El gobierno federal no piensa pagar un sólo peso de aumento en la renta de inmuebles el próximo año, pues con este tipo de acciones pretende reducir el 20% en el gasto de operación de las dependencias de la administración pública.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la responsable del seguimiento de las rentas del gobierno federal.
La oficina a cargo de Salvador Vega Casillas incluso prevé que este año habrá estabilidad en el costo de las rentas debido a la amplia gama de posibilidades del sector arrendatario.
“Durante el presente año se ha observado en el mercado inmobiliario la existencia de un elevado número de espacios rentables disponibles, así como la perspectiva de desarrollo de nuevos proyectos de construcción de inmuebles para arrendamiento, circunstancias que hacen previsible la estabilidad en el comportamiento de los importes de rentas para el ejercicio fiscal de 2008, por lo que esta Secretaría ha considerado conveniente mantener el cero por ciento de incremento al monto de las rentas”.
Desde 1997 el gobierno federal estableció normas que rigen el presupuesto destinado al arrendamiento de inmuebles, pero desde el año pasado decidió cerrar la llave del gasto y prohibió pagar un solo peso extra en las rentas del 2007, medida que volvió a repetir para el año que viene.
Según las reglas publicadas este jueves en el Diario Oficial de la Federación, se trata de “diversas acciones y medidas de racionalización y de austeridad en el gasto de las dependencias y entidades, con el propósito de alcanzar una meta de ahorro hasta del 20% del equivalente al gasto de operación de las dependencias”.
La Función Pública ordenó rentar sólo cuando resulte “estrictamente indispensable” y aclaró que el de importe de renta deberá ser igual o inferior al monto de la renta pactado en el contrato anterior.
En caso de que su arrendador no acepte, las instituciones podrán recurrir al litigio civil o tratar de comprar el inmueble.
La oficina de Vega Casillas sostiene que es propósito del Ejecutivo Federal que las instituciones públicas cuenten con los elementos necesarios que les permitan “desempeñar adecuadamente las funciones que tienen encomendadas sin menoscabo de que el gasto público federal que se ejerce en materia de arrendamiento de inmuebles cumpla con las disposiciones de racionalidad y austeridad emitidas al efecto”.
