todo indica que finalmente le llegó a Tijuana la hora de ajustar cuentas.
Después de varios años de sufrir una espantosa ola de violencia traducida en más de 300 crímenes por año, la semana pasada arrancó la Operación Tijuana para combatir a las mafias del crimen organizado y también el desorganizado.
Más de tres mil elementos, entre militares y policías federales, irrumpieron en Baja California por órdenes presidenciales, unas semanas después de la Operación Michoacán.
Hasta el día de ayer los resultados son modestos: una docena de arrestados, entre ellos un jefe policiaco y dos agentes más involucrados en el narcotráfico.
Pero la guerra ya inició. El general Héctor Sánchez Gutiérrez, un militar parco y discreto, coordina las acciones del operativo. Hasta ahora sólo en dos ocasiones ha dado la cara.
En Tijuana se vivieron horas de zozobra al arrancar las acciones, pero al paso de los días se ha impuesto la calma, algo tensa pero calma al fin. Las ejecuciones, secuestros y robos disminuyeron a pesar de que el Ejército requisó las armas de la Policía Municipal para investigar si tienen relación con los crímenes de 23 policías ejecutados durante 2006.
El contubernio de policías tanto municipales como estatales con el crimen organizado es más que evidente. Por ello la decisión de realizar pruebas de balística a las armas de policías era necesaria a pesar de que muchas voces criticaron la acción.
Se estima que en los próximos días sean desarmados los policías estatales y posteriormente los federales, quienes tampoco escapan de las sospechas.
La presencia del Ejército en Tijuana es visible pero no exagerada. Instalaron retenes en los puntos de entrada y salida de la ciudad y salvo quejas aisladas por las filas de espera, las revisiones transcurren sin contratiempos, incluso algunos ciudadanos destacan la amabilidad de los militares.
Pero como suele ocurrir en estas medidas, las quejas sobre violaciones a los derechos individuales proliferaron en los primeros días. Algunas por demás sospechosas porque desacreditaban las acciones militares y policiacas sin muchos argumentos.
En cada retén se asignó a un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos para documentar cualquier anomalía al tiempo que las autoridades han exhortado a los ciudadanos a mantener la calma y confiar en el operativo de seguridad.
La oleada de violencia en Tijuana era ya intolerable. Durante el Gobierno de Vicente Fox se realizaron varios operativos policiacos pero ninguno llegó hasta el fondo del problema.
En esta región fronteriza, sede el Cártel Arellano Félix, se disputa desde hace unos años el control de la plaza. Aunque debilitada, esta organización no cede un ápice de terreno a sus acérrimos enemigos de Sinaloa y Chihuahua.
La lucha por esta sede estratégica por su conexión con California, el mercado más grande de drogas en la Unión Americana, ha sido a muerte y de ahí que las ejecuciones, balaceras y recientemente los secuestros estuvieran a la orden del día.
La Operación Tijuana abarca todo Baja California, incluyendo Mexicali en donde muchos narcos tienen su guarida. Nadie sabe cuánto durará el operativo, pero el clamor popular es que dure tanto como sea necesario para desmembrar las redes que se dedican a delitos tan distintos como narcotráfico, robo de autos, tráfico de personas, prostitución y secuestros.
En un año electoral como 2007, los más preocupados por el resultado de la operación son el gobernador Eugenio Elorduy y el alcalde de Tijuana, Jorge Hank. Ambos se juegan el ?pellejo? porque del resultado de las acciones dependerá su futuro político.
A Elorduy se le cuestiona por el poco interés que tuvo por la seguridad en Tijuana mientras que a Hank se le acusa de haber facilitado la colusión de sus policías con el narco.
Los militares tienen la palabra, todos esperan que Tijuana recobre la seguridad de antaño y que las mafias y autoridades inmiscuidas en el crimen queden pronto a buen recaudo.
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