Evidencia un informe de la ONU el hecho de que muchos desmovilizados han conformado grupos delincuenciales.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron señaladas como responsables de más de 60 por ciento de las masacres registradas en el país en 2006, indicó el informe anual de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe anual que la oficina de derechos humanos de la ONU expide para Colombia se hizo público ayer, apoyando ciertas iniciativas gubernamentales e institucionales y evidenciando las carencias.
“El conflicto armado interpela la gobernabilidad y el goce de los derechos y tiene que ver con la mayoría de las infracciones”, explicó Juan Pablo Corlazzoli, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, al presentar el informe.
Por este motivo la primera y principal petición de la ONU al Gobierno de Álvaro Uribe es “avanzar en diálogos y negociaciones que permitan superar el conflicto”.
A pesar de reflejar las graves violaciones a los derechos humanos, de responsabilidad estatal, éste ha sido el primer informe en muchos años que reconoce esfuerzos considerables tanto al actual Gobierno como a las instituciones colombianas.
Según la ONU, la Defensoría del Pueblo registró un incremento en las quejas sobre violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública con tres elementos preocupantes en común: la presentación de víctimas civiles como muertos en combate, la alteración de escenas del crimen y la investigación de los hechos por la justicia penal militar.
Pero como en este informe, a diferencia de los anteriores, la ONU ha dado “una de cal y otra de arena”, también reconoce que el Gobierno ha mantenido una actitud más abierta, permitiendo que la ONU verificara las capacitaciones en derechos humanos de la Fuerza Pública y acatando sus recomendaciones. También destaca el hecho de que el Gobierno haya anunciado “una reforma sustancial del sistema de justicia penal militar”.
Con respecto a los paramilitares y el proceso de paz, el organismo internacional evidenció el hecho de que muchos desmovilizados hayan conformado nuevos grupos delincuenciales y la necesidad de mayor protección y participación de las víctimas en los procesos judiciales, dado que durante 2006 varios representantes de dicho colectivo fueron asesinados.
LIBRAN SEÑALAMIENTOS
Los mejor beneficiados del informe fueron la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, pues la ONU reconoció su empeño a la hora de revelar y juzgar los nexos entre congresistas y poderes locales y los grupos paramilitares, confiando en que su labor continúe.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no salieron bien libradas este año pues la segunda petición más significativa que hizo la ONU fue “la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas tomadas como rehenes”.
Además, evidenció que el grupo armado “continúa incumpliendo su obligación de conceder el trato prescrito por el derecho internacional humanitario para las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto, como los militares y policías”.
Por primera vez en muchos años a las FARC se les atribuye el 60 por ciento de las masacres cometidas en 2006 por encima de los paramilitares, responsables junto a la fuerza pública del resto. Los otros crímenes atribuidos a las FARC son ya de sobra conocidos: violencia sexual, actos de terrorismo, reclutamiento de menores, utilización de minas antipersonales, desplazamientos y ataques a misiones médicas y humanitarias.
La decisión de la ONU de cambiar hace siete meses a su Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, Michael Früling, por el actual Juan Pablo Corlazzoli, ha dado sus frutos en materia de cooperación entre el Gobierno colombiano y la organización internacional, superando poco a poco sus serias diferencias.
