“La Ley es la razón libre de la pasión”.
Aristóteles
El dictamen del ministro Juan Silva Meza, parcialmente aprobado por el pleno de la Suprema Corte, es contundente: “Sí existió un concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar garantías individuales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro… Sí existe violación reiterada de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad… En la violación a las garantías individuales se encuentran involucrados el gobernador del estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres” y 29 otros funcionarios de los gobiernos de Quintana Roo y de Puebla.
Este dictamen, sin embargo, surge sólo de que la propia Corte se dio a sí misma una facultad que la Ley no otorga a los demás tribunales de nuestro país: la de considerar en su investigación una grabación ilícita de una conversación telefónica entre el gobernador Marín y el empresario poblano Kamel Nacif. Esta grabación, como lo ha expresado el ministro Mesa, es la única prueba del involucramiento del gobernador en los hechos.
La condena de la Corte a Marín no implicará un castigo: por lo menos no de inmediato. Desde un principio los ministros señalaron que no son Ministerio Público y que por lo tanto no pueden convertirse en instancia investigadora y acusadora. Sus conclusiones tendrán que ser enviadas a otras instancias, las cuales tendrán que hacer las acusaciones pertinentes. Pero, ¿cómo podrán hacerlo si por Ley no pueden considerar como prueba una grabación ilícita de una conversación telefónica que la Corte sí tomó en cuenta? Por otra parte, si se inicia una acusación penal en contra del gobernador Marín o de otros indiciados, ¿cómo podrán los acusados recurrir a las instancias legales que dependen a la Suprema Corte cuando ha sido ésta la que hizo la investigación? Finalmente, queda una pregunta en el aire: ¿no se han violado los derechos del gobernador al usar en su contra una prueba ilegal?
La posibilidad de que la Procuraduría de Puebla vaya a actuar en contra del gobernador y de algunos de los más importantes funcionarios del Gobierno del Estado, incluida la procuradora Blanca Laura Villeda, es realmente muy lejana. No parece claro, por otra parte, que la Procuraduría General de la República pueda presentar acusaciones en el fuero federal. Si lo hace, por supuesto, el PRI se quejaría de que el gobernador Marín está siendo objeto de una persecución política, y esto llevaría a un rompimiento de la colaboración que el PAN y el PRI han tenido en el Congreso.
Quizá la opción más lógica sería un juicio político. Pero en el Congreso local éste no prosperaría ya que el PRI tiene mayoría y es una mayoría leal al gobernador. El PRD ha dicho que buscaría un proceso en el Congreso de la Unión, pero es de esperarse que el PRI se oponga. El voto crucial será del PAN, pero también en este caso perdería la colaboración del PRI. En un juicio político, por otra parte, lo que importa son las posiciones políticas de los partidos y no las pruebas, por lo que no es relevante la ilegalidad de la grabación de la conversación telefónica entre el gobernador y Nacif.
El asunto Lydia Cacho no ha debilitado la fuerza política de Marín. En las elecciones que se llevaron a cabo en Puebla el 11 de noviembre, el PRI, lejos de debilitarse, se fortaleció y barrió en ayuntamientos y diputaciones. Habrá que ver si un intento de juicio político en el Congreso de la Unión dañará la popularidad de Marín. Lo más probable, sin embargo, es que lo convierta en un héroe a ojos de muchos poblanos.
Puebla ha pagado un alto costo por todo este episodio. No sólo ha debido el Gobierno poblano dedicar una enorme cantidad de tiempo a este tema, sino que Kamel Nacif decidió retirar sus inversiones del estado de Puebla, para lo cual cerró o vendió sus fábricas textiles. No hay información sobre cuántos poblanos perdieron su empleo por esta decisión.
Lydia Cacho ha demostrado ante la Suprema Corte, mientras tanto, lo que siempre sostuvo: que su detención y transporte por carretera de Cancún a Puebla fue un ilegal acto de intimidación. También ha comprobado, lo cual es quizá más importante, que ha habido una “violación reiterada de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad”. La explotación de esas niñas que ella denunció en su libro Los demonios del edén, que es el inicio de todo este conflicto, es reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tiene otros logros a su favor Lydia Cacho. Uno de ellos ha sido la despenalización de la calumnia y la difamación en el fuero federal y en la Ciudad de México. Los casos que hoy deban producirse por estas faltas deberán conducirse en el campo de lo civil. El caso de Lydia Cacho fue uno de los que llevaron a esta despenalización.
La historia aún no ha concluido. Pero la decisión de la Corte es sin duda un capítulo definitivo.
LINEAMIENTOS
El IFE dará lineamientos a los medios de comunicación para su cobertura de las campañas electorales, pero según los legisladores no habrá sanción. ¿Significa esto que una vez que uno reciba estas “sugerencias” puedo tirarlas a la basura y no preocuparme por ellas? En ese caso, ¿qué sentido tiene dar esos lineamientos? ¿O acudirá el IFE a los instrumentos que le da la Ley para sancionar al medio que no siga esos lineamientos?
Página de Internet: www.sergiosarmiento.com
