La legislación electoral vigente en la actualidad en el Estado de Coahuila, es producto de un proceso realizado durante los primeros tres años del Gobierno de Enrique Martínez y Martínez y ha tenido dos oportunidades de ensayo: en las elecciones para elegir diputados al Congreso local y Ayuntamientos en el año 2002 y en las que en el año 2005 renovaron estas mismas instituciones además de la gubernatura del Estado.
A la caída del régimen priista a nivel nacional, el sistema de partido de Estado que erige al titular del Poder Ejecutivo en jefe de Gobierno y del partido en el poder, que hace nugatorio el sistema de división de poderes sometiendo tanto al Congreso como al Poder Judicial, se refugio en los estados de la República que conservan gobiernos priistas que de esta suerte devienen arcaicos.
El fenómeno remanente en el Estado de Coahuila y los demás que se encuentran en esa situación, recrean los vicios del viejo sistema corregidos y aumentados, lo que se refleja de manera muy especial, en las legislaciones electorales que semejante a lo que antaño ocurría a nivel federal, tienden a reforzar el autoritarismo, consolidan el binomio Partido-Estado bajo el mando del gobernador en turno y consagran privilegios a favor del grupo en el poder en detrimento de la Oposición, impidiendo la alternancia.
La legislación vigente en Coahuila responde a tales y criterios y a ello obedece que lejos de ser una legislación de vanguardia como en su momento publicitó el Gobierno de Martínez y Martínez, implica un lamentable paso hacia atrás que impide el desarrollo democrático y que genera una verdadera camisa de fuerza para las aspiraciones ciudadanas de participación y para el cambio.
A ello obedece que en las últimas elecciones locales, en las que por primera vez se puso a prueba el sistema en la renovación del Poder Ejecutivo, haya aflorado una multitud de inconvenientes que fue reconocida por el propio Gobierno, por los partidos y de manera específica por el actual presidente del Instituto Estatal Electoral.
Entre los principales problemas se cuenta la regulación que impide a todo ciudadano siquiera expresar su deseo de aspirar a cualquier puesto de elección popular fuera de los tiempos de campaña, so pena de descalificación. Este criterio restrictivo que contiene el Artículo 107 de la Ley Electoral de Coahuila, hace de la política coto exclusivo de los burócratas profesionales ancestrales enquistados como grupo en el poder, que son los que acaparan y controlan es su provecho las luces de escenario.
El criterio referido es causa de que todo aquel que aspire a un puesto de elección por fuera del férreo control referido, se vea obligado a incurrir en la simulación y la mentira, al hacer presencia en la comunidad obligado a negar sus aspiraciones que de esta suerte de legítimas se convierten en contrarias a la Ley, cerrando toda posibilidad al análisis y al debate como elementos básicos formativos del criterio ciudadano que resulta indispensable para conocer a los candidatos como tales y conocer sus propuestas libres de ocultamiento y disimulo, como condiciones para que el sufragio sea emitido de manera conciente, libre y razonada.
Otro grave defecto de la actual legislación, sostiene el absurdo criterio que determina límites diferenciados en el gasto electoral a partir de los resultados electorales previos, lo que concede una ventaja inicua a favor del partido en el poder que se mantiene en nuestra legislación, a despecho de haber sido declarada inconstitucional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
La mordaza que existe para la práctica y divulgación de encuestas, la camisa de fuerza que en agravio de la sociedad civil limita hasta el extremo de su desaparición al sistema de observadores electorales, el control que se concede al gobernador en turno sobre los consejeros electorales y muchos otros etcéteras, son meros botones de muestra de la falta de equidad y espacios de participación ciudadana que genera nuestra actual legislación que como tal nació muerta.
El Gobierno de Humberto Moreira Valdés, ha convocado a una reforma de la reforma electoral en Coahuila en base a una serie de foros ciudadanos de consulta que resultaron desairados, como consecuencia de lo ocurrido el sexenio pasado y la falta de confianza en el régimen actual.
Con el control del Congreso y una capacidad de mayoriteo a toda prueba a partir de la sumisión incondicional de la bancada priista, el Gobierno de Moreira avanza en solitario a una nueva reforma electoral que deja intocados los temas referidos con antelación y que lejos corregir los defectos que presenta nuestra legislación actual, amenaza con agravarlos a partir de sugerencias que implica la generación de más burocracia, más privilegios para el partido en el poder, mayor ingerencia intrusa sobre los partidos de Oposición y más trabas para la participación ciudadana.
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