Los interesados en asuntos legales se preguntan qué es lo que la Corte considera un asunto grave. ¡Cuándo es grave y cuándo no? Ahí esta el quid del asunto. La Corte resolvió que no estaba en posibilidad de atender el vergonzoso asunto en que participó el gobernador de Puebla por que de las pruebas que fueron consideradas no se desprendía que hubiera la gravedad a que se refiere el Artículo 97 de la Constitución. Tampoco los ministros se tomaron la molestia, de sentar las bases para estimar que las violaciones fueron o no graves. Se concretó a establecer, que los hechos no constituían una grave violación y ya. Esto me trae a colación mis tiempos de estudiante cuando uno de los maestros sostenía, no sin cierto tono mordaz, que los ministros de la Corte tenían semejanza con el ascensor que daba servicio al Presidente, desde los tiempos en que ahí despachaba Porfirio Díaz, pues eran viejos, lentos, y de escasa capacidad. No sé, lo confieso, si persiste la analogía después de que ha transcurrido un poco más de medio siglo.
Pero, veamos lo que le sucedió a Lydia Cacho Riveiro. Fue privada de su libertad en Cancún y conducida en auto, durante un trayecto que duró 20 horas, custodiada por dos mal encarados policías judiciales poblanos que la amenazaban con una pistola, manifestando que además de maltrato sufrió tortura psicológica. Cabe advertir la coincidencia de este relato con lo que dijo al teléfono el gobernador, en su conversación con su amigo Kamel Nacif, “ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”. Es un lenguaje impropio de un servidor público, que se reproduce literalmente por que revela la conspiración de ambos para amedrentar a la periodista. ¿No es grave que un mandatario estatal se atribuya funciones que corresponden al Ministerio Público? Me dirán que esta prueba fue desechada por la Corte considerando que había sido obtenida de manera ilegal. Los ciudadanos, para juzgar los hechos, no tenemos esa restricción, lo importante es que la prueba existe, se escuchó y se leyó a través de los medios. Podemos decir que los mexicanos están indignados de que en este país alguien pueda hacer y deshacer cuando ocupa una posición pública, sin que sea castigada su conducta.
Eso es lo que molesta a la sociedad, que está harta de los tranzas que hacen los gobernantes para ponerse a salvo de la justicia. Nada fuera de la ley, nada por encima de la ley, dicen muy orondos, y a las primeras de cambio todo se tuerce para favorecer sus muy particulares intereses. Ése es el mal que aqueja a este país, una justicia que se tuerce y se retuerce como una liga que se estira hasta que no dé más. Los que gozan de poder en México saben que un régimen especial los protege separándolos del común de los ciudadanos. Por eso se repiten estos abusos. Los gobernantes saben que chueco o derecho es suficiente con que las instancias judiciales los absuelvan para que no haya poder humano que los pueda tocar. Los días pasan y otros asuntos ocupan las primeras planas de los periódicos y al transcurso del tiempo la gente, en una necesaria terapia social, se olvida de lo sucedido. En eso depositan su confianza, en que el polvo del tiempo entierre sus fechorías.
Los que no quieren enterarse es de que poco a poco se va acumulando un sordo rencor social. Esta vez se tiene la certeza de que hubo uso de componendas en las que altos personajes de la política se involucraron en arreglos que le pondrían los pelos de punta a cualquiera que se llegara a enterar de sus entresijos. Se habla de uno de los partidos que protege al gobernador por que les interesa preservar sus cotos de poder, cuando en realidad se trata de personas que tuvieron una participación protagónica en los repugnantes hechos de pederastia. Es evidente que varios ministros votaron convencidos de que estaban haciendo algo que choca contra la imparcialidad que debe prevalecer en ese cuerpo colegiado; el enviar a una ministra a explicar lo inexplicable es prueba de ello. Lo peor de todo es que la Corte es el último bastión que le da credibilidad a los actos de un Gobierno. Si se sospecha que hubo un mal manejo de lo que debe ser justo, se avecinan malos días. No ha mucho, hubo la necesidad de someter a los encargados de los procesos eleccionarios, IFE, aplicándoles la pena capital, que para un político es el quedar fuera de la nómina. Sería conveniente que alguien aconsejara a los señores ministros (6) que, por aquello de las malditas dudas, vayan echando sus barbas a remojar.
