Las declaraciones del secretario General del Partido de la Revolución Democrática del Distrito Federal, en relación con la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la Ley que despenaliza y promueve el aborto, revelan intolerancia y falta de respeto a las instituciones.
La demanda iniciada por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes, está en manos de la Suprema Corte de Justicia para determinar si procede o no la admisión de la misma y el trámite del Juicio Constitucional.
La importancia y gravedad del tema y lo polémico de su tratamiento, justifican la promoción de ésa y todas las instancias disponibles en nuestro sistema, con el fin de ventilar el asunto hasta su agotamiento cualquiera que sea la conclusión final.
Lo anterior con mayor razón, porque la reforma legal no se limita a despenalizar el aborto sino a promoverlo como política de Estado, lo que invade la esfera de competencia federal en materia de salud pública y por ende viola la Constitución General de la República.
La demanda de inconstitucionalidad provocó en el líder del PRD del Distrito Federal una reacción feroz, que lo ha llevado a referirse al Presidente de la CNDH como “mandadero del Presidente de la República y del Partido Acción Nacional”, amenazando a que si “por dignidad y por vergüenza” el referido funcionario no renuncia a su cargo, su partido promoverá su remoción.
Una reacción similar ha provocado la diversa acción de inconstitucionalidad que también sobre el aborto ha promovido por separado la Procuraduría General de la República, cuyo titular se siente legalmente obligado (con toda razón) a promoverla en su carácter de abogado de los intereses nacionales.
Esta reacción del PRD pretende sumar la causa del aborto a la impugnación de otras resoluciones de la CNDH y de la PGR sobre diversos tópicos, creando con ello una mezcla insana a la que agrega la investigación del conflicto de Oaxaca en contra del gobernador Ulises Ruiz o el caso de los militares acusados de violación de una anciana en Zongolica, Veracruz.
La revoltura de temas no tiene sentido y lejos de permitir el análisis objetivo que por separado amerita cada uno ellos, genera una apreciación prejuiciosa a la medida de los intereses del PRD, que desde luego sólo impugna los procedimientos y resoluciones institucionales cuando le son adversos y en cambio, sin hacer gestos aprovecha los privilegios económicos y políticos que le ofrecen esas mismas instituciones mientras funcionen en su provecho.
El vocero del PRD denuesta sin razón a la CNDH porque según él la Comisión “se limita a hacer recomendaciones”, cuando el propio declarante sabe o debe saber que hasta esos límites llega el desempeño de dicho organismo, que como tal carece de facultades ejecutivas que no pueden ir más allá de la recomendación.
El PRD ha hecho de la injuria una estrategia que lucra con las frustraciones (justificadas o no) de muchos de nuestros compatriotas, para posicionarse en el sistema o destruirlo si en un momento dado así conviene a sus intereses.
Llamar al Presidente de la República “pelele” y “mandadero” de este último al Presidente de la CNDH, así como aprovechar toda oportunidad para la denigración y el denuesto de todo el que no comparta sus puntos de vista, es un ejercicio perverso que revela un juego doble. Por una parte el PRD aprovecha la apertura y libertades que sin duda hemos logrado los mexicanos en cuanto a sistema político y por otra sabotea el tránsito a la democracia plena al proferir críticas irresponsables, maximalistas e incendiarias.
Los promotores del aborto en su diatriba en contra de quienes buscan el tratamiento y conclusión del tema por medio de las vías institucionales, revelan una intolerancia inadmisible y un extremismo que justifica los temores que sobre el PRD alientan múltiples sectores de la comunidad.
Lo anterior es preocupante, porque revela la intención del PRD de mantener el discurso de encono y discordia, bajo el insano principio según el cual la lengua es más peligrosa que la espada.
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