Es un asunto que huele raro. Un olor que se mete por la fosas nasales hasta llegar al cerebro sin encontrar cómo explicar que en las primeras diligencias se haya comunicado que la septuagenaria Ernestina Ascencio Rosario murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda, según lo informaron los estudios técnico-periciales realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y después, en la exhumación de restos, a solicitud la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al detectar, dicen, diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico- periciales realizados por personal médico de aquella dependencia estatal, la CNDH, en base a segunda necropsia, emitió un comunicado diciendo que se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario, secundario a úlceras gástricas pépticas agudas, en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución sin que, adicionalmente a esas causas, se observaran lesiones de origen traumático al exterior, sugiriendo que la víctima falleció de causas naturales, descartándose haya sido violada al no encontrar vestigios que así lo indiquen.
No es de extrañar que exámenes practicados por dos oficinas se colisionen, pues es de humanos errar. Al dar resultados diferentes la primera y la segunda necropsia, parecería ser que se habla de dos finadas distintas. El dictamen que se emite en un principio dista en mucho del segundo por lo que, en tal caso, hay que pensar que debe haberse elaborado por un grupo de estudiantes que aún no termina el primer año de la carrera de medicina, pues señalan graves lesiones que, de ser ciertas, pudieron ser apreciadas a simple vista aún por un estudiante de medicina, mismas que Derechos Humanos no encontró, tan es así que la conclusión de la CNDH es que se trató de una muerte proveniente de causas naturales. Una distancia de años luz entre las dos versiones. De lo cual pueden inferirse tres escenarios: Primero- que en efecto las lesiones que presentaba la occisa Ernestina Ascencio Rosario hubiesen sido ocasionadas en violación multitudinaria. Segundo- que no se encontraron traumatismos muriendo por graves aquejamientos comunes a personas de edad avanzada. Tercero- que sean ciertas las dos versiones o que no lo sean ninguna de las dos.
De lo que aquí se comenta es de lo sucedido a una mujer indígena, de 73 años de edad, dedicada al pastoreo de ovejas, que vivía en Tetlacingo, pueblo ubicado en la sierra de Zongolica, municipio de Atzompa, Veracruz, que presuntamente fue atacada sexualmente por miembros de un pelotón del Ejercito, acantonado en la zona. La comandancia de la 26 Zona Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala que los violadores no fueron soldados sino delincuentes que cometieron el crimen utilizando prendas militares con el malhadado propósito de inculpar a integrantes del Ejército.
Esta última versión, implícitamente reconoce se cometió un crimen, lo que da lugar a que se caiga en el primero o segundo de los escenarios a que nos referimos arriba. A este respecto obsérvese que curiosamente lo mismo se dijo en el caso de la mujer, una sola, violada tumultuariamente en una cantina de Castaños, población cercana a Monclova, al norte de Coahuila, a raíz de lo cual, en una viril actuación, que hay que reconocerle al gobernador Humberto Moreira, se logró la detención de ocho soldados que están siendo procesados en los tribunales de Coahuila, lo que no quiero decir sean culpables, ya que eso lo decidirá la sentencia de un juez de lo Penal, que supongo se dictará oportunamente.
La coincidencia de atribuir el hecho a delincuentes comunes, buscando exculpar a miembros del Ejército, es lo que podríamos llamar falta de imaginación para inventar un embuste diverso. A continuación, bordeando el absurdo, cayendo en lo grotesco, se varió aquella tesis para asegurar que habían revisado el pene de cada soldado sin que mostraran huellas de que hubieran sostenido relaciones sexuales en días anteriores.
Pero, retrocedamos a la hipótesis planteada como tercer escenario que anota que la mujer pereció de manera natural porque había llegado su hora de morir o en su caso, que su muerte fue el resultado de un abuso sexual. Lo que parece un contrasentido, tiene su razón de ser si se toma en cuenta que el personal médico de la Procuraduría veracruzana, donde sucedió el hecho, hizo una necropsia teniendo el cuerpo de la víctima, recién se había cometido el crimen, postrado en la plancha del Semefo, a quien en vida se llamó Ernestina Ascencio Rosario, en tanto los que la exhumaron y dicen haberle practicado una nueva autopsia, los médicos adscritos a la CNDH, la efectuaron en otro cadáver.
Es lo más lógico, nada me lo quita de la cabeza, dado que si hubo las lesiones a que hicieron referencia los médicos de la dependencia estatal, que difieren de lo que señala la comisión quien asevera murió de gastritis, es obvio que ambos están en lo correcto si caemos en la cuenta que, sin quizá saberlo, se están refiriendo a difuntas distintas. En este caso, lo raro sería pariente de lo poco común, habría que especular que alguno de los interesados cambio a la extinta por otra. Lo es que la CDNH haya considerado conveniente abrir la tumba de la septuagenaria sin más explicación de que la Procuraduría estatal omitió el estudio de algunos de los más importantes órganos anatómicos; a la luz de los acontecimientos, tiene el perfil de una argucia.
¿Cuál es la verdad? ¿Comprobarían la identidad de la víctima? Lo extraño es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya confiabilidad se está poniendo en tela de duda, no se prestaría a participar en una patraña o ¿se debe pensar que involuntariamente cayó en el engaño, al ponerse a su disposición los despojos de una mujer que no era la víctima? Lo único cierto es que dos certificados médicos contradictorios, tan disímiles e inverosímiles por su disparidad, no pueden coexistir en igual espacio y al mismo tiempo. ¿Cuál es la verdad?
