Lo que está haciendo el Gobierno Federal, enviando a elementos del Ejército a instalar retenes en diferentes puntos de la ciudad con el fin de blindar a las ciudades de la Comarca Lagunera en contra de la penetración de maleantes dedicados al narcotráfico es plausible. La muerte violenta de personas a manos de sicarios del crimen organizado, ocurridas en días recientes, provocaron temor entre la sociedad formada por gente tranquila que sólo pide que la dejen vivir en paz. Los vehículos que circulan por los lugares en que se encuentran las barreras son parados momentáneamente, en ciertos casos haciendo descender a las personas. ?Un agente revisaba corporalmente a las personas y sus carteras? señala la nota periodística del viernes anterior. Se publica un diseño de donde se hayan los lugares donde se encuentran instalados los retenes que en total suman ocho. Se pone en conocimiento de la comunidad que junto a miembros del Ejército nacional participan elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Policía Preventiva de Coahuila (PPE), de la Policía Ministerial del Estado y de la Federación. La alarma sólo careció de un bando solemne que diera a conocer a la ciudadanía dónde, cuándo y cómo.
Llegó la hora de hacer algo. Las pandillas habían llegado a extremos intolerables por lo que en beneficio de todos se tomó la decisión de impedir que sigan adelante con sus malhadadas acciones. Por eso se acudió a Vacatio Legis, -cesar por un tiempo de apegarse a la Ley-, lo importante es poner un alto a la delincuencia que ha trastornado las ciudades convirtiéndolas en tierra de nadie. No importa que los funcionarios públicos, al tomar posesión de su encargo, hayan protestado guardar la Constitución, Artículo 128. Es obvio que no ha sido abrogada la disposición que garantiza el libre tránsito, Artículo 11, ni que el Ejército en tiempos de paz pueda ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, Artículo 129. A pesar de que vivimos en un Estado de Derecho, donde la preeminencia de la Ley está por encima de las veleidades de la vida cotidiana, no debemos aceptar que las gavillas de delincuentes aterroricen a las comunidades, como había venido ocurriendo durante el sexenio pasado. Esa era la disyuntiva que tenía el Gobierno Federal, que refleja una antinomia para la ciudadanía: o dejamos que continúen los narcotraficantes su camino de horror y sangre o, haciendo a un lado los principios que impiden el actuar por encima de la Ley, votamos por que las autoridades hagan lo que tengan que hacer con tal de que se restablezca el orden.
Lo que hay que destacar es que las fuerzas policiacas locales se habían declarado vencidas ante la ola de violencia proveniente del narco o de plano siguiendo las reglas de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) se pasaron con todo y pertrechos a las filas del enemigo, no siempre con buenos resultados. Es comprensible, aunque reprobable, que policías mal adoctrinados, pésimamente armados, con bajos, bajísimos sueldos, la moral por los suelos al aparecer el ?tequiliu? consistente en tener que compartir la clásica ?mordida? al ciudadano con el superior jerárquico, cayeran en las garras de estas complejas bandas criminales. Las autoridades locales han manifestado con desbordante alegría su aprobación al operativo, sin ruborizarse ante su incompetencia para lograr policías eficientes, bien preparados y con armamento acorde a las necesidades de estos tiempos. Hay buenos elementos policiacos en los altos mandos en Coahuila a los que se debe autorizar tanto para combatir el crimen organizado como para perseguir a los traficantes de sustancias nocivas. Hay un procurador de Justicia en Coahuila, honesto, conocedor y con ganas de hacer bien su trabajo. La Policía en la entidad está en las mejores manos que hayan estado nunca desde los tiempos del capitán Raúl Lemuel Burciaga, fríamente sacrificado, en una emboscada, por maleantes prófugos de la justicia.
Llama la atención que la gente en la calle ha bautizado ya estos retenes como los atrapa-tarambanas. En efecto se anuncia a bombo y platillo su ubicación en las goteras de la ciudad. ¿Qué delincuente, que se respete, hará su aparición con la artillería en la cajuela? El primer día aseguraron un rifle de postas y detectaron a varios viciosos. Magra cosecha, aunque lo que cuenta es la intención. Bien, el Ejército levantará sus vituallas y su impedimenta retirándose de la región. Lo que hace que surja una pregunta a boca de jarro, ¿qué pasará cuando ya no estén? Su exhibición ha sido contundente, los laguneros han quedado, sin duda, extasiados. Los elementos de la corporación más respetada en el país estuvo entre nosotros. ¿Y luego, qué? un día sí y ¿los otros días del año? Por momentos se asemejó la actividad citadina a un estado de sitio, estuvimos en medio de la imposición de una Ley marcial, suspendidas las garantías individuales y tan sólo faltó el toque de queda, para cerrar el círculo, una vez declarado el estado de guerra contra los barones de la droga. Estoy exagerando, pero en cierto sentido los únicos que sufrieron las molestias del cerco militar fueron los ciudadanos comunes y corrientes. Los delincuentes se mantienen alejados esperando se vayan las fuerzas castrenses para seguir con sus sucias y repugnantes actividades.
