“Pensamos en generalidades, pero vivimos en los detalles”.
Alfred North Whitehead
Uno de los puntos positivos de la reforma fiscal planteada por el Gobierno del presidente Felipe Calderón a través de la Secretaría de Hacienda es la que establece la deducción inmediata de las inversiones. No queda claro, sin embargo, si este beneficio es suficiente para compensar el efecto negativo que sobre la inversión tendría la eliminación de la deducción de los intereses que se pagan por la deuda empresarial.
En la actual legislación fiscal, las inversiones de una empresa o persona física con actividad empresarial se amortizan a lo largo de un determinado número de años, de cinco a 10 dependiendo del tipo de bien de que se trate. Dentro de la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda, estos largos periodos de amortización se eliminarían y la inversión podría deducirse de los ingresos en el año mismo de su realización.
Éste es, quizá, uno de los puntos más positivos de la iniciativa que ha presentado la Secretaría de Hacienda. No será ya necesario tener depreciaciones aceleradas especiales, como las que se han establecido en el pasado para promover la inversión productiva. En caso que se apruebe esta ley, todas las depreciaciones serian aceleradas. El costo total de la inversión se deduciría de los ingresos como si se tratara de cualquier gasto normal del negocio. La medida ayudaría de manera muy importante a impulsar la inversión en nuestro país.
Del lado negativo, sin embargo, se encuentra la eliminación de la deducibilidad de los pagos por intereses de deuda empresarial. La mayor parte de las empresas no hacen sus inversiones en efectivo sino que las financian con deuda. Uno de los incentivos para realizarlas ha sido, por lo tanto, la posibilidad de deducir los intereses. Pero esta posibilidad desaparece con el nuevo sistema que está proponiendo la Secretaría de Hacienda.
¿Salen perdiendo o ganando las empresas ante este cambio de reglas? La situación dependerá de cada caso, por supuesto. Pero, evidentemente, las empresas que más utilizan su flujo de ingresos para financiar sus inversiones se verán más beneficiadas, mientras que las más afectadas serán las que utilicen más deuda para este propósito.
Un funcionario de Hacienda me reconocía ayer que no hay cálculos precisos sobre cuál será el balance para la mayoría de las empresas mexicanas por esta modificación en el sistema fiscal, aun cuando me expresaba su convicción de que la mayoría de las compañías saldrá ganando. La medida, añadía, elimina una distorsión económica que se registraba por el hecho de que la situación anterior subsidiaba el endeudamiento de las empresas.
El nuevo sistema, en cambio, será un apoyo a la inversión.
Pero las empresas tendrán todavía que hacer sus cuentas para ver realmente cuál será la diferencia en su contribución fiscal.
Y habrá que tener cuidado, no sea que terminemos matando a la gallina de los huevos de oro.
Hacienda sigue insistiendo en que la falta de deducibilidad de las nóminas no afectará la creación de empleos en el país debido a la creación de un crédito fiscal al empleo. Pero nadie ha ofrecido hasta este momento cifras concretas que lo comprueben.
Y ante la duda, es inevitable que el escepticismo permanezca. Por otra parte, este crédito al empleo sin duda hará más compleja la contabilidad, especialmente si se considera que se ofrecerán tasas diferencias dependiendo del nivel de ingresos de los trabajadores. Y esto simplemente hace que desaparezca la ventaja de la sencillez que ofrece normalmente un sistema de tasa única.
Otros elementos de la reforma fiscal parecen simplemente destinados al fracaso. El mal llamado “impuesto a la informalidad” difícilmente combatirá la informalidad. No parece un obstáculo muy fuerte a esta actividad el que se cobre una retención de 2 por ciento a los depósitos bancarios en efectivo de más de 20 mil veces. Si acaso, lo único que se logrará será mantener un porcentaje más importante del dinero en efectivo que se maneja en la economía informal fuera de los bancos, lo cual aumentará, lejos de disminuir, la informalidad.
La propuesta de promover el cobro de impuestos especiales estatales a productos que ya se encuentran muy gravados a nivel federal tendrá resultados contraproducentes. Si un estado cobra mayor impuesto por la gasolina que el vecino, lo que empezaremos a ver es un mercado negro en que el producto se lleva de un estado al otro. En el caso de las bebidas alcohólicas, en que los onerosos impuestos han generado ya un importante mercado negro de bebidas adulteradas o de contrabando, un aumento adicional de impuesto bien puede convertirse en un peligro de salud pública al promover un consumo todavía mayor de bebidas adulteradas. A final de cuentas, los impuestos no pueden abolir la fuerza del mercado.
DETENCIONES
Se ha hecho ya común que las procuradurías detengan de inmediato a aquellos reos de alta visibilidad que quedan libres porque no se les pudieron comprobar las acusaciones frente a un juez. Pasó con Carlos Ahumada y la Procuraduría del Distrito Federal hace algunas semanas y ahora con Mario Villanueva y la PGR. ¿Cuál será el problema? ¿Son tan malas las leyes mexicanas que los acusados una y otra vez derrotan a las fiscalías? ¿O acaso nuestros procuradores insisten a encarcelar a personas que no son realmente culpables? Habrá que ver ahora si se logra extraditar a Villanueva y si los jueces en Estados Unidos sí encuentran pruebas para condenarlo por narcotráfico.
