La iniciativa de reforma fiscal presentada la semana pasada por el Gobierno del presidente Calderón era ampliamente esperada como señal de que, al fin, nuestros políticos se decidieron a enfrentar los cambios estructurales que demandan los tiempos actuales. Aunque la reforma propuesta contiene algunos elementos positivos, no aborda frontalmente los problemas más relevantes de nuestro sistema fiscal, por lo que estamos, al parecer, ante una nueva etapa de reformas mediatizadas que ayudan poco a mejorar nuestro desempeño económico.
Las reformas estructurales en México registran desde 1995 un estancamiento costoso para la sociedad, especialmente para los segmentos menos favorecidos, para la competitividad de las empresas y para toda la economía. Esta parálisis comenzó cuando las primeras acciones de la administración del Presidente Zedillo tuvieron que orientarse a atender la crisis económica de 1995, y para cuando quiso hacer algo se topó con la novedad de que en 1997 cambió la composición del Congreso y su partido perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Con ello desapareció la posibilidad de que el Ejecutivo contara con la aprobación automática de sus iniciativas por parte del Legislativo. Esto explica, entre otros resultados, que sus propuestas de reforma energética y financiera sólo avanzaran hasta el nivel de comisiones.
Una situación similar ocurrió durante la administración del Presidente Fox, cuando su partido no obtuvo mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y su iniciativa de reforma hacendaria fue bloqueada rotundamente en 2001 por los legisladores de los partidos de oposición. La autoridad presidencial fue, además, debilitada severamente por el propio primer mandatario, quien en múltiples ocasiones dio muestras de un liderazgo tímido, como en los casos de Atenco en 2002 y del desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2005.
Sin embargo, con una actitud pragmática que requirió diversas concesiones y la cabeza del entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en octubre de 2005 fue aprobada la que se denominó reforma al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS. Esta fue parcial y no resolvió el problema del pago de pensiones en ese organismo, pero logró desactivar temporalmente su crisis y dejarle el paquete a otras administraciones futuras.
El presente sexenio, al parecer, va también por la vía pragmática. La nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada a fines de marzo del presente año, con la que se pretendió resolver el problema de la falta de recursos para atender las pensiones de los burócratas, resultó en una mezcla de mayores beneficios para ellos y medidas tibias como el aumento a cuentagotas en la edad de jubilación.
El pragmatismo de estas concesiones con respecto a los elementos esenciales de una verdadera reforma fue adoptado, seguramente, para lograr su aprobación por parte de las fuerzas políticas opositoras en el Congreso y tratar de minimizar la reacción negativa de los propios trabajadores asegurados por el ISSSTE. El primer objetivo se logró porque la ley modificada obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Pero el cumplimiento del segundo objetivo está por verse, ya que las reacciones en contra de la ley han sido amplias tanto en el frente legal, con los amparos, como en las calles con marchas y plantones.
La iniciativa de reforma a la hacienda pública que se presentó la semana pasada comparte, en varios aspectos, la estrategia utilizada para modificar los regímenes de pensiones de los trabajadores del IMSS y de los asegurados por el ISSSTE y es probable que corra con la misma suerte. Es decir, al hacer la concesión de no incluir la aplicación del Impuesto al Valor Agregado para alimentos y medicinas ni eliminar los tratos preferentes, busca ser “políticamente aceptable” para que sea aprobada sin mayores reservas por los congresistas del partido oficial y por varios de oposición.
Por otro lado, el ataque por la retaguardia a los regímenes especiales del Impuesto sobre la Renta y a los problemas de elusión y evasión fiscal, con la abrogación del Impuesto al Activo y la introducción de la nueva Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), no corregirá efectivamente las distorsiones graves que presenta nuestro sistema tributario. Además, en vez de simplificar, complica más el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Se trata, en esencia, de un intento más de curar al paciente que necesita cirugía de corazón abierto con paliativos de medicina alternativa.
Está por verse la efectividad de la medida para controlar a los que no pagan, pero si estos han logrado sacarle la vuelta al ISR y al Impuesto al Activo, es muy probable que hagan lo mismo con el CETU, que a la postre será esencialmente un nuevo dolor de cabeza para los contribuyentes cumplidos, que ahora tienen que realizar un doble cálculo, uno del Impuesto sobre la Renta actual y otro del CETU para determinar el pago respectivo. Por otro lado, si el CETU no registra modificaciones, será además un impuesto confiscatorio del patrimonio de los individuos al gravar la venta de su casa habitación.
Considero, por tanto, que el enfoque “pragmático” de este gobierno, que desde su inicio se conforma con lo “políticamente posible,” resultará contraproducente en dos sentidos. Primero, porque deja a un lado la instrumentación de las verdaderas reformas que requiere el país y, segundo, porque las medidas adoptadas no solucionan las deficiencias fundamentales de nuestro sistema tributario, lo que dará pie para que en el futuro aumente el escepticismo ante cualquier nuevo intento de reforma. Mientras tanto, el tiempo avanza y otros países también.
