TLAHUALILO, DGO.- Integrantes del ejido La Sierrita, perteneciente a este municipio, dan un ultimátum a la empresa alemana Excellon para la renegociación de las tierras donde se localizan las minas que explotan y adelantan que tomarán otras medidas.
Martín Pacheco Maciel, presidente del Comisariado Ejidal, informa que desde el pasado mes de septiembre, la empresa no ha definido quién será el interlocutor y en su última respuesta a la petición de una reunión por parte del ejido, se negó a participar sin precisar cuándo podría darse el diálogo.
Desde 2004, dice el representante de los más de 100 ejidatarios de La Sierrita, la empresa estableció un contrato de arrendamiento de 27 hectáreas donde se localizan las minas en las cuales explotan plata y otros metales.
“Los acuerdos no fueron justos para el ejido, tomando en cuenta los ingresos que obtiene la empresa y a los cuales los integrantes del ejido cedieron por medio de presiones de los abogados de la Excellon de México”, dice Pacheco Maciel.
A principios de este año, señala, la Minera Excellon ofreció al ejido una propuesta para ampliar las hectáreas en renta y como contrapropuesta los integrantes acordaron en asamblea pedir el pago de 25 mil pesos por hectárea en efectivo más 25 mil pesos en renta por hectárea para proyectos productivos o gastos públicos para el mejoramiento del ejido, pero los abogados de la empresa se negaron.
“La empresa propuso el pago de sólo 25 mil pesos por hectárea y amenazaron con la posibilidad de expropiar las tierras”, a decir del dirigente de los ejidatarios, motivo por el cual manifiestan su inconformidad.
Los ejidatarios, añade, tienen la intención de entrar en un proceso de negociación que les permita obtener un pago más justo por la renta de sus tierras, para revertir en lo posible el grado de marginalidad en el cual se encuentra el ejido y que la empresa se comprometa a desarrollar proyectos que los ayuden a tener un desarrollo social sustentable y digno para las familias.
Es imperante, dice, que la empresa cumpla con la normatividad nacional y los estándares de protección de los derechos humanos, ante el panorama de pobreza y desprotección en la que se encuentran los campesinos ejidatarios y sus familias.
