“Nada está edificado sobre la piedra, todo está edificado sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena”.
Jorge Luis Borges
El ministro Sergio Aguirre Anguiano dijo este pasado 22 de mayo que la decisión en la controversia constitucional sobre las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión no será ideológica sino de simple interpretación de la Constitución.
Pero la verdad es que la interpretación de la Constitución es, inevitablemente, ideológica y política.
Ahí está como ejemplo el propio proyecto de sentencia del ministro Aguirre Anguiano, el cual señala que otorgar concesiones de radio y televisión por un periodo específico de 20 años, como establece la nueva Ley de Radio y Televisión, es una violación al principio de rectoría económica del Estado.
El Artículo 25 de la Constitución establece, efectivamente, que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional”. Pero ni de esta frase, ni de ninguna otra en la Constitución, se desprende necesariamente que otorgar concesiones de radio y televisión por un periodo definido sea una violación a la Ley fundamental. Nada en la Constitución señala que la discrecionalidad de la autoridad sea necesaria para la rectoría del Estado. Ésta es la interpretación ideológica del ministro Aguirre Anguiano.
De hecho, lo que se está jugando en este caso tiene mucho que ver con la ideología y con la política. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia están tomando decisiones que ayudarán a definir el rumbo futuro de nuestra nación y en particular de la relación entre el Gobierno –que no es el Estado, pues éste incluye a la sociedad— y los gobernados.
Dos son los proyectos de nación que se enfrentan en esta decisión, los cuales son de hecho similares a los que en el siglo XIX dividieron a nuestro país. Uno plantea que el Gobierno debe tener grandes poderes sobre los ciudadanos para beneficio y tutela de estos mismos.
La idea de la rectoría económica del Estado surge, precisamente, de este concepto que en el siglo XIX mantuvieron los miembros del partido conservador y que posteriormente el Gobierno de Miguel de la Madrid, en el que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación, retomó de los países de ideología comunista. El otro gran proyecto en la disputa es el liberal: el que plantea que el Gobierno debe establecer reglas claras, pero dejando que los individuos y las empresas se desarrollen sin una tutela excesiva de las autoridades.
Para quienes defienden el proyecto estatista o conservador, los medios de comunicación privados son demasiado poderosos por lo que el Gobierno debe tener instrumentos para controlarlos. Por eso se oponen a que se les regule con disposiciones claras de aplicación general. La discrecionalidad es importante para mantenerlos dominados. De ahí surge la oposición a que las frecuencias de radio y televisión se liciten, a que haya plazos claros para gozar de las concesiones y a que éstas se renueven automáticamente si el concesionario no ha cometido ninguna falta.
Entre menos garantías tengan los medios de comunicación, entre más discrecional sea la acción de la autoridad, más fácil será controlarlos.
En la visión liberal, por el contrario, la intervención del Gobierno debe ser simplemente la de establecer reglas claras que se apliquen a todos por igual. Esto es lo que pretende la nueva Ley de Radio y Televisión. Si los medios calumnian o difaman, se les deberá llamar a cuentas en los tribunales pero no con el retiro discrecional de una concesión.
Una de las funciones más importantes del Gobierno dentro de esta visión liberal debe ser la de impedir el surgimiento de monopolios que invaliden en la práctica las garantías de competencia que establece la Ley.
Por eso es importante fortalecer las atribuciones de los organismos que tienen la responsabilidad de impedir prácticas monopólicas y de blindarlos contra intervenciones indebidas tanto del Gobierno como de los regulados. De hecho, una de las grandes críticas que se le puede hacer a las nuevas leyes de radio y televisión y telecomunicaciones es que no le dan a la Comisión Federal de Competencia suficiente fuerza para evitar los abusos de las empresas dominantes.
Ésta no es una disputa que pueda resolverse simplemente recurriendo a la Constitución. Nuestra Carta Magna refleja en sus contradicciones la lucha de dos siglos entre liberales y conservadores. Algunos de sus artículos sostienen la posición liberal y otros, como el 25, que establece la rectoría económica del Estado, representan la conservadora.
La decisión de la Suprema Corte será realmente muy importante. El fallo no afectará solamente a los medios de comunicación sino que influirá decisivamente sobre nuestro proyecto de nación.
Aunque quizá no se den cuenta, los ministros de la Suprema Corte estarán tomando una decisión ideológica y política y no solamente jurídica.
OCHO MINISTROS
Mucho se ha cuestionado el que ocho de los 11 ministros tengan que votar en contra de la nueva legislación para que ésta sea declarada inconstitucional. Esto es, sin embargo, lo que dice la Ley y ésta no puede cambiarse simplemente porque no le convenga a una de las partes. Pero hay otra razón. La Constitución establece una división de poderes y le da al Legislativo la facultad de legislar. Si la Suprema Corte pudiera echar para atrás las leyes con excesiva facilidad, se convertiría en un poder absoluto sobre los demás. Y ésta no es la filosofía de un Estado con división de poderes.
