Literalmente el Gobierno de Estados Unidos se sacó la rifa del ?Tigrillo? con la captura el año pasado de Francisco Javier Arellano Félix.
Lo que parecía un proceso legal más de un famoso narcotraficante se convirtió en un vía crucis para la justicia yanqui además de un barril sin fondo para la Corte federal en San Diego, California.
Por si fuera poco la extradición de otros capos de México obligó a las autoridades a incluirlos en el mismo juicio lo que supone que esta región fronteriza será sede del juicio de la década con todas las implicaciones del caso.
Arellano Félix optó por ser defendido por abogados de oficio que en Estados Unidos son de verdad, es decir competentes y bien remunerados, ya que si contrata por su cuenta a sus defensores debe antes demostrar que el dinero procede de fuentes lícitas.
La defensoría de oficio ha sido muy hábil para demandar al juez federal Larry Burns apoyos amplios al grado que actualmente el ?Tigrillo? tiene un equipo de nueve abogados y asistentes, entre ellos el especialista en pena de muerte Larry Hammond. Y lo increíble es que todos son pagados puntualmente con dinero del erario norteamericano.
El caso de Arellano Félix tomó varias vertientes y podría concluir en dos áreas opuestas. La más favorable para el clan Arellano sería que el juez Burns se declare incompetente si se demuestra la versión de que el narcotraficante y sus secuaces fueron capturados a bordo del yate Dock Holiday en aguas mexicanas y no internacionales.
La semana pasada el capitán de la nave Édgar Omar Osorio declaró que viajaban a unas ocho o diez millas de Los Cabos cuando fueron capturados por la guardia costera norteamericana en agosto del año pasado. Pero días después aclaró que no podía recordar bien estos hechos.
Si la defensa evidencia con pruebas que la captura fue ilegal, el juez Burns estaría obligado a liberar a Arellano o a entregarlo a las autoridades de México en una virtual extradición.
Algunos analistas descartan tal posibilidad porque el Gran Jurado que está integrado por juristas de altos vuelos dio por buena la captura de los capos, basados aparentemente en la señal vía satélite que envió un equipo GPS que instalaron los investigadores en el yate.
En el otro extremo tenemos que la fiscalía encabezada por Laura Duffy y Peter Ko solicitó la pena de muerte del ?Tigrillo? ante los graves delitos que se le imputan, entre ellos varios asesinatos ocurridos en San Diego además del tráfico masivo de drogas.
Pero para llevar a la cámara de gases a un narcotraficante mexicano se requiere un proceso por demás sinuoso. Por lo pronto la defensa solicitó la traducción al inglés de unas 90 mil páginas de expedientes que el Gobierno mexicano envió tanto de Arellano Félix como de los otros extraditados.
Los abogados de los capos mexicanos piden más tiempo para escuchar unas 500 mil comunicaciones por radio y teléfono que fueron grabadas secretamente por agentes investigadores entre 1997 y 2003, en donde se supone existen pruebas fehacientes para hundir al ?Tigrillo? y a su lugarteniente Manuel Villarreal Heredia, alias El Nalgón.
Aun si se comprueba la culpabilidad de Arellano y se dicta pena de muerte en su contra, México tendrá que salir en su defensa por principio e implorar una pena menos severa.
De hecho Héctor ?Güero? Palma, José Alberto Márquez, Ismael Higuera y Gilberto Higuera, serán juzgados en San Diego, pero no podrán recibir la pena de muerte por el acuerdo que existe con el Gobierno mexicano por su extradición.
En suma, México se quitó varias papas ardientes al extraditar a los capos del narcotráfico amén de que se ahorrará muchísimo dinero en sus juicios. Y ya veremos si la justicia norteamericana sale bien librada del complejo caso de Francisco Javier Arellano Félix.
Ni más ni menos la rifa del ?Tigrillo?.
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