“Cuando la Ley no alcanza para hacer justicia, hay que hacer justicia”.
Lo que ha dejado con el ojo cuadrado a más de un litigante no sólo ha sido el dictamen emitido por el pleno de la Suprema Corte, en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, sino también la aparición ante los medios de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, con el pretendido afán de justificar lo que debió estarlo dentro del propio contenido de la resolución. Si un fallo de ese alto tribunal requiere de una posterior explicación es que obviamente no es claro ni preciso y provoca que posteriormente se tenga que hacer una aclaración con un fuerte sabor a descarga de culpas. Qué necesidad había de decir, después de rechazar por 6 votos contra 4 el proyecto del comisionado Juan Silva Meza, que “actuamos con gran transparencia y hemos puesto en éste, como en todos los casos, lo mejor de nosotros para servir correctamente al país considerando que … la Corte actuó apegada a Derecho”, ¿era necesario enfatizarlo? Si aquello fue así, enhorabuena, pero qué necesidad había para que “en nombre de toda la Corte” la mentada ministra leyera ese mensaje, que asemeja un alegato tardío, frívolo, carente de legalidad, fuera de lugar y de seguro artificioso. Ya encarrerada, agrega la ministra que otras autoridades deben seguir con la investigación de estos asuntos. ¿Usted cree que un juez poblano se atreva a girar una orden de aprehensión contra su gobernador? que los ministros de la Corte esperen sentados, por que parados se van a cansar, ¿a quién le quieren ver la cara?
La sociedad entera oyó la grosera, inverecunda y procaz conversación que sostuvieron por teléfono, cuando pensaron que nadie los escuchaba, el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y el industrial de mezclilla Kamel Nacif, en que no dejaron duda de que las oficinas de Gobierno habían sido puestas a disposición de un mecenas. Los ministros de la Corte desecharon la prueba porque la doctrina, la jurisprudencia, la Ley y la Constitución han establecido que las pruebas que obren en los expedientes deben ser obtenidas en forma legal ya que en caso contrario carecen, en absoluto, de valor. Se les olvidó el detalle de que estaban juzgando un caso extraordinario que merecía una resolución con las mismas características. Esto es, no se trata de una violación de garantías individuales de un Policía de bicicleta, sino de, nada menos, que de un gobernador estatal, considerado como alto funcionario de la Federación. Lo que haga o deje de hacer tiene consecuencias sociales y políticas dado el poder que cuenta dentro de una entidad federativa, que tiene bajo su égida a un procurador de Justicia y a un jefe de la Policía Judicial. ¿No es acaso grave que trascendiera que ambos, Marín y Nacif, se pusieron de acuerdo para darle un escarmiento a la autora de Los Demonios del Edén? todo por que ésta se atrevió a revelar el abuso sexual perpetrado contra menores de edad.
Al establecer que la Corte no puede resolver basándose en pruebas ilegales da la vehemente impresión de que los ministros se apoyan en un mero formulismo para favorecer a uno de los participantes de este escandaloso affaire. Lo de que la conversación acusatoria se obtuvo sin el permiso de los participantes o la orden de una autoridad judicial, es invocar la imposibilidad de que algún día se llegara a lograr la intervención de la línea telefónica. Se dice que el texto del Artículo 16 constitucional al disponer que las comunicaciones privadas sean inviolables, resuelve que su quebrantamiento trae la consecuencia de que las pruebas carezcan de validez. Habría que considerar si la conversación con un gobernador puede ser estimada como algo privado. Desde luego, no es un asunto personal, no es una comunicación particular, es un asunto que va más allá de las reglas escritas. Es de interés público que se ponga un freno a la conducta de funcionarios bribones que no se dan o quieren darse cuenta de que son los primeros que deberían respetar el ámbito jurídico. Si la prueba no es legal, ¿sí lo es la conducta de un mandatario que sabe está sujeto a actuar conforme a las normas que rigen su alto encargo?
No ha habido durante toda la vida de la Corte una encrucijada en que se haya provocado tan enorme polémica popular y puesto en duda su credibilidad. Es que la gente en la calle no entiende cómo después de escuchar una y otra vez como los dos personajes de este drama sin igual se regodeaban de haber golpeado los derechos de una mujer, la Corte, con un tecnicismo legal o pongámosle regla constitucional, decidió que no hay demostración en autos de que el gobernador de Puebla orquestó un acuerdo con la procuraduría de justicia y las autoridades judiciales. Esto es de locura, ¡no existió lo que la comunidad ha escuchado! creo que alguien está mal de la cabeza. Se dice que el alto tribunal es de justicia, pues de lo que se advierte, no parece. El término justicia viene de la palabra justo, que es vivir según la Ley de Dios. Aquí cabría aquella locución de en justos y en verenjustos, con razón o sin ella, lo que importaba era castigar una conducta que agravia a todo el país. La diosa de la Justicia, Temis, caracterizada con una venda encima de los ojos, en este caso ¿no se la puso? ¿se la escamotearon en el metro? o ¿en México, de plano, es un estorbo?
