AGENCIA REFORMA
MÉXICO, DF.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, representado por su apoderado legal José Javier Avelar, denunció ante la PGR a las dirigentes sindicales del organismo Martha Miranda, Montserrat Rico y Lourdes Andrade.
“Es inédito. Ha habido casos en que se expiden actas administrativas a los trabajadores por alguna anomalía, pero se resuelve internamente. Es la primera vez que se recurre a una instancia federal”, aseguró Gilberto Mejía, secretario de Orientación Ideológica de la Sección D-III-49, quien ha trabajado 16 años en el Conaculta.
De acuerdo con el abogado de las acusadas, Adrián Márquez, el delito tipificado en el Código Penal Federal como “obstrucción de particulares a instalaciones federales”, puede merecer cárcel, pero por ser un delito menor alcanzarían libertad bajo fianza.
En el desahogo de pruebas de la parte acusadora, que no estuvo presente, se mostró un documento con las declaraciones de testigos -funcionarios del Conaculta y varios trabajadores sindicalizados-, tres videos y una serie de fotografías.
Desde el 27 de marzo, un grupo de trabajadores pertenecientes a las direcciones generales de Bibliotecas, Publicaciones y Culturas Populares e Indígenas mantuvieron un plantón frente a cinco dependencias del Conaculta en demanda de una retabulación de sus percepciones en relación con las de los empleados del INBA y del INAH, que en puestos equivalentes ganan casi el doble de salario.
“Los testigos nos incriminan como las incitadoras de estos actos de obstrucción porque, según su declaración, oían que la gente gritaba Montserrat, Lourdes y Martha”, expresó Rico. Las inculpadas se reservaron su derecho a declarar, por lo que será el 11 de abril cuando, en otra reunión, respondan por escrito. Una vez que la defensa presente sus pruebas, se remitirá la averiguación previa a un juez federal para que emita sentencia.
De acuerdo con la Constitución, es posible que la parte acusada se declare en estado de indefensión por el desconocimiento previo de los argumentos, explicó Márquez.
“El conflicto comenzó como un problema laboral, pero las autoridades criminalizan cualquier demanda y descontento de los trabajadores. Este citatorio tiene el propósito de intimidar”, aseguró el diputado perredista José Antonio Almazán, quien acompañó a las acusadas durante la comparecencia.
El expediente establece, explicó Márquez, que el apoderado legal del Conaculta solicitó al Ministerio Público (MP) la intervención de la PFP el martes para desalojar a los trabajadores de la entrada de sus oficinas en Reforma 175, que mantenían sitiadas en demanda de mejores condiciones salariales. Pero el MP, aseguró, nunca giró un oficio dando la orden. “Es peligroso meternos en este tipo de dinámicas cuando lo único que pedimos es dialogar con el presidente de Conaculta (Sergio Vela)”, señaló Miranda.
