Un anhelo de los que alguna vez nos dedicamos al litigio como abogados postulantes fue el de que Torreón contara con una Corte de Justicia que decidiera, en última instancia, tanto las controversias entre particulares como los asuntos en materia penal. En la actualidad tenemos una Sala Unitaria que se encarga de conocer de esos trámites de inconformidad de los justiciables pero de manera tal que los expedientes se remiten a las salas colegiadas del Tribunal Superior de Justicia donde culmina el procedimiento sin que se cumpla la exigencia legal de una inmediatez de los interesados que tienen que trasladarse a la capital del estado a hacer las gestiones procesales que en derecho correspondan o en su caso hacer un gasto doble en cuanto al costo de asesoramiento con la intervención de dos bufetes jurídicos, uno de aquí y otro de allá. Doble gasto y pérdida de tiempo. Se ha encontrado la fórmula para corregir ese desajuste procesal mediante la creación de una Sala Regional en La Laguna que en principio contaría con tres magistrados encargados de resolver sin más dilación, como no ocurre ahora, los asuntos controvertidos por las partes. Eso traería el beneficio de descargar el trabajo que en la actualidad produce la saturación en las dos salas que despachan en Saltillo, la civil y la penal, que en segunda instancia conocen de los recursos de apelación contra sentencias dictadas en una primera instancia.
De ahí que se haya recibido con agrado la propuesta del Ejecutivo Estatal para descentralizar el servicio de Justicia. Es quizá junto son la inseguridad y el desempleo uno de los problemas a que se enfrentan los gobernadores, en mayor o menor medida, la de llevar los tribunales a los lugares donde sean más necesarios. La confianza en un Tribunal integrado por abogados del lugar es básica, afianzándose la confianza de la comunidad en sus instituciones gubernamentales. Los abogados que residen en la Comarca Lagunera, con contadas excepciones, son profesionistas destacados de reconocida capacidad cuyo desempeño le daría lustre a la función pública. Esto le atraería la confianza al desempeño de tan delicada función. Hasta se ha acuñado la frase de que justicia retardada es justicia negada. Se ha dicho en diversas épocas que el pueblo tiene hambre y sed de justicia. No es sólo una frase afortunada, es una realidad lacerante que surge desde que México estaba sometido a las Leyes de Indias durante el tiempo de la Colonia. En la Independencia de manera balbuceante se aplicaron disposiciones que surgieron primero en la constitución de Apatzingan en 1814, a continuación la de 1824, después la 1836, de vocación abiertamente centralista, así como las bases orgánicas de 1843, luego vendría la de 1847, a continuación 1857 y por fin la vigente de 1917. Lo que aquí señalo muy sucintamente por ser un tema que si bien no es ajeno no es el meollo del asunto. Esto viene a cuento por que, en los últimos tiempos, Coahuila se ha distinguido por adoptar legislaciones vanguardistas, que le han dado honra y prez a nuestra entidad.
Un Gobierno que se preocupa por entregarle a las comunidades del interior del estado los instrumentos necesarios para su desarrollo integral, es un Gobierno al que le preocupa cuáles son los problemas que aquejan a los diferentes polos donde los problemas a resolver pueden dar lugar a que, en el ánimo de desatar los nudos que pueden provocar la afluencia de asuntos judiciales, la autoridad se adelante a que hagan crisis. Ése es el sentido que debemos atribuir a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Una atención que no requiere gran cosa, es suficiente una buena voluntad y la cooperación de los diputados locales. Lo más importante es que ha sido detectada por la oficina de Gobierno como una necesidad que requiere ser atacada ahora. De ahí la iniciativa que partió de un Gobierno que está al tanto de lo que en su régimen resulta prioritario, el hacer adecuaciones a la impartición de justicia para que llegue al pueblo de manera directa, con el número de funcionarios requeridos.
Lo hemos dicho en su oportunidad, al abordar asuntos que han puesto a prueba la solidez del sistema de justicia en Coahuila, uno es el caso de Pasta de Conchos en que se actuó con absoluta imparcialidad y la otra, para señalar tan sólo dos casos significativos, la sujeción a los tribunales de miembros de una corporación a los que se sigue un proceso penal por presuntamente haber participado en una violación multitudinaria. En ambos casos se hizo prevalecer el imperio de la Ley. La creación de una sala regional en Torreón será la joya de la corona, no me cabe la menor duda. Es un esfuerzo que vale la pena, tanto o más que la construcción de una obra pública, sin menosprecio de este quehacer. Los años no han transcurrido en balde, desde los tiempos en que se crearon en el Distrito Judicial de Viesca los primeros juzgados locales hasta la erección de un moderno Palacio de Justicia, que alberga juzgados y una sala unitaria, a cargo del abogado Jesús G. Sotomayor Garza. Al celebrar Torreón los cien años en que se elevó al rango de ciudad, nada podría constituir un mejor homenaje al esfuerzo que han realizado varias generaciones de laguneros.
