“No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad
de la república”.
Hugo Chávez
El próximo 27 de mayo concluirá la concesión de Radio Caracas Televisión. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya ha anunciado su intención de no renovarla. Su Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por esconder la razón. Ha señalado claramente que RCTV, una cadena de alcance nacional que opera desde 1953, ha sido una emisora crítica de sus políticas. Por eso la está castigando con una virtual nacionalización.
Lo que ocurre en Venezuela quizá nos parezca muy lejano. Pero no lo es. En este momento en que nuestra Suprema Corte de Justicia está analizando la controversia constitucional presentada por un grupo de ex senadores encabezados por Javier Corral y Manuel Bartlett vale la pena volver el rostro hacia Venezuela. Ahí Hugo Chávez no está violando la Ley. Ésta le permite renovar o cancelar de manera discrecional una concesión de televisión. El presidente de Venezuela está haciendo un acto abierto de censura. Pero es un acto legal.
En buena medida lo que se está jugando en nuestro país en la discusión sobre la nueva Ley de Radio y Televisión es determinar si el presidente debe seguir teniendo la facultad discrecional, como en Venezuela, de entregar, cancelar o renovar concesiones de radiodifusión.
Desde que se inició en nuestro país la industria de la radio y la televisión, el presidente ha tenido la facultad de repartir estas concesiones gratuita y discrecionalmente. De esta manera el primer mandatario ha tenido la posibilidad de hacer ricos a algunos privilegiados, quienes han recibido sin pagar nada concesiones que tienen un enorme valor de mercado.
Quienes han ocupado la Presidencia se han ganado también el agradecimiento de los grupos beneficiados.
Por otra parte, el presidente —a través de sus órganos de control, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación— ha podido también presionar a los concesionarios para ajustarse a los requerimientos del régimen. La amenaza de la cancelación de la concesión ha sido siempre el arma favorita con la cual el Gobierno ha logrado que los medios electrónicos abandonen posiciones críticas.
La Ley de Radio y Televisión aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado, si bien no es perfecta, avanza de manera muy importante en el logro de un sistema que dependa menos de la discrecionalidad del Ejecutivo. Esa posibilidad, sin embargo, se encuentra en riesgo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que examina la constitucionalidad de la Ley.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano ha cuestionado en su proyecto la legalidad del Artículo 17-G de dicha Ley, que establece un mecanismo de licitación a través de subasta pública para las frecuencias comerciales de radio y televisión. En su proyecto, el ministro Aguirre también declara la inconstitucional del Artículo 16 de la nueva Ley de Radio y Televisión por determinar que el otorgamiento de concesiones por un plazo de 20 años viola la rectoría económica del Estado.
La discusión sobre estos temas es compleja y los ministros tienen obligación de dictaminar conforme a la constitucionalidad de cada uno de los artículos de la Ley. Como periodista que ha sufrido en innumerables ocasiones la censura y las presiones surgidas de la discrecionalidad que la legislación anterior le otorgaba al Ejecutivo, sin embargo, considero importante señalar que el proyecto del ministro Aguirre Anguiano es, cuando menos en estos temas, un paso hacia atrás.
La licitación en subasta pública es la mejor y más transparente forma de entregar una concesión pública valiosa. La certidumbre en los plazos en que se gozará de esta concesión es igualmente indispensable. De hecho, es muy importante que en nuestro país no pueda llegar un Hugo Chávez a retirar una concesión de radio o televisión por que el concesionario ha realizado una labor periodística crítica del Gobierno.
Preocupa en particular que el ministro Aguirre Anguiano hable de la necesidad de preservar la “rectoría del Estado”. Esta expresión se ha usado durante décadas para justificar los abusos del Gobierno mexicano en contra de la población. La discrecionalidad surgida de este principio de rectoría del Estado ha sido precisamente la razón por la cual tenemos una empresa dominante en el mercado de la televisión. Es absurdo que hoy esa discrecionalidad se defienda como una manera de combatir la concentración.
Reitero mi posición. La Ley de Radio y Televisión no es perfecta. Pero sus problemas no radican en el establecimiento de un sistema de licitación pública por las frecuencias o en la generación de condiciones de mayor certeza en las concesiones.
Por el contrario, éstas son las partes positivas de la legislación… las partes que los grupos más reaccionarios de la política mexicana han objetado con argumentos como la defensa de la rectoría económica del Estado.
¿CONFUSIÓN?
Difícil si no imposible creer que el ataque en Veracruz que costó la vida a cuatro escoltas de los hijos del gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto haya sido producto de una confusión.
Quizá no haya sido un ataque directo contra los hijos del gobernador o contra los escoltas. Pero es difícil pensar que un ataque de esta naturaleza haya sido producto de que alguna banda pensó que se trataba de un grupo rival y decidió disparar primero y averiguar después.
