La primera obligación del Estado es defender la integridad del territorio nacional y en segundo lugar, garantizar la seguridad de sus habitantes. Ambas tareas requieren la vigencia de las instituciones,
La Administración del Presidente Calderón ha entendido correctamente que la actividad de los productores y traficantes de narcóticos tanto en México, como la que nos llega de Sudamérica, afecta todos ámbitos económicos, políticos y sociales del país. La crítica gravedad a que ha llegado esta situación, hasta ahora tolerada, nos golpea de manera dramática con el creciente número de muertes que viene cobrando día a día en la mayor parte de los estados.
El recurso a las Fuerzas Armadas que sorprendió a muchos fue absolutamente necesario. La capacidad de los narcoproductores traficantes en términos de armamento, es evidentemente superior a la que tienen las policías. Sólo el Ejército y la Armada tienen el equipo que se requiere para vencerla. En términos de organización, es obvio que el crimen organizado jamás podría equiparárseles.
Era indispensable afrontar directa y valientemente un reto que desde hace mucho altera la estructura social de muchas poblaciones grandes y pequeñas donde los narcos, con sus ostentosos palacetes y lujosos automóviles blindados se mezclan en la vida cotidiana. Su presencia es una clara y directa afrenta al Estado de Derecho y a la legítima aspiración de todo ciudadano y sus familias para llevar una vida ordenada y sana. No puede seguirse tolerando una situación en que se tenga que convivir con criminales.
La importancia del fenómeno puede medirse también en términos financieros. Ya en 1995 se calculaba que el “lavado” de dinero en el mundo proveniente de las drogas importaba más de 600 mil millones de dólares al año, una mitad de los cuales se operaba en y desde los Estados Unidos. En ese mismo año, se calculaba que sólo las ganancias de los traficantes mexicanos alcanzaban al menos 30 mil millones de dólares. Desde entonces, las cifras se habrían duplicado.
Todos sabemos que estos fondos no sólo sirven para engrosar astronómicas fortunas, sino que tienen secretas derivaciones que apoyan movimientos políticos muchos de ellos subversivos. Las noticias de estos días sobre la relación entre las FARC y movimientos de izquierda en México, publicados por El Universal, son la explicación del financiamiento con que cuentan las guerrillas. Una de las más importantes tareas de los servicios de Inteligencia consiste en rastrear los laberintos de este oscuro y clandestino poder paralelo.
Las repercusiones en el turismo nacional hoy día actividad crucial para nuestra economía, amenazan a ser devastadoras si no se pone fin a los crímenes y a la inseguridad que se presentan en los centros mundialmente conocidos como Acapulco, Cancún y Huatulco. Esta sola razón bastaría para justificar una acción contundente de la Fuerza pública para acabar con imágenes de sangre y desorden que ahuyentan a cualquier turista sea nacional o extranjero.
Al lado de la secuela de muertes que se publicita por todo el mundo, uno de los aspectos más perniciosos, es la corrupción que el narcodinero engendra a todos los niveles de la sociedad. Es conocida la macabra opción de “plata o lomo” que se le presenta a las autoridades a cualquier nivel.
El drama del narcomundo no está limitado a nuestro país o a Sudamérica, ni a las áreas productoras y de comercio de Asia. Los Estados Unidos que consumen al menos la mitad de la producción mundial, son seguramente el ejemplo más contundente de la penetración de las drogas en todos los estratos sociales. Estudios de académicos y organizaciones civiles y de Gobierno, calculan que en 1999 eran tres millones de adictos crónicos de cocaína en ese país a los que había que añadir 2.2 millones de consumidores ocasionales. Su consumo, sólo en este rubro, representaba en ese año 36 mil millones de dólares.
La producción de marihuana, por su parte, se ha convertido en Estados Unidos en un elemento integral de su economía nacional. El cultivo comercial supera en importancia a los de maíz y trigo juntos. Es clara la tendencia de ese país a convertirse en el mayor productor mundial de todo tipo de drogas naturales o procesadas y de naturaleza química, conforme lo pide el consumo interno que el Gobierno norteamericano no ha sabido ni podido controlar.
Es un imperativo seguir adelante con la guerra contra las drogas ya iniciada con tanta energía. No es el momento de vacilaciones. Se anuncia la creación de un equipo especial del Ejército dedicado a esta tarea.
Los que se asustan o censuran la intervención del Ejército, o quieren trabar su acción con filibusterismos legislativos o no entienden la magnitud del problema, o estarían dispuestos a que se continuara tolerando la siniestra herencia que la actual Administración heredó. Quizá la condenan por tener compromisos políticos o económicos inconfesables con el narcotráfico.
México D.F. 10 de mayo, 2007
juliofelipefaesler@yahoo.com
