“(Los atenienses) se apresuran a promulgar decretos pero, una vez que los decretos han sido promulgados, ya no quieren que sean ejecutados”.
Aristófanes
A lo largo de las décadas los políticos mexicanos han plasmado en la Constitución una visión estatista, incluso marxista, de nuestra nación, sólo para después suavizarla o anularla en la práctica. El resultado es una discrepancia entre lo que dice la carta magna y lo que realmente se hace en nuestro país. Esta diferencia seguramente se hará más profunda con las modificaciones recientemente aprobadas a los artículos que tratan sobre la libertad de expresión y los procesos electorales.
Los legisladores han plasmado en el artículo 41 de la Constitución —que aún debe ser ratificado por los congresos estatales— la regla de que la propaganda política en tiempos de campaña se limitará a 48 minutos al día en segmentos de dos a tres minutos cada hora entre las seis y las 24 horas. Estos tiempos, que las televisoras y radiodifusoras tendrán que entregar de manera gratuita, los administrará el IFE. Estará prohibida la contratación de más tiempo por partidos, candidatos o personas físicas o morales.
Cuando lleguen las campañas, sin embargo, los propios partidos se enfrentarán a las dificultades que implica esta camisa de fuerza y empezarán a buscar más tiempo en los medios. Si no lo obtienen, será imposible tener debates entre los candidatos o éstos tendrán que limitarse a tres minutos cada hora. Como será más difícil supervisar los gastos de los partidos, se registrarán seguramente compras subrepticias de coberturas informativas. La prohibición constitucional para la compra de tiempos políticos en los medios simplemente se perderá en los arreglos inevitables por debajo del agua.
Pero no podemos asombrarnos. Así han sido las cosas siempre en México. Las restricciones de la Constitución son sólo el punto de partida para negociar en lo oscurito.
Los ejemplos son muy numerosos. Los artículos 27 y 28 de la Constitución, por ejemplo, le dan al Estado mexicano el monopolio de la explotación del petróleo y el gas natural. Pero desde hace años buena parte de esta actividad se realiza a través de subcontratos con empresas privadas. El hecho de que no se pueda concesionar la explotación de petróleo a empresas privadas ha obligado a Pemex a recurrir al complejo y costoso sistema de los Pidiregas, pero no a suspender los contratos con empresas privadas. En el caso del gas natural, los contratos de servicios múltiples constituyen una concesión apenas disfrazada.
La Constitución le da también el monopolio de la generación de electricidad al Estado mexicano y a sus empresas paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad. Pero la Ley de la Industria Eléctrica de 1992 ha permitido que la mayor parte de las plantas de generación de electricidad construidas desde entonces haya sido de inversión y administración privadas. La propia Suprema Corte ha dicho que, si le hubieran preguntado, habría declarado inconstitucional la ley, pero ya ha quedado atrás el tiempo para cuestionar su constitucionalidad.
Durante décadas el artículo tercero de la Constitución prohibió que las corporaciones religiosas impartieran educación básica, pero las escuelas de las órdenes católicas operaban a la vista de todos. Hoy el artículo ha sido modificado para simplemente decir que “la educación será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. Pero esto tampoco se cumple.
El artículo 27 de la Constitución prohíbe que los extranjeros tengan propiedades en las costas y en las fronteras, pero no aplica gracias a la figura de los fideicomisos. El mismo artículo prohíbe los “latifundios” y define como “pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas por individuo de riego o humedad de primera”. Pero son numerosísimas las propiedades de riego que exceden estas dimensiones.
Ahí está también el artículo 129 de la Constitución que dice que, “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. A ver si alguien le recuerda este artículo al presidente Felipe Calderón, que con tanta intensidad ha metido al Ejército en funciones de Policía.
Algunos dicen que esta “flexibilidad” es una de las características positivas de la sociedad mexicana. Ciertamente la economía nacional sería un desastre si no tuviéramos inversión privada en petróleo, gas natural y electricidad o si los extranjeros no pudieran adquirir propiedades en las costas o si la propiedad agrícola realmente se limitara a 100 hectáreas de riego. Esta misma flexibilidad la veremos una vez que quede atrás el rencor entre los políticos y los medios de comunicación, porque unos y otros se necesitan.
El problema, sin embargo, es que estamos creando una cultura de simulación, puesto que sabemos que los políticos aprueban normas constitucionales sólo para después violarlas.
APORTACIONES PRIVADAS
En un comunicado de prensa, el ex presidente Vicente Fox negó que haya tenido ingresos indebidos para realizar la remodelación de su rancho. Apuntó también que su Centro de Estudios, Biblioteca y Museo se ha construido con aportaciones privadas. Pero ¿quiénes han realizado estas aportaciones y a cambio de qué?
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