michoacán, la mina de Pasta de Conchos en Coahuila y la denuncia de la PGR contra el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes.
Apuestan por mayor coordinación
Se debe dar la comunicación y coordinación de las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno para ir acabando con el cáncer del narcotráfico, consideró el diputado priista José Antonio Ramírez Guzmán.
Asimismo, dijo que ojalá y los operativos de seguridad pública contra el narcotráfico en Durango sean verdaderos y no lo mediático que al menos se ha observado, para sentir los resultados reflejados en la tranquilidad de las comunidades.
“Que se sientan los resultados en el campo, pues la problemática del narcotráfico es fuerte en las comunidades”, expresó.
