Una democracia no puede existir si no se controla la televisión. Tal es una de las múltiples reflexiones hechas por Karl Popper, nada menos que uno de los pensadores más reconocidos sobre la sociedad abierta; es decir, alguien de quien no se puede sospechar de ser un promotor del estatismo y del control del libre mercado. De hecho, en no pocas ocasiones los ideólogos del neoliberalismo han abrevado en su pensamiento.
Esta observación la podríamos trasladar a mayores ámbitos de la sociedad: de los medios de comunicación en general, y de la televisión en particular, depende la salud (por la promoción, entre otras cosas, de los alimentos chatarra que están causando obesidad); la educación (la gente recibe más “valores”, “visión del mundo” y “nivel cultural” de la televisión que de la educación formal); y el desarrollo sustentable (la orientación consumista no se atiene a una urgente visión ecológica), y otros más. Desde luego, estamos hablando de la televisión comercial que padecemos en México.
Por ello es importante poner atención al debate sobre las leyes federales de Radio y Televisión (Ley Televisa), y Telecomunicaciones, que como quedó claro no murió con la muy apresurada, y en manada, votación de la madrugada del 31 de marzo del 2006, permaneció con vida latente y ahora resurge con muchos bríos. Esperemos que para señalar algunas dignidades que andan por ahí extraviadas de los órganos de poder del Estado (no de los 47 senadores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad por supuesto), y del uso de los medios de comunicación.
Ya muchos especialistas, analistas y personas en general interesadas en el tema han desmenuzado con detalle los inconvenientes de esta ley, poniendo sobre la mesa los aspectos técnicos, jurídicos, sociales, culturales, políticos y, desde luego, constitucionales. En vista de ello convocaron al debate mucho antes de la promulgación de la ley, y aun después, por lo que el llamado de Santiago Creel al debate con la sociedad está fuera de lugar, porque no se le quiso escuchar en su momento. De manera que ahora la que tiene que resolver es la SCJN y debe hacerlo a favor de la sociedad, no de los intereses privados, de por sí ya privilegiados.
Pero abundemos más sobre Creel, porque su comportamiento es el típico de la clase política mexicana, justificando la conocida desconfianza de la sociedad. El ayer Secretario de gobernación, luego aspirante presidencial y ahora Senador dice que la aprobación de la Ley Televisa se llevó a cabo en un ambiente de “crispación y polarización política”, además de presiones que fueron “producto del entorno político que vivía México y eran la constante, como es natural, en tiempos electorales”.
Para algunos miembros de la clase política, no debe recriminarse a Creel por hacer esta confesión ahora, sino darle un reconocimiento a su “valentía”. Bueno, ante ello uno se pregunta, que hubiera sido lo valiente haber hecho en su momento esta declaración, cuando habría tenido un impacto más favorable a nuestra alicaída democracia, dejando a un lado los intereses personales y de partido, o ahora. Valor no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto en el momento que se debe. Es una cuestión de valor y de ética política.
Lo que el señor Creel quiso decir es que como los poderes fácticos, encarnados en este caso por los dueños de las televisoras, tienen más fuerza que los poderes del Estado democráticamente instituidos, pues había que ceder, más aún porque eran tiempos electorales y sin los machacones spots, insustanciales, en la televisión los políticos no existen. A esta situación tan absurda hemos llegado con la preeminencia de la televisión.
Una constatación y una reflexión sobre la calidad de nuestra democracia son obligadas. La primera es que los políticos le dan prioridad a sus intereses individuales y de grupo, que a las decisiones de Estado que afectan a la estructura misma de la sociedad, y, lo que es peor, agudizan más la debilidad del propio Estado. Algo grave, muy grave.
La reflexión tiene que ver con la naturaleza misma de la democracia representativa en estos tiempos de predominio del dinero. ¿A quién representan los “representantes populares”?, ¿al ciudadano de a pie, o a las grandes corporaciones económicas? En otras palabras, como han comentado varios analistas; se concretó un acto de subordinación que amplió la ya de por sí enorme distancia que existe entre la población y sus representantes populares.
Sin duda alguna este caso nos da mucho material para la reforma del Estado que se está discutiendo, que debe ser en el sentido de fortalecerlo a través, entre otra cosas, de ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones, haciendo efectivos los mecanismos de democracia directa para corregir las deficiencias de la democracia representativa.
Relacionado con ello, se debe reflexionar sobre reiterada propuesta de introducir la reelección de legisladores para con ello, supuestamente, mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo, algo que hay que discutir a fondo. Hay tareas.
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