“El infierno no tiene peor furia que la de un burócrata despreciado”.
Milton Friedman
Hace tiempo que la Ley de Obras Públicas y la Secretaría de la Función Pública dejaron de ser un disuasivo contra la corrupción. Se han convertido, más bien, en obstáculos burocráticos para la inversión productiva y para el desarrollo de nuestro país.
Este 10 de diciembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) —encabezada hoy por Salvador Vega Casillas y hasta hace algunas semanas por Germán Martínez Cázares, actual presidente del PAN— anunció a través del Diario Oficial de la Federación que está inhabilitando a la empresa constructora Gutsa durante un año por actuar con “dolo y mala fe” en los contratos de remozamiento de la Autopista del Sol. Días antes, la SFP había dado a conocer un castigo de inhabilitación de 11 años en cargos públicos para Manuel Zubiría, director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe) en el Gobierno de Vicente Fox, a quien condenó a “restituir” 42 millones de pesos al Gobierno federal. El ex director jurídico de Capufe y su ex gerente de Normas fueron también inhabilitados y condenados a pagar 42 millones de pesos.
¿Significa lo anterior que el Gobierno de Felipe Calderón y la SFP están empeñados en combatir la corrupción? Lo que la información disponible me permite ver, por el contrario, es una cacería de brujas que puede constituir un golpe brutal a la realización de obra pública en nuestro país.
Los contratos de obra pública, entiendo, son extremadamente complejos y están sujetos a una gran cantidad de factores. Quizá haya elementos que yo desconozca de los contratos de remozamiento de la Autopista del Sol que han generado las sanciones para Gutsa y para los ex funcionarios. Pero hasta donde puedo ver, el problema de los retrasos en la reconstrucción de la Autopista del Sol es más producto de la falta de organización del Gobierno que de algún tipo de fraude.
Gutsa participó en una licitación para la reparación de la Autopista del Sol sobre unas bases determinadas. Al iniciar la obra, la empresa informó oportunamente a Capufe que estas bases no eran las adecuadas. El principal problema era el tipo de suelos en que había que efectuar las reparaciones. Haber ejecutado el proyecto sobre las bases especificadas por el Gobierno habría significado una obra mal hecha que habría requerido remozamientos adicionales en unos cuantos años.
Capufe reconoció con el tiempo que Gutsa tenía razón e hizo una modificación al contrato, pero tardó un largo periodo en preparar las nuevas bases para la obra. Más que mala fe de cualquiera de las dos partes, el problema parece haberse debido a las limitaciones que la Ley de Obras Públicas establece para cualquier tipo de modificación en los contratos de obra pública.
Con el propósito de reiniciar la obra comprometida a la primera oportunidad, Gutsa mantuvo la maquinaria que debía realizar el proyecto en los lugares de construcción. Pero la maquinaria estuvo parada durante un tiempo demasiado largo debido a la incapacidad de Capufe para ofrecer un nuevo contrato. Gutsa recibió pagos por ello, puesto que no podía realizar otros proyectos de construcción. Quizá la empresa debió haber retirado su maquinaria desde un principio, mientras Capufe resolvía sus problemas internos y determinaba si modificaba o no las bases de la licitación. Pero entonces la habrían denunciado por abandonar el proyecto. El problema radica, a mi juicio, en una pésima Ley de Obras Públicas y no en algún acto de dolo de parte de Gutsa o de los funcionarios de Capufe.
La ejecución de proyectos de infraestructura y el manejo de empresas paraestatales requieren de independencia en la toma de decisiones. Lo ideal sería juzgar los proyectos de obra pública y el manejo de las empresas paraestatales por sus resultados, como hacen los accionistas de las firmas privadas. Pero tenemos una ley que trata de regular hasta el último detalle a pesar de que es imposible prever todas las contingencias que puedan surgir.
Si no resolvemos esa inoperancia de la Ley de Obras Públicas, y si la SFP sigue realizando cacerías de brujas y tratando de cobrar multas que rebasan con mucho el patrimonio reunido por funcionarios en toda su vida de trabajo, como lo ha hecho con los directivos de Capufe o con el ex director de Pemex Raúl Muñoz Leos, pronto será imposible construir cualquier tipo de proyecto de infraestructura o manejar una empresa pública.
Los funcionarios públicos mexicanos ya se muestran aterrados ante cualquier papel que deban firmar. Con la actual actitud persecutoria de la SFP, lo mejor que podrán hacer en el futuro será quedarse sentados en sus escritorios sin tomar nunca una decisión que pueda impulsar al país. Los cazabrujas de la Función Pública, después de todo, andan sueltos.
CASA PARA EL SENADO
Los senadores están empezando a construir una nueva sede en el Paseo de la Reforma, la avenida más cara de la Ciudad de México. El proyecto, que se espera concluir en el año 2010, tendrá un costo para los contribuyentes de 1,700 millones de pesos: 13 millones de pesos por cada uno de nuestros 128 senadores. Lo peor de todo es que esta nueva sede seguirá convirtiendo al Paseo de la Reforma en un imán para las manifestaciones, plantones y protestas que ya la paralizan con tanta frecuencia.
Página de Internet: www.sergiosarmiento.com
