Ligan a desaparecido que reclama EPR con líder del grupo armado

Gabriel Alberto Cruz Sánchez, uno de los desaparecidos que reclama el EPR, —quien se hace llamar Raymundo Rivera Bravo— es hermano de Francisco Cerezo Quiroz o Tiburcio Cruz Sánchez, uno de los dirigentes formales de ese grupo armado y también uno de los hombres más buscados por los servicios de Inteligencia civil y militar mexicanos.

A Francisco Cerezo no sólo se le busca por las explosiones en los ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro que el EPR se adjudicó el martes 10 de julio, sino por la red de contactos con militantes de otras organizaciones sociales que ha tejido en los últimos años y que abarcan por lo menos los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

Existe un cerco de agentes del Gobierno alrededor de su familia, algunos de los cuales se han dejado ver en los últimos días en labores de seguimiento a uno de sus hijos, según denunció la familia el pasado día 2 por medio de una “acción urgente” el Comité Cerezo.

Aunque el hostigamiento nunca ha cesado desde que sus hermanos Héctor, Antonio y Alejandro cayeron en prisión, en agosto de 2001, se agudizó desde el pasado 26 de junio y arreció justo el día de las primeras explosiones en ductos de Pemex, dice Francisco Cerezo Contreras, fundador del comité.

“Las amenazas llegaron contra mi familia en un mensaje de Internet y también van dirigidas a un supuesto tío que es una de las personas desaparecidas desde el 25 de mayo en Oaxaca”, dijo.

Anteriormente, el 12 de junio, Alejandro Cerezo Contreras, según el comité, fue grabado y fotografiado por un individuo vestido de traje oscuro, como de un metro 80 de estatura, gordo, pelo corto y cara redonda. cuando acudió a realizarse una prueba médica a la dirección de medicina del deporte de la UNAM.

Alejandro fue uno de los tres hermanos detenidos en agosto de 2001 a raíz de una serie de explosiones en sucursales bancarias en el Distrito Federal y recuperó su libertad en 2005 al ganar un amparo. Héctor y Antonio siguen presos en el penal del Altiplano, antes La Palma, acusados de posesión de armas de fuego.

Ambos son los mayores de cinco hermanos, a quienes siguen Alejandro, Emiliana y Francisco. Su madre Florencia Canseco, quien vive en la clandestinidad, se hace llamar según los órganos de Inteligencia civiles, Emilia Contreras. Esta mujer sería hermana de Felipe Canseco, ex militantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup) quien estuvo preso en el Reclusorio Norte hace unos años acusado de pertenecer al grupo guerrillero.

Alejandro, Emiliana y Francisco son quienes encabezan el Comité, el cual según han denunciado, mantiene una guardia permanente de agentes gubernamentales quienes vigilan la sede de la organización.

Los tres hermanos que están en el Comité más los dos presos son sobrinos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hermano de Tiburcio, quien se hace llamar Raymundo Rivera Bravo, detenido el 25 de mayo en Oaxaca y reclamado por el EPR.

Su nombre aparece citado en el comunicado difundido por el EPR el martes 10 donde señalan que para exigir su libertad fue que el grupo armado “en cumplimiento de la orden del comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)”, que se presenta como “brazo político” de la guerrilla, realizó las acciones de sabotaje en las instalaciones de Pemex.

Los Cerezo Contreras, hijos de Tiburcio Cruz Sánchez considerado uno de los fundadores del EPR, han sido objeto de hostigamiento por medio de llamadas anónimas y mensajes grabados, según lo han denunciado desde dos años a la fecha.

Detectan actividad política de EPR en poblados sin autoridad municipal

Los servicios de Inteligencia civiles del Gobierno Federal han detectado actividad política de simpatizantes del EPR en por lo menos cuatro de los 25 municipios en el estado donde el congreso local ha decretado la desaparición de poderes.

San Blas Atempa, Villa de Zaachila y en menor intensidad San Antonino Castillo Velasco y Santa María Jalapa del Marqués están considerados como poblaciones donde a la protesta social se le han sumado expresiones consideradas por los órganos federales como propias de activistas ligados al grupo armado.

De acuerdo a un análisis del Gobierno Federal sobre os conflictos sociales que imperan desde el año 2005, en algunos de los 570 municipios que tiene Oaxaca, en por lo menos dos, donde se han proclamado “ayuntamientos populares”, han aparecido activistas con ligas en el EPR camuflados entre militantes de las organizaciones civiles.

El reporte hace hincapié en el caso de San Blas Atempa, un poblado de la región del Istmo, donde luego de una serie de hechos de violencia registrados en enero de 2005 al impedirse la toma de posesión de la autoridad municipal y la instalación del llamado “ayuntamiento popular autónomo”, la protesta se radicalizó.

El conflicto detonado a raíz de la elección del edil priista Eliseo Reyes, devino en una fuerte protesta social en reclamo de la desaparición de poderes, la liberación de cuatro activistas presos, la cancelación de órdenes de aprehensión contra 72 militantes y el desafuero de la diputada local Agustina Acevedo Gutiérrez, calificada como una cacique manejada por el gobernador Ulises Ruiz.

La presencia de simpatizantes eperristas se dio en apoyo a las acciones de protesta, según el reporte y en la toma del palacio a punta de piedras, palos y artefactos explosivos activados con gasolina.

En el caso de Villa de Zaachila, el documento señala que días después del 25 de noviembre pasado, cuando la PFP entró a la capital del estado para romper el plantón que mantenía la APPO en el Centro y calles aledañas, los principales activistas realizaron su primera asamblea en este municipio localizado a las afueras de la ciudad.

El poblado tenía “cinturones de seguridad” para mantener un control sobre las personas ajenas que entraran al municipio y que despertaran sospechas de ser infiltrados del Gobierno del Estado. En este contexto, según el documento, se detectó presencia de personajes con ligas al grupo armado.

El reporte subraya que a los llamados “ayuntamientos autónomos” sumado a la desaparición de poderes y el nombramiento de administradores municipales o consejos de Administración municipal, en algunos casos han servido para que el EPR realice actividad política.

Para el Gobierno del Estado no existen evidencias y no hay información que confirme la presencia de eperristas en estos ayuntamientos. El subsecretario de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios rechazó que el grupo armado tenga influencia en alguno de los municipios donde hay desaparición de poderes. Los dichos, dijo, son “informaciones aisladas”.