“Ninguna decisión sensata se puede tomar sin considerar no sólo el mundo como es sino el mundo como será”.
Isaac Asimov
La Suprema Corte de Justicia está revisando en un juicio de inconstitucionalidad las nuevas Leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión que fueron promulgadas el año pasado. Está bien que lo haga. Son Leyes muy importantes que deben ajustarse sólidamente a los principios constitucionales.
En contraste con lo que es usual en estos casos, el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ha adelantado un proyecto a “las partes”, entre ellas a los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, que han sido los más férreos opositores a la nueva legislación. Éstos se han encargado de filtrar el proyecto de más de 450 folios a algunos medios de comunicación.
El proyecto del ministro Aguirre Anguiano tendrá todavía que ser discutido y votado por el pleno de la Corte, la cual le estará dando un trato muy especial a esta controversia. Tendrán los ministros, de hecho, una serie de sesiones dedicadas a su estudio con la participación de expertos. Para echar para atrás la Ley se requiere una mayoría de ocho votos de los 11 que tiene el pleno.
El proyecto, a mi juicio, adopta una serie de posiciones sumamente preocupantes. Una de ellas es la que eliminaría el proceso de licitación de frecuencias.
Durante décadas el Gobierno Federal y muy particularmente el presidente de la República a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, otorgaron concesiones de espectro radioeléctrico de forma gratuita y discrecional. De esta manera enriquecieron de manera indebida a personas y grupos que, en contraparte, les ofrecieron su lealtad.
Uno de los puntos más importantes de la nueva Ley es que elimina esta discrecionalidad y establece la licitación pública por las frecuencias. Ésta es la manera más correcta y justa de otorgarlas en un momento en que el espectro radioeléctrico está adquiriendo un enorme valor económico.
La licitación debe establecer reglas claras y justas para todos los aspirantes. Debe haber restricciones a la participación de empresas que estén ya en posición dominante en el mercado, por supuesto. La Comisión Federal de Competencia debe tener la facultad de vetar a aspirantes sobre la base de reglas claras y de aplicación general. Pero una vez definidas estas reglas, debe obtener la frecuencia el que ofrezca más.
¿Por qué? Porque la licitación reconoce el valor del espacio radioeléctrico. Las frecuencias tienen un valor que desarrollará mejor quien mayor inversión haya tenido que hacer en ellas. Regalar el espectro a grupos favorecidos por el Gobierno, ya sean políticos o empresariales, equivale a regalar un activo muy valioso del Estado. Y también porque la licitación es la forma más justa de asignar concesiones sobre bienes públicos.
En todo el mundo esto se ha venido reconociendo. Las frecuencias ya no se regalan ni se asignan por razones políticas. Incluso en México se han venido haciendo subastas de frecuencias para telefonía celular, las cuales han generado fuertes ingresos para el Gobierno. Los riesgos de un fracaso por pujar demasiado alto, por otra parte, se quedan en las empresas licitantes y no en el Estado.
Eliminar el proceso de licitación de frecuencias para garantizar a los grupos políticos o empresariales cercanos al Gobierno quedarse con canales de radio y televisión nos regresaría a un mundo feudal en las comunicaciones. Haría inevitable una vez más la discrecionalidad en la entrega de concesiones.
Seríamos testigos de una competencia insana entre los distintos partidos que se alternan en la Presidencia de la República para otorgar el mayor número posible de concesiones a sus grupos aliados para conseguir un mayor apoyo político.
Al rechazar la licitación de frecuencias, el ministro Aguirre Anguiano dice que este proceso “privilegia el poder económico… cuando debe ponderarse la función social que los medios desempeñan en la sociedad mexicana contemporánea”. Pero los contenidos o la “función social” deben ser regulados, si acaso, por las Leyes sobre los medios de comunicación.
Eliminar la licitación de frecuencias porque el que más paga es el que gana, con el fin de regresar a un sistema en que el poder político escoge de manera discrecional a los beneficiarios del espectro, sería un golpe durísimo no sólo contra el patrimonio de los mexicanos, quienes somos los dueños originales del espectro radioeléctrico y merecemos que se le dé el mayor valor posible, sino también contra la estabilidad de la nación. Imagínese usted las guerras por las frecuencias del espectro radioeléctrico si no hay reglas claras para la asignación.
CREEL
Afirmó Santiago Creel en Washington el jueves pasado que la aprobación de las nuevas Leyes de telecomunicaciones y radio y televisión fue producto de “una imposición” antes que de “una negociación”. Esta declaración no puede quedar en meras palabras. El senador panista tiene la obligación de señalar quién hizo la imposición y cómo la hizo. La legislación fue aprobada unánimemente por los diputados y por una amplia mayoría en el Senado. Fue además ratificada por el presidente. ¿Son todos ellos culpables de corrupción o simplemente de cobardía? Si faltaron a su cargo, habría que castigarlos a todos, desde el ex presidente panista Vicente Fox y a muchos de los actuales legisladores del PAN, que también lo eran en la anterior Legislatura, hasta el ex diputado y hoy senador perredista, Pablo Gómez, ya que todos aprobaron la Ley.
