A lo que se reduce el problema que resulta de querer cancelar la pensión que reciben los ex presidentes de la República, una vez que terminan su mandato, en iniciativa planteada por el PRD, por conducto del senador Pablo Gómez, es que de acuerdo con el Artículo 14 de la Constitución, a ninguna Ley se le dará efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. En contrario, la disposición en que se funda el Gobierno para entregarla consta en un decreto expedido por el Ejecutivo Federal, en el año en que Miguel de la Madrid ocupaba el cargo, teniendo la intención de regular la práctica de hacerlo en que quedaba a criterio del mandatario en turno el monto de la prestación. Luego, se aduce que la resolución que adopte el legislativo al respecto no podrá afectar los derechos adquiridos de los actuales ex presidentes Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari o del que acaba de dejar la presidencia apenas unos meses detrás Vicente Fox Quesada y del propio Miguel de la Madrid Hurtado pues se estaría aplicando una disposición que, en dado caso, debería abarcar resultados hacia el futuro a partir de su aprobación. Esto significa que no es legal que produzca consecuencias hacia el pasado dada la prohibición constitucional mencionada.
Los que sostienen que no se da la retroactividad, en el caso de que la Cámara de Senadores decidiera cancelar el beneficio, alegan que el acuerdo presidencial no tiene el carácter general atribuido únicamente a las leyes que son obra de un órgano legislativo, es decir, la Ley es resultado de la voluntad mayoritaria de las cámaras legislativas, encaminada al bien colectivo, no como sucede en un decreto al provecho exclusivo de una persona o de un grupo determinado de personas. En efecto los caracteres que los tratadistas atribuyen a la Ley son la generalidad, la obligatoriedad y la irretroactividad, principios que no se encuentran en la elaboración de los decretos. Dicho en otras palabras, el decreto fue expedido por el presidente de la Madrid para regular una prestación que no estaba prevista en ningún ordenamiento, eso en el caso específico, en tanto que la Ley es una norma encaminada al bien colectivo. Si estamos acordes después de lo señalado es indudable que en este asunto no estamos frente a una Ley formalmente hablando, en el caso de las pensiones a los ex presidentes, por lo que se puede afirmar que si se dictamina su cancelación es obvio que no se está dentro de la hipótesis prevista en el mencionado precepto constitucional.
Alguien decía que la Suprema Corte en ejecutorias al respecto de si es posible asimilar a la Ley, a que se refiere la disposición constitucional, los decretos del Ejecutivo, había resuelto a favor, no de equiparar ambas figuras, si no de considerar en un caso y en otro, no cabe que se aplique la retroactividad. No tengo noticia que eso haya sucedido. He de pensar que los decretos pueden ser modificados o nulificados siempre que haya una base legal para hacerlo. No hay que olvidar que la determinación tiene sus método que son eminentemente administrativos, en los que el Poder Legislativo nada puede hacer, ¿Cuál es el procedimiento para anular un acto administrativo? es lo que deberían preguntarse los legisladores. La realidad es que me parece asaz deficiente la ponencia por cuanto pretende destruir una decisión del presidente que elaboró conforme a sus exclusivas facultades.
El asunto da toda la impresión de que se trata de una revancha en que el PRD parece pagar con la misma moneda aquello del proceso fallido en el asunto del predio El Encino, aunque se lleven entre las patas a los restantes ex presidentes. Véase que no mencionamos entre ellos al antepenúltimo presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien de manera desenfadada rechazó la pensión y todo lo que conlleva, gastos médicos, guardaespaldas, transportes y la suma millonaria en efectivo que le correspondía para su manutención. Agregue usted pasaporte diplomático para viajar por el mundo. Les puso el ejemplo a los demás con su falta de ambición considerando que con los ahorros que hizo cuando cobraba como presidente, además de lo que obtiene trabajando, tiene para llevar una vida regalada. Los presidentes que dejaron de serlo, manejaron los dineros a su alcance con absoluta discreción, aun Fox, dispusieron de cantidades millonarias sin tener que rendir cuenta de cómo se gastaron por lo que podría pensarse que es un exceso de codicia el recibir además una renta vitalicia proporcionada por el Gobierno proveniente de las arcas públicas. El que los senadores del PAN y del PRI hayan decidido unirse a la propuesta del perredista deja la impresión de que detrás se haya el hombre de Los Pinos en una más de las acalambradas que se estilan en política. En fin, que suprimir la pensión a quien sale del Gobierno con una posición económicamente desahogada, no es necesario exprimirse el cerebro para concluir que les dolerá tanto o más que la pensión, la mala leche de la medida.
