“El Gobierno siempre defiende los intereses de la clase o el grupo que gobierna, menos en las cosas influidas por el miedo de perder el poder”.
Bertrand Russell
Las enmiendas a la Constitución para la llamada reforma electoral se publicaron en el Diario Oficial de la Federación apenas el 13 de noviembre. Pero ya esta semana los diputados hicieron una modificación importante a las reglas.
El Artículo Cuarto transitorio de las reformas constitucionales daba a la Cámara de Diputados el mandato para elegir a los nuevos consejeros y al presidente del IFE. Pero la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se dio a sí misma la facultad de realizar estas designaciones.
En un aparente desplante de apertura, la Junta permitirá que cualquiera pueda proponer candidaturas. Los mismos candidatos, de hecho, podrán postularse a sí mismos. Pero los diputados están tomando medidas para que quien llegue al nuevo IFE sea afín a una reforma electoral que las encuestas de opinión muestran ha sido impopular.
Entre los requisitos para los nuevos consejeros del IFE, junto a un manifiesto bajo protesta de decir verdad de no haber sido sancionado por delito doloso ni estar sujeto a algún proceso penal (hay que ser López Obrador para poder aspirar a un cargo estando sujeto a proceso penal), se incluye un ensayo de un máximo de diez cuartillas “sobre la aplicación de la reforma constitucional en materia electoral recientemente aprobada”. Con esto, al parecer, se pretende evitar que alguien no comprometido con esta reforma llegue a ser miembro del Consejo General del IFE.
De hecho, poco importa lo abierta que pueda ser la convocatoria, en la cual cualquiera puede proponer candidatos. La decisión final quedará en manos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, feroz guardián de una reforma restrictiva. La Comisión de Gobernación de la Cámara recibirá las solicitudes y determinará cuáles llenan los requisitos. Entrevistará también a los candidatos y elaborará un informe con sus recomendaciones. Los distintos partidos políticos, de hecho, ya están promoviendo a sus candidatos.
La decisión final, sin embargo, será responsabilidad de la Junta de Coordinación Política. Ésta escogerá al nuevo presidente y a dos nuevos consejeros del IFE. También determinará cuándo dejarán de cumplir con sus funciones el resto de los consejeros que están siendo destituidos de manera gradual como consecuencia de la reforma electoral. Si bien se ha sentenciado ya abiertamente a Luis Carlos Ugalde, el presidente del IFE, no hay criterios para determinar cuáles son los otros dos consejeros despedidos este diciembre, cuáles en 2008 y cuáles en 2010.
Los nombres que discrecionalmente escoja la Junta de Coordinación Política pasarán directamente al pleno de la Cámara de Diputados para votación. Pero los legisladores no podrán escoger entre varias opciones. Sólo podrán aceptar o rechazar la lista que presente la Junta. Nadie espera, por supuesto, una rebelión de los diputados.
La Junta de Coordinación Política está formada por los coordinadores de las bancadas en la Cámara Baja del Congreso. Actualmente la encabeza el panista Héctor Larios. En estos tiempos en que el poder presidencial se ha debilitado enormemente, este grupo -principalmente a través de los coordinadores de los tres principales partidos políticos, PAN, PRD y PRI- se ha convertido en un órgano de enorme poder.
Con la designación de los nuevos consejeros del IFE, y la decisión de cuáles deberán salir ahora y cuáles más tarde, la Junta de Coordinación Política habrá logrado su propósito de acabar con un Consejo General del IFE que la propia Constitución determinaba como inamovible. El PRD cumplió con su promesa de castigar a los consejeros del IFE por las decisiones tomadas en el proceso electoral de 2006. Junto con el PRI, por otra parte, habrá logrado descalificar, cuando menos en cierta medida, la legitimidad de las elecciones presidenciales. El PAN no tiene nada que ganar con este golpe que pone en tela de juicio la legitimidad de su propio triunfo electoral en 2006, pero a cambio ha obtenido el voto del PRI en apoyo a una lamentable reforma fiscal.
Si la reforma electoral de 1996 creó un IFE autónomo cuyos consejeros estaban constitucionalmente protegidos de los políticos, los políticos han tomado hoy venganza y han sometido el IFE a la voluntad de los partidos. La Junta de Coordinación Política se ha convertido en ese nuevo tribunal supremo del que depende el IFE. Si los consejeros no obedecen, podrán ser destituidos nuevamente.
BOLETAS SECRETAS
Raúl Trejo Delarbre escribe para cuestionar mi artículo “Boletas secretas”. Asume, junto con los otros miembros del comité editorial del IFAI, la responsabilidad del rechazo a la publicación del ensayo de John Ackerman sobre las boletas de la elección presidencial de 2006. “La decisión de considerar no publicable ese ensayo fue nuestra y no del Instituto… No puedo asegurar que las evaluaciones que se realizan en nuestras instituciones académicas siempre sean rigurosas. Pero sí puedo dar testimonio de que en el comité editorial del IFAI hemos trabajado con seriedad”. Yo sigo convencido de que el texto de Ackerman se defiende por sí solo, como lo podrá advertir cualquier persona a quien se le dé oportunidad de leerlo.
Página de Internet:
www.sergiosarmiento.com
