Mientras en México el ex presidente Luis Echeverría triunfa contra la justicia y consigue evadir sus responsabilidades como secretario de Gobernación y como presidente de la República, cuando sus acciones y omisiones causaron miles de muertes en Tlatelolco en 1968, en la Tlaxpana tres años más tarde; en Guerrero y otros estados durante la Guerra Sucia, en Argentina se ha iniciado proceso contra el ex presidente Fernando de la Rúa por el homicidio culposo de cinco manifestantes caídos en la represión de diciembre de 2001 que culminó con la huida y renuncia del propio Ejecutivo.
Mientras en México el ex presidente Vicente Fox disfruta de riqueza malhabida o de origen incierto, que probablemente no es el de su trabajo y de cuya posesión de ufana, el propio De la Rúa ha visto embargados sus bienes, que ascienden a más de seis millones de dólares, como garantía de que estará presente en el juicio que comienza, corolario de una breve vida pública que lo presentó, al modo en que ocurrió con Fox, como símbolo de recuperación de la honestidad en la política, esperanza que se diluyó, al igual que la suscitada por Fox, aquí a causa de la frivolidad y la corrupción.
Mientras en México es necesario que se reedite el Frente nacional contra la represión, surgido inicialmente en 1979 por el esfuerzo de doña Rosario Ibarra, suprema gestora de libertades en general y la de personas en particular a través de sus comités contra la desaparición forzada, en Argentina las Abuelas de la Plaza de Mayo cumplen treinta años de búsqueda de niños nacidos en cautiverio, robados a sus madres y regalados a jefes de la represión militar de 1976 a 1983. De quinientos pequeños en esa circunstancia, las Abuelas han podido identificar y recuperar a 88.
Esas noticias argentinas, que provocan una si se quiere pueril nostalgia por sus diferencias con lo que sucede en México, son parte del entorno público que precede a la singular elección del próximo domingo, en que acaso la senadora Cristina Fernández sea elegida presidenta de la República conforme a normas constitucionales que ella, como parlamentaria, contribuyó a reformar en 1994. Para ser ungida en la primera vuelta, necesita la conjunción de dos requisitos: obtener más del cuarenta por ciento de los votos y superar con veinte por ciento la votación de quien le siga. Las encuestas anuncian que la doble condición puede consumarse. De no ser así, se prevé su victoria en la segunda vuelta. Algo que parece inevitable, así, es que reemplace en la Casa Rosada a su propio marido.
Esa sucesión parece chocante, sobre todo cuando se ignoran las circunstancias en que se producirá y se las identifica con las que quiso fabricar Marta Sahagún en su provecho. Se llega al extremo de suponer incongruencia en quienes objetaron la aspiración de la mexicana y entienden y aun aplauden el propósito de la argentina. Es tan obvia la diferencia que ni siquiera es necesario explicarla: la señora Fox pretendía llegar sin antecedentes ni méritos a una Presidencia que supuso alcanzable sólo por el hecho de que contrajo matrimonio con Fox ya instalada en Los Pinos. El trayecto de la senadora Fernández, en cambio, no surge de su relación nupcial, sino de su propio empuje, paralelo al de su marido.
Militante peronista cuando era estudiante de Derecho, Cristina Fernández ha mantenido sus convicciones: “Las políticas de privatización de los bienes nacionales, de flexibilización laboral, de drásticos recortes de presupuesto en sectores clave, como la educación y la salud; la convertibilidad, entre otras medidas”, promovieron su protesta desde que ingresó en la política electoral en 1989, cuando fue elegida diputada provincial (local) en Santa Cruz. (Sandra Lorenzano, La Jornada, 2 de agosto). Casada con Néstor Kirchner en 1975, al año siguiente, a raíz del golpe militar se mudaron a la provincia sureña donde él había nacido, donde durante diez años se dedicaron al ejercicio privado de su profesión de abogados, en que se hicieron de una fortuna que ha sido objeto de cuestionamiento y aun de reproches. Él fue elegido alcalde de Río Gallegos en 1987 y ella diputada provincial dos años después y reelegida en 1993. Mientras él llegó a gobernador en 1991, ella realizó una carrera parlamentaria: en 94 representó a la provincia de su adopción en la Convención nacional constituyente. Fue senadora por primera vez en 1995 y diputada nacional (federal). Fue elegida de nuevo senadora, ahora en su provincia natal, Buenos Aires, en 2005.
De concretarse el domingo los términos previstos, la elección de la senadora Fernández contrastará con la de su esposo, que el 25 de mayo de 2003 apenas alcanzó 22 por ciento de los votos. Hubiera debido medirse de nuevo, en una segunda vuelta, con el ex presidente Carlos Saúl Menem (al que como gobernador había sido contrario, pese a su común pertenencia al partido Justicialista), que había quedado en primer lugar con sólo 24.3 por ciento de los votos, pero la cobardía electoral del corrupto ex mandatario lo hizo abandonar la contienda y Kirchner llegó a la Presidencia en fragilísima posición.
La senadora Fernández continuó su activa vida parlamentaria (en que presidió varias comisiones legislativas y presentó no pocos proyectos de ley) sin perjuicio de su papel como esposa del presidente. Al lanzar su candidatura refrendó el programa cuyo ejercicio multiplicó por cuatro el asentimiento a Kirchner, pues atiende a necesidades económicas y políticas de la mayoría.
