Avalan diputados el PAN investigación.
EL UNIVERSAL
México, DF.- La comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ya tiene las bases jurídicas sobre las cuales podría actuar contra el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El diputado federal del PRD, Antonio Ortega, presidente de la comisión de Vigilancia, informó que según la información dada a conocer en días pasados, se viola el Código Penal Federal, en el artículo 220, en el rubro de Ejercicio abusivo de funciones, que señala que comete delito el funcionario que indebidamente otorgue contratos o franquicias.
Además podría haber violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su Artículo 8, fracción XI, que señala que incurre en falta quien no se excuse de intervenir en la atención de asuntos en que tengan participación familiares; así como faltas a la Ley Aduanera, en su artículo 159, fracción sexta.
Ortega informó que el miércoles de la próxima semana, se citará a la primera reunión de la Mesa Directiva de la comisión de Vigilancia y en el orden del día se dará tratamiento a la denuncia contra Gil Díaz.
Entre los escenarios no descartó interponer una denuncia contra el ex funcionario y contra quien resulte responsable por las irregularidades dadas a conocer.
Explicó que en primer término se solicitará a la Contraloría interna de la secretaría de Hacienda, encabezada por Agustín Carstens, que se suspendan de inmediato las patentes, agencias de aduanas, permisos y facultades, de los denunciados como familiares de Gil Díaz.
?Hay elementos legales en la Ley de responsabilidades en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidades para ello?, dijo.
Desde su punto de vista, sería lamentable que el actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ?esconda la cabeza como el avestruz? y no actúe contra su antecesor.
Por su parte, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados avaló las investigaciones en contra del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El ex funcionario ha sido señalado por el beneficio a familiares durante su gestión, la opacidad en ISOSA ?órgano que opera las aduanas- y su reciente nombramiento como consejero de HSBC.
Manuel Minjares, coordinador del grupo económico del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que su bancada no mete las manos al fuego por nadie y se dijo de acuerdo en investigar y aplicar la Ley si hay elementos.
En cuanto a la presunta red de familiares que se vieron beneficiados en la Administración del presidente Vicente Fox, el legislador se dijo de acuerdo en investigar a fondo como en cualquier otro caso.
El legislador aceptó que hasta ayer no había platicado del tema con el presidente Felipe Calderón.
No habrá carpetazo en el caso Gil Díaz
En la investigación que se sigue contra el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, no habrá ?ni carpetazo ni linchamiento?, afirmó el Secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares.
?Estoy atento a recibir el exhorto de las autoridades y tengo abierto un expediente el cual se resolverá conforme a la Ley?, dijo Martínez Cázares al suscribir el convenio de Control y Transparencia con el gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo.
De acuerdo con el funcionario federal, la investigación contra Gil Díaz sigue su curso y se aplicará la ley en todos los asuntos que tiene esa dependencia.
¿No le temblará la mano?, se le inquirió.
?No voy a hacer expresiones de esa naturaleza pero se aplicará la ley con la prudencia pero con el rigor que la ley establece, y reitero ni carpetazo ni linchamiento.
La semana pasada se reveló que tras 30 años de trabajo en el servicio público, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dejó una fama de implacable, parientes con permisos para operar como agentes aduanales y polémicas por su cercanía con grupos empresariales nacionales y extranjeros.
El fiscal de hierro -como se le conoció en el sexenio de Carlos Salinas cuando fue subsecretario de Ingresos- incurrió en conflictos de interés: benefició a seis familiares en línea directa e indirecta en el negocio aduanero, de acuerdo con documentos públicos.
