Hace ya un buen tiempo que no lo vivíamos en la ciudad: un conflicto obrero-patronal de trascendencia que llegara hasta el estallamiento mismo de una huelga. Pues bien, desde el medio día del martes pasado el sindicato del Simas Torreón, decidió no aceptar el ofrecimiento de un aumento del cinco por ciento y optó por irse a la suspensión de sus actividades.
Siempre es muy peligroso que un tercero asuma una posición al respecto, pero cuando el paro se da en una empresa perteneciente al Gobierno, por supuesto que las condiciones cambian.
Sin lugar a dudas el estudio del Derecho es por demás complejo; sencillamente: para un concepto propio de la ciencia jurídica (que en su mayoría son abstractos) cabe en muchas ocasiones más de una definición.
Esto viene a cuento sencillamente porque la situación jurídica que hoy atraviesa el dichoso Simas, es de carácter laboral, que el sistema jurídico mexicano tiene lagunas –desde mi particular punto de vista- por motivos políticos ya ahora históricos.
Uno de los preceptos elementales en los que se basa la concepción del marco jurídico del Estado Mexicano, es precisamente su carácter social, bandera principal para la justificación del movimiento revolucionario.
La pretensión de la ley de buscar el equilibrio entre trabajo y capital, es por supuesto defendible. Jamás se podrá anteponer el capital –dinero- a la dignidad humana. Difícilmente habrá quien abiertamente pudiera defender la posición de “capitalismo salvaje”, pero de ahí a lo que los mexicanos tenemos como derecho laboral colectivo, dista mucho en realidad, de ser un medio para la justicia social.
Por ello, cabe ahora hacer el comentario de la huelga del Simas. ¿Cómo se supone que el sindicato de Simas pretenda el equilibrio entre trabajo y capital en una dependencia que está creada para dotar un servicio por demás básico?
Cabe decir que en la práctica, en el colectivo, sencillamente no existen armas jurídicas que pudieran impedir el estallamiento de la huelga si el procedimiento para que se declare se llevó a cabo observando críticamente la ley, aun cuando las pretensiones sindicales fueran descabelladas.
En las relaciones entre empresa y sindicato solamente cabe la negociación para el entendimiento de las partes, porque además, el tribunal laboral depende del ejecutivo estatal o federal en su caso.
Por eso no hay lugar a dudas: la huelga carece de legitimidad. No se puede creer que el Gobierno del Estado esté ajeno al asunto. La lucha por el poder está desatada en todos lados y el Simas se está convirtiendo en la arena de moda: primero la auditoría que el Congreso del Estado quiere llevar a cabo a la paramunicipal y ahora se encuentra en huelga.
Es una pena al final que estén suspendidas las actividades, la propuesta del alcalde está en los márgenes normales que se manejan en las negociaciones actualmente.
Se debe esperar a que las partes entren en razón, en juego está el suministro de agua a todos los torreonenses, ricos y pobres.