La iniciativa de ley presentada por un diputado panista al Congreso de Coahuila, tendiente a impedir la candidatura de quienes hayan renunciado previamente a un puesto de elección popular para acceder a otro, ocurre en el marco de la reforma electoral convocada por el Gobierno de esa entidad federativa.
La ley conocida como antichapulín por referir a la práctica de algunos políticos que saltan de un puesto a otro sin cumplir a cabalidad los tiempos y las responsabilidades inherentes al primero de ellos, constituye un tema de actualidad en las elecciones en el Estado de Baja California, en el que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Hank Rohn, enfrenta un proceso de descalificación por haber lanzado su candidatura en violación a una ley de esa naturaleza que existe en aquel estado.
En el caso bajacaliforniano, el candidato priista renunció a la alcaldía de la ciudad de Tijuana con el propósito cumplido de ser postulado como candidato a gobernador, lo que provocó un procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral que culminó con una sentencia que lo descalifica, cuya resolución fue impugnada por el interesado y en la actualidad es objeto de estudio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal a quien le toca decir la última palabra al respecto.
La pertinencia y apego a la justicia de una norma como la que ya existe en Baja California y se pretende instaurar en Coahuila no es tema fácil. Por una parte la iniciativa surge de la mala impresión que causa en los electores la diáspora de los gobiernos establecidos cada vez que se aproximan procesos electorales. El caso más notable es el de los Congresos Locales y Ayuntamientos, cuyos miembros es dispersan hasta un punto cercano a la desintegración, cada vez que se aproximan las elecciones.
Del otro lado existen argumentos para considerar a la ley antichapulín como un freno que atenta contra las libertades individuales, como un injusto obstáculo para legítimas aspiraciones de los eventuales candidatos y como una reducción indebida de las de por sí escasas opciones que tienen los electores para disponer de candidatos presentables en cantidad suficiente.
Según este último argumento los criterios de calidad y competitividad son los que deben imperar y no las restricciones. Lo anterior porque si un funcionario ha demostrado un buen desempeño que le permita en las postrimerías de un cargo dar la cara a los electores de nueva cuenta, no debe ser privado de esa oportunidad ni el candidato, ni la comunidad electora que en última instancia será la que decida y con su voto premie o castigue el desempeño previo.
En otras palabras, se antoja injusto pretender corregir los defectos de nuestra incipiente democracia a base de restringir las opciones electivas como ocurre en el tema de la reelección y otros similares, en los que los abusos ancestrales nos impulsan a cerrar aún mas los sistemas de los que disponemos en detrimento de nuestra evolución hacia la democracia plena.
En el caso de Coahuila, lejos de estar inspirada en argumentos razonables y objetivos en pro o en contra, la iniciativa antichapulín obedece al interés mezquino de truncar la carrera de un precandidato específico en la lucha temprana que sostienen por la candidatura del Partido Acción Nacional a la gubernatura, el senador Guillermo Anaya y el alcalde José Ángel Pérez.
Se trata de una especie de fuego amigo que se dispara en contra del senador panista con una visión miope y de corto plazo que de prosperar, descalificarían a un buen prospecto natural en detrimento de los intereses del partido de ambos personajes y de la comunidad en su conjunto ya que en ambos niveles (partido y sociedad) se verían reducidas las opciones que la Comarca pueda ofrecer a la política del estado.
El priismo coahuilense vacila en apoyar o rechazar la iniciativa, porque por una parte se le pone en charola de plata la oportunidad de deshacerse del mejor de sus adversarios visibles y por otra, el apoyo a la iniciativa antichapulín significaría tomar una posición contraria a la que conviene al PRI en el caso de Baja California, que como tal se encuentra en el primer nivel de atención en el escenario nacional.
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