Como siempre, el cúmulo de observaciones que hace la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su informe anual sobre la fiscalización de la cuenta pública (en este caso la de 2005) ponen en claro lo mucho que falta por avanzar en este ámbito; aún así, los resultados dan para muchas reflexiones.
Por ejemplo, destaca que, por enésima ocasión, la ASF reitera que en el rescate bancario hubo discrecionalidad, falta de transparencia y ambigüedad en las responsabilidades de los funcionarios públicos que participaron en el proceso; además detectó insuficiencia e ineficacia en la regulación y supervisión por parte de las autoridades de la SHCP, CNBV y del Banco de México, como resultado de lo cual la carga para los contribuyentes se elevó enormemente. Punto que no se enfatiza en los porqués de mayores requerimientos financieros del sector público.
Pero quizá el señalamiento de la ASF de mayor relevancia, a nuestro juicio, es lo que tiene que ver con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que como se sabe está por iniciar la discusión sobre la reforma fiscal que, según dicen algunos, seguirá el mismo caminito de la accidentada aprobación a la reforma de la ley del ISSSTE.
En esencia, la ASF detectó que grandes corporativos se han beneficiado con créditos fiscales de 2001 a 2005, y como consecuencia de ello dejaron de ingresar al fisco 495 mil 807.9 millones de pesos, lo que representa casi el diez por ciento del PIB. En dicho periodo el saldo de dichos préstamos paso de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal. En algunos casos no solamente se registraron créditos fiscales, sino que hasta hubo devolución de impuestos. La recuperación de los créditos fiscales fue de apenas el 1.7 por ciento de la cartera total en 2005.
Una gran lista de interrogantes se abre a la luz de los resultados que presenta la ASF, que por cierto en alguna medida confirma los señalamientos y planteamientos que en su momento hizo el candidato AMLO y ahora en su papel de “presidente legítimo”, con lo que en los hechos se esta significando como un crítico gabinete sombra; ahí está lo del decreto de austeridad de Calderón, lo de la Ley de salarios máximos de los funcionarios públicos y otros más.
De acuerdo con esta instancia política, ello revela la existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, lo que explica los elevados créditos fiscales y, en alguna medida, el bajo coeficiente de recuperación de los mismos por el SAT.
A estas alturas es muy pertinente preguntarse: ¿para eso querían la autonomía del SAT?, ¿quizá para que, alegando autonomía, se obstaculizará la fiscalización y eventualmente el escrutinio ciudadano sobre el manejo tributario? ¿A eso se refería Fox cuando varias veces se jactó que su gobierno era de empresarios para empresarios? Usted agregue las interrogantes que considere pertinentes.
Según la SHCP, en la discusión de la reforma fiscal, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser ingredientes básicos. Esperemos que esto abarque el manejo del SAT. De momento, para algunos es razonable pensar que no se necesita una reforma fiscal ya que solamente bastaría con que se combatiera la corrupción y el dispendio y hubiera un desempeño con un mínimo de equidad y transparencia en el cobro de impuestos. Quizá estos elementos no invalidan la necesidad de la reforma integral, pero deberían ser parte fundamental de la misma.
Por cierto, estas “particularidades” del sistema fiscal mexicano han sido ubicados por varios organismos internacionales, entre ellos la OCDE, al que pertenece México, quien señala que nuestro país se caracteriza por una notable pobreza y desigualdad “donde los intereses de las élites bloquean o desvirtuan las políticas económicas encaminadas a corregir tal situación”. Hay que darle mucho crédito al señalamiento ya que José Ángel Gurría, actual director de la OCDE, fue, antiguo secretario de Hacienda en nuestro país y miembro distinguido de la elite gobernante.
Así las cosas, para un buen número de analistas, la discusión de la reforma fiscal deberá hacer énfasis en la eficiencia de la recaudación, ampliar la base gravable, eliminar muchas exenciones de que gozan grupos relativamente pequeños de la población, pero de ingresos muy elevados. Esta es una visión que quizá no comparte el gabinete de Felipe Calderón, y por ello la expectativa está en ver si nuevamente el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa el tantas veces rechazado expediente de gravar con el IVA medicinas y alimentos, o si recurren a propuestas más imaginativas.
Un comentario general cabe hacer sobre la situación de la finanzas públicas: con un fuerte ajuste a los salarios y prestaciones de privilegio en todo el sector público, (a todos los niveles de gobierno y paraestatal), más un ajuste en el manejo fiscal daría recursos suficientes para planear con suficiencia la reestructuración del sector energético (Pemex, CFE) sin privatizar, así como canalizar recursos a la infraestructura y al gasto social como educación y salud, y, desde luego, para planear la transición de los sistemas públicos de pensiones. Hay tareas.
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