Las lagunas de Zempoala ya no son lo que eran. La devastación del bosque de la zona –una verdadera fábrica de agua– ha transformado brutalmente el paisaje. Cinco de las siete lagunas ya se han secado y esto no ha sido consecuencia del simple paso del tiempo sino, sobre todo, de la tala ilegal y clandestina.
Desde hace años se sabe lo que allí ocurre y aun cuando ha habido esfuerzos oficiales intermitentes para acotar ese desastre, las autoridades federales así como las de Morelos y el Estado de México no han puesto el empeño necesario. Más dispuestos a defender el bosque se muestran algunos comuneros, algunos funcionarios federales y estatales de rango menor, pero detrás de ellos y a su lado no se han puesto sus respectivos gobiernos.
Los talamontes han hecho de lo que queda del bosque su imperio y de la región un territorio ingobernable.
A la muerte del bosque se suma ahora la de un muchacho, Aldo Zamora, hijo de Ildelfonso, un comunero de la zona que tomó la decisión de impedir el agotamiento del bosque. Obviamente, se presume que el asesinato de Aldo fue la respuesta de los talamontes a Ildelfonso Zamora.
Aldo ya está muerto, la pregunta es si las autoridades federales y estatales dejarán impune el homicidio y si dejarán morir el bosque.
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La deforestación de ese corredor biológico puede parecer un asunto menor. No lo es. No lo es, por múltiples razones.
El desastre que ahí se deja crecer constituye una larga cadena de problemas que, ahora, con el homicidio de Aldo pasa del drama a la tragedia. Ese corredor biológico, 120 mil hectáreas de bosque, alimenta a los acuíferos que aportan agua a tres ciudades: México, Cuernavaca y Toluca. Su solo valor estratégico debería colocar a la zona como un área del interés nacional, por no decir que debería ser considerada como un asunto de seguridad nacional. El agua se perfila como un asunto que, a la postre, dará lugar a enormes problemas.
Está pues esa condición, pero, más allá de ella, cuanto ocurre y cuanto deja de ocurrir en el bosque de las Lagunas de Zempoala constituye una radiografía de cuerpo entero de todos aquellos vicios que vulneran al país en su medio ambiente, en su ambiente social, en su ambiente legal y en su ambiente político.
Ahora que tan de moda está hablar del intento de recuperar las potestades del Estado frente aquellos grupos que le han arrebatado el monopolio de la fuerza y el monopolio de los gravámenes e impuestos y que han hecho de la impunidad, la corrupción y el crimen su medio ambiente natural, los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y Marco Antonio Adame podrían contar, si se interesan y trabajan en este asunto, una historia de éxito.
Empezando, desde luego, por no dejar impune el homicidio de Aldo.
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La lucha de Ildefonso Zamora, el padre de Aldo y a la vez presidente de los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, no es nueva. Data desde 1998.
Desde aquel año, cuando Aldo tendría 12 años, Ildefonso tomó la decisión de no quedarse de brazos cruzados frente al agotamiento del bosque de las Lagunas de Zempoala y Huitzilac. Una región que la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clasifica como una de las 15 regiones críticas donde se lleva a cabo el 60 por ciento de la tala ilegal.
Sabiendo o no el tamaño del problema, Ildefonso Zamora se internó en el bosque de la defensa del bosque y su lucha cobró fuerza en diciembre de 2005. Junto a otros comuneros presentó una denuncia penal, acompañada de videos y fotografías, donde exponía la tala ilegal. Cinco meses después, en abril de 2006, con el respaldo de Greenpeace, los comuneros formularon una demanda popular ante la delegación de la Profepa en el Estado de México y esa vez, su reclamo encontró eco.
La Profepa comenzó a vigilar con mayor constancia la zona, hizo una investigación, detectó tres bandas con 57 integrantes y realizó algunos operativos que arrojaron la detención temporal de algunos talamontes pero, evidentemente, aquello fue insuficiente.
Producto del tesón de los comuneros, los ecologistas y la delegación de la Profepa, a través del Ministerio Público se logró que éste solicitará, en noviembre de 2006, 47 o 57 órdenes de aprehensión contra los talamontes, incluyendo a Feliciano Encarnación, el presunto líder de los talamontes, así como a sus hijos Luis y Alejo que son, supuestamente, los asesinos de Aldo Zamora.
Todo parecía indicar que, esta vez, aquella lucha encontraría justicia. Pero no fue así. El juez federal Gerardo Eduardo García Anzures negó las órdenes de aprehensión porque, en su opinión, no había elementos constitutivos del delito. Pese a videos y fotografías, en opinión del juez faltaban detalles para obsequiar las órdenes.
Hoy, asesinado Aldo, el juez no quiere dar la cara.
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Si bien Aldo no participaba con la intensidad con la que lo hacía su padre en la defensa del bosque, el joven colaboró desde mediados del año pasado hasta hace unos días en la integración del estudio para evaluar el impacto de la tala ilegal en el bosque.
Era un joven de 21 años que, al anochecer del pasado día 15, quizá cobró conciencia del tamaño de la lucha con la que se había comprometido su padre. Al regresar de un velorio junto a su hermano Misael y otros familiares fue interceptado en un paraje solitario entre la comunidad de Santa Lucía y San Juan Atzingo.
Supuestamente, los hijos de Feliciano Encarnación, Luis y Alejo, descargaron sobre Aldo quitándole la vida y dejando herido a Misael.
Aldo está muerto, el bosque está muriendo, el juez Gerardo Eduardo García Anzures no quiere dar la cara, los asesinos están en fuga, varios comuneros están amenazados e Ildefonso, el padre de Aldo, siente que ahora tiene un motivo mayor para defender el bosque. Si ya murió su hijo, al menos el bosque debe salvarse.
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El presidente Felipe Calderón dice que en el rescate del país no hay que dar un solo paso atrás.
Quién sabe qué dice el gobernador Enrique Peña y el gobernador Marco Antonio Adame, el procurador del medio ambiente Ignacio Loyola, el juez Gerardo Eduardo García Anzures y el Consejo de la Judicatura. Y quién sabe qué dicen muchos otros funcionarios que, con la mano en la cintura, le piden a la ciudadanía denunciar el crimen y luego, la dejan sola.
Con el bosque y contra el crimen se han comprometido comuneros, ecologistas y algunas autoridades ambientalistas de rango menor. Todos ellos han hecho su parte.
En el homicidio de Aldo Zamora y en la defensa del bosque de las Lagunas de Zempoala y de Huitzilac la autoridad en sus distintos niveles tiene la oportunidad de mostrar que sus discursos no los pronuncia de dientes para fuera. Que cuando le piden a la ciudadanía cuidar el país y denunciar el crimen, no se desentienden de ella.
Hay un muerto, un bosque moribundo, un compromiso ciudadano, un caso concreto que atender. El punto está en saber si la autoridad, llámese presidente de la República, gobernador, procurador, juez, realmente está o no con la ciudadanía. ¿Qué dicen, están ahí?
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