Para Chacha, por muchos años más.
Durante toda la semana he estado escuchando y leyendo comentarios sobre el zafarrancho que hubo en Torreón, con los concesionarios del Trasporte y la Policía.
Cierto es que enfrentarse a ese gremio, es igual que luchar contra un mañoso artista del pancracio. Pero, es un factor real de poder y como tal hay que enfrentarlo.
Cierto es también que ese gremio no cuenta con las simpatías de la ciudadanía. Pero debemos aceptarlo como un mal necesario, mientras las cosas no se puedan modificar.
Leí por ahí las dificultades que tienen algunos trabajadores para llegar temprano a su trabajo y lo mucho que les cuesta trasladarse en taxi. Se les va buena parte del salario mensual.
Todos quisiéramos para Torreón un transporte de primera, pero no hay más que ese que tenemos. ¡Qué le vamos a hacer! Sólo pugnar por la modernización.
Me preocupa también el hecho de que en el enfrentamiento hayan resultado lastimados, de una forma u otra, dos representantes populares. La síndico de minoría, Claudia González y Marco Antonio Varela, regidor de Oposición en el Ayuntamiento. Los policías debieron de haber medido esta acción, pues seguramente los conocen a ambos. De ahí se derivó de manera especial la reacción del Partido Revolucionario Institucional.
Un presunto o real abuso de autoridad siempre será un buen motivo para salir a la calle a protestar. ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿El oficio político? ¿O la prudencia? ¿Quizá el temor a que los concesionarios se le subieran a las barbas al alcalde?
Se necesitarían más elementos para analizar ese hecho y poder sacar conclusiones.
¿Tenía el Ayuntamiento otras formas de defenderse distintas a la acción policiaca? Ahí creo que sí, pues pudo haber recurrido a la amenaza de cancelar las concesiones por su incumplimiento, al suspender el servicio y quizá hasta eso hubiera facilitado un tanto el proceso de modernización.
Recuerdo ahora la experiencia semejante que se tuvo hacia finales de los ochenta, durante la Administración del licenciado Heriberto Ramos Salas.
De un día para otro los concesionarios subieron de propia decisión las tarifas, primero. Y luego amagaron con suspender (que de hecho lo suspendieron) el servicio e Trasporte. El Ayuntamiento les dio un ultimátum. Si para el viernes (creo que era el miércoles) no reanudaban el servicio, automáticamente se cancelaría todas las concesiones.
Al mismo tiempo autorizó el Ayuntamiento de manera genérica, a todos los particulares que quisieran prestar el servicio de trasporte en sus propios vehículos, de manera gratuita o cobrando lo mismo que se estaba cobrando antes de que estallara el conflicto.
Los concesionarios no esperaron a que venciera el plazo y pidieron ?paz?, a través del Gobierno del Estado y se les concedió esa paz a condición de que reanudaran el servicio en los términos en que lo venían prestando desde meses atrás.
Sobre ciertas circunstancias, los transportistas siempre argumentan que no es negocio esa chamba. Sin embargo, no se salen del negocio.
No obstante lo anterior y por ser factores de poder, como se dijo, es necesario mantener siempre abierta la negociación política tratando de encontrar soluciones viables a los conflictos que derivan del Transporte.
Es, como decimos, un gremio muy difícil, pero eso no quita que tienen derechos y que es necesario negociar con ellos.
No se les puede reprimir de primera intención y menos cuando entre ellos se encuentran, como sucedió, representantes populares, pero ello no implica que se les permita hacer lo que quieran hasta afectar a terceros.
Se debe buscar el justo límite entre la aplicación del principio de autoridad, sin llegar a la verdadera represión.
Se debió, sin duda, haber recurrido a algunas acciones políticas antes de usar la fuerza pública.
Pero lo hecho, hecho está y ahora sólo le queda al Ayuntamiento enfrentar las consecuencias.
Y a este respecto, buen cuidado deben de tener aquellos que sugieren la interposición de un juicio político contra el alcalde, pues éste difícilmente puede proceder por los hechos suscitados esta semana. Y menos cuando se requiere de los dos tercios de los integrantes del Congreso para imponer sanciones como parte final de un juicio político. Además, éste sólo procede por violaciones graves a la Constitución Local. En el caso se actuó en ejercicio de una función pública.
Es más, lo más seguro es que ni siquiera se remueva al jefe policiaco, quien dicho sea de paso, debe haber actuado siguiendo instrucciones superiores.
En el mejor de los casos, habría que adentrarse en una difícil discusión doctrinal, con el añadido de que en los últimos trienios de las Legislaturas locales no ha procedido un solo juicio político en el Congreso.
Es obvio que faltó oficio político y prudencia. Que el Ayuntamiento tiene que responder satisfactoriamente a sus integrantes que resultaron dañados en ese enfrentamiento. Hay que intensificar las negociaciones con los concesionarios a fin de llegar a acuerdos con ellos, pero sin dejar desprotegidos los intereses ciudadanos.
Como se advierte, este asunto tiene más picos que una Custodia. Pero de eso se trata la política, de resolver conflictos difíciles. Por ello es sin duda un arte y un arte que requiere de ciertas habilidades.
