La reforma al Sistema Judicial que se encuentra atorada en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de disputa entre los grupos internos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Miembros de la expresión denominada Los Cívicos hicieron un llamado “urgente” a todos líderes y militantes del PRD a reconsiderar dicha iniciativa, porque –dijeron- es tan grave como la pretendida privatización de Pemex, sentenció Mario Saucedo, líder de dicha corriente.
Admitieron que el proyecto fue avalado en la Cámara de Diputados por algunos de Izquierda Democrática Nacional (IDN) y permitida, “por omisión”, por algunos legisladores de Izquierda Social -como Valentina Batres que se salió de la sesión del 12 de diciembre-.
“Nosotros sabemos que hay sectores al interior del partido que comparten la idea de este régimen de excepción, sin embargo toda esta idea de generar estados tipo policiaco y hacer expropiaciones y una serie de cuestiones que tienen que ver con una concepción de la lucha en contra de la delincuencia organizada”, dijo Eliana García.
Sin embargo el partido tiene principios fundacionales y uno de ellos es la lucha por la defensa irrenunciable de derechos fundamentales y de libertades públicas. Con esta reforma se viola todo el capítulo de derechos individuales, es decir, 29 artículos de la constitución.
En total, 44 diputados perredistas aprobaron ese proyecto porque es parte de las reformas que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha buscado implementar en la ciudad, desde que contrató los servicios del alcalde de hierro, Rudolph W. Giuliani.
Durante su discurso de adhesión a la candidatura de Alejandro Encinas –el martes pasado-, el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador tampoco se refirió a esta reforma constitucional.
Por ello, Mario Saucedo, Marcela Nolasco (secretaria de Derechos Humanos del CEN del PRD) Eliana García Luna (consejera nacional del prd) y Otón Cuevas (diputado federal) exigieron a su partido que se pronuncie contra dicha iniciativa antes de la primera quincena de enero.
“Nos preocupa el hecho de pensar que en el grupo parlamentario, sobre todo de la Cámara, la frase del voto a conciencia sea un eufemismo del voto por consigna. Por ello planteamos que el partido tenga una postura clara”, asentó Eliana García.
“En política, las omisiones son mensaje; la omisión también es una posición”, advirtieron, Es una contrarreforma que plantea la necesidad de que nuestros propios compañeros, que votaron de esta iniciativa, reconsideren.
Es un tiempo propicio para reconsiderar la gravedad de lo que nos estamos enfrentando. “Esperamos que tanto el Gobierno Legítimo, la Convención Nacional Democrática como el Frente Amplio Progresista asuman este tema, como un tema prioritario.
Hay que convocar a la sociedad civil, no solamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya se ha pronunciado en contra, a detener esta iniciativa, sentenció Mario Saucedo.
Entre los artículos más graves que, según Los Cívicos, contiene esta iniciativa de reformas constitucionales, destaca la del artículo 19, que permitirá la extradición de un detenido en México, con la sola petición de un gobierno extranjero aunque el reo se encuentre en proceso.
También expresaron su preocupación por las enmiendas al artículo 16 que, dijeron, “constitucionaliza el arraigo” de 40 a 80 días; legaliza el allanamiento policiaco a los domicilios sin orden de cateo y permite el uso de comunicaciones privadas.
Con esta reforma, dijeron, prácticamente se instauraría en México y estado policiaco y de excepción pues se crean “centros especiales” para incomunicar a los inculpados o sentenciados, en caso de delincuencia organizada o en el caso de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Bajo esta figura, advirtieron, podría incomunicarse a disidentes sociales como Flavio Sosa, de la APPO, o a los detenidos de Atenco, a los que no se les permitió en los hechos hablar con un defensor de oficio ni con organismos de derechos humanos.
