El Distrito Federal está viviendo un episodio cuyo final resultará aleccionador en cualquier sentido que se produzca.
El consorcio Danhos se propone construir a orillas del Bosque de Chapultepec una torre que será la más alta de América Latina de 70 pisos, con 400 mil metros cuadrados de espacio rentable. La construcción que se anuncia llevará el nombre de Torre del Bicentenario con lo que el Gobierno de la Ciudad se dice contribuir a las celebraciones programadas para el año 2010.
Hasta aquí el proyecto no tendría más importancia que su descomunal dimensión. La torre, sin embargo, ha suscitado una explicable oposición en muchos sectores. En primer lugar, implica la destrucción de un edificio diseñado por Vladimir Kaspé, arquitecto ruso que en los años cuarenta dejó obras emblemáticas como el Liceo Franco Mexicano, el Club Israelita y varios edificios de departamentos.
La construcción, una gasolinera, de histórico valor que será sacrificada ocupa un solar de 3,500 metros, obviamente insuficiente para atender el previsible incremento de densidad urbana. Para sorpresa de todos, el Gobierno capitalino se ha comprometido a afectar 4 mil metros tomados del Bosque de Chapultepec y que se destinarán a los varios pisos de estacionamiento que requiere la magna obra.
El Instituto Nacional de Bellas Artes ya había registrado dicho edificio de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, consecuentemente prohibiendo su afectación. Ahora, a la luz de los hechos, ha reiterado la protección correspondiente.
No sólo se mermará arbitrariamente una vez más, el pulmón verde de la Capital, sino se provocarán congestionamientos viales que a su vez, la administración perredista se embarcará a resolver construyendo pasos a desnivel y otras modificaciones viales en la confluencia, desde hace mucho tiempo conflictiva, del Paseo de la Reforma y Periférico, en el punto de la Fuente de Petróleos, lo que afectará todo el sector de la parte baja de Las Lomas de Chapultepec.
El que la Torre Bicentenario violara el Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente desde 1992 aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto, sin embargo, no mortifica a las autoridades que, haciendo caso omiso a los reclamos ciudadanos, afirma que las disposiciones en vigor se modificarán con toda facilidad, con la aprobación de la mayoría perredista de la Asamblea.
Tampoco parece preocuparle al Gobierno de la ciudad el que Danhos tampoco haya obtenido las indispensables autorizaciones de impacto ambiental y de agua. Este último aspecto es de especial importancia dado el conocido proceso de agotamiento de los acuíferos sobreexplotados de la capital.
La delegada de la Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, jurisdicción donde se ubica el predio, se ha opuesto con firmeza a la construcción de la megatorre que Marcelo Ebrard ha anunciado aún antes de haberse expedido la licencia de construcción. La delegada ha publicado desplegados que detallan cada una de las normas que se estarían violando. No sólo esto, también ha denunciado con valentía el que el proyecto responde a compromisos inconfesables del Gobierno del D.F. con el Grupo financiero extranjero encabezado por el arquitecto Jorge Gamboa de Buen, antiguo compañero de Gabinete de Ebrard en tiempos Manuel Camacho y reciente asesor de Andrés Manuel López Obrador.
Es vergonzoso que el Gobierno de la Ciudad suponga que la forma digna de marcar el Bicentenario de nuestra Independencia no sea la de dejar testimonio con un monumento público apropiado, como en su momento se hizo en 1910 con la Columna de la Independencia, sino mediante una torre de oficinas privadas de gran lujo destinadas, sin duda, a albergar a empresas trasnacionales, que nunca abrirán sus puertas al público en general. Todo ello so pretexto de confirmar el atractivo de la Capital de la República para las inversiones extranjeras.
El asunto de la Torre Bicentenario revela la descarada intención de las autoridades de no sólo no respetar las normas vigentes sino, lo que es aún más alarmante en cualquier régimen democrático obligado a servir a las mayorías, su descarada intención de aprovechar arbitrariamente su posición política atropellando los intereses de la ciudadanía para ajustar la legislación vigente a su mal disfrazada conveniencia.
México D.F., agosto de 2007
juliofelipefaesler@yahoo.com
