Prevén especialistas que PGR tome la investigación sobre Pasta de Conchos.
Agencias
MÉXICO, DF.- El proceso penal en contra de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por su presunta responsabilidad en la explosión de la mina Pasta de Conchos podría correr a cargo de las autoridades federales, reconoció el procurador Jesús Torres Charles.
Contrario al discurso del gobernador Humberto Moreira, quien ha asegurado que la Procuraduría General de Justicia del Estado meterá a la cárcel al ex delegado de la STPS, Pedro Camarillo Adame, la suerte de éste y otros funcionarios de la dependencia estará en manos de un juez federal.
Por el momento, hay la posibilidad de imputarles los delitos de homicidio culposo, ejercicio indebido de funciones públicas y asentar hechos falsos o dejar de asentar hechos que ocurrían.
?Digamos que en principio podríamos hablar que son esos delitos?, apuntó, ?en esos consideramos que hay responsables, tanto por parte de la empresa minera, como de la Secretaría del Trabajo?.
?Estamos haciendo un análisis de la competencia, es posible que la competencia, por lo que hace a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, tenga que pasar a la autoridad federal?.
El Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establece cuáles son los delitos federales que pueden atender los jueces de este orden de gobierno.
?Los jueces federales conocerán: (...) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas?, establece en la Fracción I, inciso f.
El especialista en Derecho Penal, Adolfo Ramos Maldonado, aseguró que este precepto legal impediría a la justicia local procesar a los servidores públicos de la STPS que pudieran ser responsables.
?De manera indebida (las autoridades estatales) se han involucrado en tratar de fincar responsabilidad a servidores públicos federales, siendo que, en mi concepto, la Procuraduría del Estado no es competente?, indicó.
?Ellos dicen que la responsabilidad se deriva de omisiones en que ocurrieron en el ejercicio de sus funciones como delegado, como inspectores, etcétera. Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal dice que los delitos cometidos por los servidores públicos de la Federación, en el ejercicio de sus funciones son delitos federales?.
Torres Charles reconoció que los delitos en que pudieron haber incurrido los funcionarios de la STPS fueron en ejercicio de sus funciones, lo que haría incompetente a la justicia local para procesarlos.
?Lo que puede pasar es que el juez del fuero común se declare incompetente y remita el expediente al fuero federal?, explicó, ?entonces la PGR decidiría si hace suya o no la investigación o estima si es necesario hacer otras diligencias para hacer su propia acusación?.
Descarta sindicato paro nacional de mineros
Los más de 50 mil mineros sindicalizados del país no efectuarán ningún paro de labores el lunes con motivo del primer aniversario luctuoso de sus 65 compañeros caídos en la mina Pasta de Conchos.
Ese supuesto paro lo promueve el grupo minoritario afín al líder de puesto, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró Mario Lares Martínez, coordinador de la Comisión Especial de Vigilancia para la Recuperación de Cuerpos de Pasta de Conchos y aún secretario general de la Sección 13 del gremio minero.
Aseguró que las secciones de Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila, entre otras (de unas 127 que hay en la República) ya confirmaron que no paralizarán actividades porque hacerlo perjudicaría a los trabajadores y por eso el día 19 habrá un homenaje en los patios de la mina que encabezará el dirigente del sindicato, Elías Morales.
?Vamos a manifestar nuestra solidaridad y respaldo a las familias de nuestro compañeros y a los sobrevivientes, pero sin afectar a quienes conforman nuestro gremio?, afirmó.
Deslindan a ex secretario
A un año de la tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros, el ombudsman José Luis Soberanes aseguró que el ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, no tiene responsabilidad en ese accidente.
Al firmar un convenio con el sindicato de trabajadores telefonistas en materia de derechos humanos, coincidió con el dirigente de ese gremio, Francisco Hernández Juárez, en pedir al Gobierno Federal justicia, indemnizaciones a los deudos y todo el peso de la ley contra los responsables del accidente.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que la prioridad en el caso es encontrar los cadáveres, el pago de indemnizaciones a los deudos e implementar un operativo de seguridad en el trabajo, sobre todo en las minas.
Añadió que a pesar de que es de reconocer el esfuerzo de los gobiernos federal y el de Coahuila, así como de legisladores, por esclarecer las causas de la explosión en la mina ubicada en el municipio de San Juan Sabinas, es fundamental que los responsables ?paguen por su negligencia?.
Destacó que en su momento, la CNDH emitió todo un expediente amplio y completo de las precarias condiciones de seguridad en que laboraban estos trabajadores e insistió que el ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar no tiene responsabilidad en el accidente.
