No obstante reconocer que suprimir prestaciones a los sobrecargos no basta para resolver la crisis de Mexicana de aviación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó la modificación del contrato colectivo de trabajo en perjuicio de esos trabajadores y en un plazo perentorio, que no rige para las acciones que la empresa debe tomar en la misma dirección.
Aunque el Tribunal laboral resolvió que Mexicana emprenda su “inmediata capitalización” no hay señal de que en la semana trascurrida desde el laudo se hayan dado los pasos requeridos para ese efecto. Mientras tanto, está corriendo el plazo para que las partes negocien una modificación contractual que las satisfaga. De no alcanzar un acuerdo -y es obvio que no se logrará- entrarán en vigor los recortes ordenados por la Junta, que fue mucho más allá de lo que la aerolínea le había demandado.
En marzo pasado Mexicana planteó un conflicto colectivo de naturaleza económica. Demandó modificar las condiciones de trabajo con su sindicato de sobrecargos, en montos y términos que hicieran “posible la subsistencia de la fuente de trabajo”. Para determinar las causas del conflicto invocado por la empresa, la Junta designó el 17 de abril a tres peritos que el 30 de mayo siguiente emitieron su dictamen. Ellos fueron Rogelio Gasca Neri, dos veces director de Aeroméxico (bajo cuyo primer periodo se produjo la quiebra de Aeronaves de México y su conversión en Aerovías de México) y durante un año, 2004, presidente de Cintra, la controladora de Aeroméxico y Mexicana, que fue vendida al año siguiente; Fernando Antillón Valenzuela, que fue director de aeronáutica civil durante el sexenio anterior y Leopoldo Burillo Eguialis, consejero independiente de Siefore XXI y presidente de su consejo de administración y director de Serficor, un banco de inversión vendido en enero pasado a un grupo financiero holandés.
El dictamen reconoció deficiencias de información que limitan su alcance y quizá hasta lo esterilizan, a pesar de lo cual fue tenido en cuenta por la Junta laboral para emitir su laudo. Por un lado, se negó a los expertos información relativa a la compra de Mexicana por el Grupo Posadas, “para constatar la existencia, en su caso, de compromisos de productividad por parte de empresa y de las tripulaciones, de inversión o similares, así como de participación en el capital accionario”. Esa negativa es atribuída por los peritos a “las partes involucradas” en la venta de la aerolínea: “compradores, vendedores e IPAB”, que no la ofrecieron no obstante haber sido “solicitada oficialmente a través de la Junta...”. El panel de expertos pudo saber que el Grupo Posadas anunció que en caso de ganar la licitación “su política laboral será de acercamiento con los sindicatos, de respeto a las condiciones laborales y de crecimiento de la empresa.
Promete más aviones y mayor inversión. Sin embargo, por no contar con la información correspondiente... no fue posible conocer si la oferta incluye compromisos de inversión y si el contrato de compra los obliga a su cumplimiento”.
Como quiera que sea, en sólo un año las expectativas de éxito avizoradas por Posadas se nublaron por la realidad. Del crecimiento del número general de pasajeros en ese lapso, de 2005 a 2006, Mexicana “sólo pudo captar un 0.2 por ciento, Click captó un 17. 9 por ciento, las otras líneas nacionales que vuelan las mismas rutas perdieron un 3.4 por ciento y las aerolíneas de bajo costo obtuvieron un 85 por ciento de los 801 mil pasajeros que significó este crecimiento”. Pero no se crea que la ventaja de las líneas baratas es la sola causa del infortunio financiero de Mexicana, porque se caería en la simplificación de únicamente considerar los costos (incluyendo los laborales). Los peritos compararon la posición de Mexicana con Aeroméxico y con líneas internacionales (que operan con costos semejantes) y mostraron que sus propias deficiencias “han influido también en una disminución de los ingresos de” Mexicana.
Por eso, la conclusión de los expertos es que “el cambio de contrato colectivo de trabajo...por uno nuevo... no resuelve por sí mismo, con los ahorros planteados, explícita e implícitamente, el problema económico de la empresa”.
Para resolverlo, Gasca Neri, Burillo Eguialis y Antillón Valenzuela recomendaron a la Junta ahorros no sólo con cargo a los salarios y prestaciones de los sobrecargos, sino el cambio de “ciertas cláusulas” con ese sindicato y los de pilotos y personal de tierra (que presumiblemente se han avenido ya a la crisis de su empleador) y sobre todo “una inmediata capitalización de la empresa, ya sea comprometiendo ingresos futuros o mediante una inyección de capital fresco, que le permita tener los recursos para llevar a cabo los cambios necesarios, además de cubrir la insuficiencia de flujo que inevitablemente tendrá que seguir acumulando en el futuro próximo”.
Adicionalmente, concluyeron los expertos, aun logrando esos objetivos, Mexicana deberá “adaptar sus operaciones, estrategias y costos” a las nuevas condiciones de la aviación nacional e internacional.
Eso no obstante, la Junta federal, que conservó en el escritorio durante más de dos meses ese dictamen, sólo tomó una decisión de efectos imperativos, a cargo de los sobrecargos, mientras que no somete a ningún plazo a la empresa a hacer lo que requiere para salir de sus bretes. Por si fuera poco, en su laudo el Tribunal laboral fue más allá de lo demandado por la empresa, como lo veremos.
