Estaban equivocados los que creyeron que localizando al originario de la República de China todo se concretaría a su detención, con fines de extradición, en el país donde se encontrara. Éste, contrariamente a lo deseado por las autoridades mexicanas, sin necesidad de esconderse hizo declaraciones al ser entrevistado por un medio electrónico, aparentemente descabelladas, en que dijo había sido obligado a guardar en su casa una enorme cantidad de billetes que se iban a aplicar a gastos de campaña del Partido de Acción Nacional. Hasta ahí todos, acá en México, estábamos enterados. Lo que es un misterio es por qué se depositó el dinero en el Bank of América. Esta noticia se corrigió en los días siguientes indicando que el dinero se encontraba en una institución bancaria mexicana.
En entrevista televisiva, un alto funcionario, manifestó que el dinero sí se encontraba en suelo mexicano porque era un bien fungible, con lo que dio por cerrado el caso. Quizá queriendo indicar que estaba a disposición del Gobierno local que podría rescatar su posesión en cuanto se lo propusiera. El hecho de que se diga que es fungible solamente informa que la cosa puede ser substituida por otra con el mismo poder liberatorio. El dinero es una cosa fungible por antonomasia, es decir, no se requiere que se devuelva el mismo billete sino que el obligado se libera de la obligación entregando otro, además de que el documento, por una ficción legal, el derecho mismo en el consignado se introduce al papel donde consta el título; ésta es una de las características, junto con la literalidad y la autonomía, de los documentos de crédito. Esto, siendo cierto, no explica por qué se envió fuera del país la suma recogida. Se consideró que debería ser puesto a sudar o sea, en el argot bancario, a ganar intereses. Que había mayor seguridad en un banco gringo que en uno nuestro. Lo que no convenció el de por qué se hizo. ¿No son seguros los bancos en nuestro país? No creo que con eso se pretendieran escamotear los billetes, lo que es más que imposible.
En el mismo orden de ideas, se ha anunciado que mañana, 18 de julio, se darán a conocer detalles que harán temblar al Gobierno de nuestro país. Es de dudarse. Entre gitanos, no se lee la buenaventura. Por lo pronto, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien fue señalado por Zhenli Ye Gon, salió apresurado al país de las barras y las estrellas con el propósito de querellarse en los tribunales contra quien le imputó una conducta indebida. Esto ha sido comentado, en círculos policiacos, como un intento de acallar los pormenores del asunto que pudieran manchar la reputación de funcionarios mexicanos. Él ha dicho una y cien veces que ni de vista conocía al chino-mexicano. ¿Imaginemos lo que sucederá si Zhenli presenta pruebas de que algo tuvo qué ver? Pero, no anticipemos vísperas nadie en este país es culpable, hasta que se demuestra. Lo que se quisiera es que, sin lugar a dudas, se sepa la verdad de los hechos. Las consecuencias podrían ser de antología. No obstante, esperemos que el lío desemboque en una baladronada del abogado de Zhenli. Que nada sea cierto, aunque en honor a la verdad tratándose de narcotráfico los Estados Unidos, concretamente la DEA, estaría interesada en que saliera la verdad a la superficie, cayere quien cayere. Aunque los güeros sean buenos para los “asegunes”, pues allá también se cuecen habas.
El asunto está tan enmarañado que cualquier cosa puede esperarse. Se habla de pérdidas multimillonarias por sus aficiones lúdicas. De excelentes relaciones en diversas esferas del Gobierno mexicano, lo que le permitía traer consigo credenciales expedidas por dependencias del Gobierno Federal. De lo poco que se sabe, en el rubro de sus contactos con la Policía mexicana, es que era extorsionado pagando la suma de 7 millones de pesos, a agentes de los que se sacudió con el auxilio de la SSP. La historia de este hombre, nacido en Shangai, invita a hurgar en sus negocios que le produjeron fabulosas ganancias. No lo hubiera logrado si no ha sido con la complicidad de personas que lo ayudaron a esquivar los requisitos que se requieren para introducir al país precursores químicos para la elaboración de drogas. La pregunta es si algún funcionario va a ser despedido de su trabajo y puesto a disposición de un juez penal. El delito sería el de colaborar directa o indirectamente al envenenamiento de toda una generación de jóvenes. Un ilícito de lesa humanidad.
