la Procuraduría General de la República fue pieza central en el embate contra Napoleón Gómez Urrutia, repuesto ayer en la secretaría general del sindicato minero por disposición judicial, y a partir de hoy una vez más ratificado en su cargo por la convención nacional de ese gremio que por tercera vez en un año se reúne para hacer valer la legalidad sindical. Además, la PGR se ha mostrado lenta y omisa en la averiguación previa de que resultarían consignados funcionarios de la Secretaría del Trabajo, a causa de la tragedia de Pasta de Conchos.
De tres modos intervino la PGR en la decisión de perseguir al dirigente minero y su comité ejecutivo nacional. Después de que falló la tentativa del presidente Fox de que el gobernador Humberto Moreira “buscara” algún delito por el cual incriminar al líder minero, y no obstante que quizá pedidos semejantes sí fueron escuchados por otros ejecutivos locales, de cuyos juzgados salieron órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia, la PGR decidió iniciar su propia averiguación, con miras a fincar un proceso en el fuero federal.
Fracasó estrepitosamente, no obstante que al menos desde abril de 2006 se empeñaba en lograrlo. El 27 de ese mes el propio procurador Daniel Cabeza de Vaca, ahora consejero jurídico de la Presidencia dijo que el líder era indiciado en delitos fiscales y financieros. Más específicamente, se le acusó de modo formal de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, es decir por “lavado de dinero”. Se solicitó orden de aprehensión porque presuntamente habría adquirido una casa en la calle de Sierra Madre en las Lomas de Chapultepec con parte de los 55 millones de dólares cuyo mal uso se le achacaba. Un juez federal y un tribunal rehusaron disponer la captura de Gómez Urrutia a partir de un hecho elemental: la propiedad había sido adquirida en 2002, dos años antes de que el sindicato minero tuviera en su patrimonio aquella enorme suma.
Cuando fueron privatizadas las minas de cobre de Nacozari y Cananea, se impuso como condición a los adquirientes, sendas empresas del Grupo México, entregar el cinco por ciento de las acciones respectivas al sindicato minero. El consorcio se entercó durante años en incumplir esa obligación, y fue menester que el sindicato litigara su acatamiento, hasta que lo consiguió en el año 2004. Apenas le fueron entregados los títulos accionarios, el sindicato acordó venderlos al propio Grupo México, por cuya operación obtuvo 55 millones de dólares, colocados de inmediato en un fideicomiso que permitiera a la agrupación gremial el cumplimiento de sus propias obligaciones. La principal de ellas consistía en entregar a quienes trabajaron en aquellas empresas mineras privatizadas una participación del beneficio accionario, lo cual fue realizado hasta llegar a un monto de 22 millones de dólares, según ha declarado el sindicato. El resto, menos siete millones de dólares que, según lo dicho también por la directiva sindical, fue el costo de la disputa legal para disponer de ese dinero, está depositado en cuentas cuyos números han sido dados a conocer en más de una oportunidad por el comité encabezado por Gómez Urrutia. Hoy mismo, en la convención nacional se ofrecerá a los delegados un nuevo reporte del estado que guardan esos fondos.
Incapaz la PGR de formular una acusación firme contra Gómez Urrutia, se dio a la tarea de difamarlo. Filtró informes sobre su fortuna inmobiliaria y sobre transferencias de recursos millonarios al extranjero. O eran sólo invenciones o no tuvo la PGR la destreza pesquisitoria para allegarse elementos de prueba sobre esas conductas, pues de lo contrario los habría incorporado a sus tentativas de lograr órdenes de aprehensión de jueces federales. También desplegó un activismo inusual en informar al público sobre la expedición de una ficha roja con que la Interpol localizaría en Canadá al dirigente minero, y sobre el carácter “inminente” de su extradición. Ni la policía internacional ni el gobierno canadiense actuaron del modo como lo hacía presumir la PGR, no obstante que era público que Gómez Urrutia se hallaba cobijado por el sindicalismo metalúrgico de Canadá y, por ello, era fácilmente ubicable.
En contraste con el activismo que de esas maneras mostró, la PGR fue parsimoniosa en la tramitación de las denuncias sobre falsificación de la firma de Juan Luis Zúñiga, sobre la que se erigió la destitución de Gómez Urrutia. Transcurrieron muchos meses sin que se practicara el peritaje solicitado, y todavía un largo trecho a partir de su realización y la admisión de que se trataba en efecto de una falsificación. Y cuando eso ocurrió, manos hasta ahora desconocidas hicieron desaparecer la documentación respectiva, sin que se formularan denuncias sino que sólo se pidió a los presuntos implicados el favor de permanecer disponibles en sus casas por lo que pudiera ofrecerse.
Parsimonia semejante ha observado la PGR en torno a los delitos resultantes en la tragedia de Pasta de Conchos. Hace un mes ya en que la procuraduría de justicia de Coahuila solicitó la aprehensión de cinco ejecutivos de Industrial minera México, cuyo proceso está en curso. Al mismo tiempo, el Ministerio Público coahuilense entregó al federal los elementos para que procediera en igual sentido contra funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuya negligencia presuntamente contribuyó a la tragedia. Es la hora en que la lenta y omisa PGR no lo ha hecho, en beneficio de los implicados.
