El siete de septiembre se instaló en el Senado el grupo de trabajo para revisar la legislación sobre los medios y estará sesionando cada miércoles. (El Universal)
Antes de seis meses, que empezaron a correr el 7 de septiembre pasado, deberán estar listas las iniciativas que cambiarán las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones.
La batalla entre medios electrónicos y senadores y diputados no ha terminado porque el Congreso ya está trabajando en una nueva reforma para regular esta industria.
El objetivo no es acabar con los actuales concesionarios, pero sí abrir la competencia, por lo que los 3 mil 500 millones de pesos que dejarían de percibir por la decisión de los partidos de utilizar en lo sucesivo tiempos oficiales para la difusión de su propaganda, no sería nada comparado con lo que significaría compartir el pastel o la bolsa millonaria con otras cadenas televisivas y estaciones de radio.
Los senadores tienen en la mira la Ley de medios, están obligados a legislar con los principios rectores que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar la libre concurrencia y prohibición de monopolios, darle a la sociedad otras opciones en televisión e impulsar la digitalización de las estaciones de radio en amplitud modulada (am).
Antes de seis meses, que empezaron a correr el 7 de septiembre pasado, deberán estar listas las iniciativas que cambiarán las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones.
Los actuales concesionarios han tocado la campana de la iglesia, como en los pueblos cuando ven venir lo que creen es un peligro para su comunidad, por el contenido y alcance de la reforma electoral, pero el verdadero mazo de los congresistas no está ahí sino en la Ley de medios para abrir la tele a la pluralidad, a la existencia de más concesionarios.
A diferencia de lo que ocurrió en la Legislatura pasada cuando las presiones y los tiempos electorales doblaron a más de un diputado y senador, que los llevó al extremo de incorporar en la Ley artículos que la Corte terminó por declarar inconstitucionales, esta vez cerraron filas y han pasado su primera prueba.
La reforma electoral es producto del Poder Legislativo y aunque no se ha dicho abiertamente, tiene el beneplácito de quienes en el proceso electoral de 2006 compitieron por la Presidencia.
Entonces, en ese proceso, no únicamente se gastaron carretadas de millones de pesos en propaganda, 3 mil 510 millones según cifras del IFE y todavía hay 281 mil spots sin factura que no se han contabilizado, también hubo episodios de reverencia de los candidatos hacia el poder mediático que no se han olvidado y que ahora son motivo de reflexión y acción en las cúpulas de la política nacional.
No quieren volver a pasar por ese trance en futuras elecciones y menos llegar al punto de que sea este poder y no el voto de los ciudadanos el que determine quien debe gobernar al país.
Lo que viene es la Ley de medios.
El siete de septiembre se instaló en el Senado el grupo de trabajo para revisar la legislación en la materia y estará sesionando cada miércoles, con transmisión a través del Canal de televisión del Congreso para que después nadie se queje de que hubo acuerdos en secreto.
Las reuniones, para que se vea la importancia que le están dando los senadores, estarán encabezadas por el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda y en su ausencia, por Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política.
También podrán hacerlo los presidentes de las comisiones Carlos Sotelo García (PRD), de Radio y Televisión; Ángel Heladio Aguirre Rivero (PRI), de Comunicaciones y Transportes y Alejandro Zapata Perogordo (PAN), de Estudios Legislativos.
En esta tarea van las tres principales fracciones parlamentarias con sus mejores cuadros, con los que más saben del tema, con el ánimo de escuchar a todos los interesados.
Cuentan con una metodología de trabajo y se han fijado fecha para presentar sus resultados. Antes del siete de marzo del año próximo deberán haber elaborado sus iniciativas.
Para acabar esta vez con cabildeos en lo oscurito, se ha determinado dentro de la metodología la obligación de legisladores de informar al grupo de trabajo el contenido de reuniones o conversaciones que tengan por separado con interesados en el tema.
“No se trata de atentar contra los actuales concesionarios ni los permisionarios, digo esto para que no se levanten cortinas de humo; no se trata de quitarle nada a nadie, se trata de la apertura de la competencia, de la diversidad de opciones, de la modernización tecnológica”, respondió el senador Carlos Navarrete cuando la periodista Carmen Aristégui le preguntó por lo que sigue en materia de medios electrónicos.
