Para Miguel Ángel Granados Chapa en sus 30 años de Plaza Pública
Entre las marchas que colapsan las calles de la Ciudad de México y los atentados a ductos de Pemex, nunca había sido más pertinente la pregunta y título de aquel famoso libro de Julieta Campos: ¿Qué hacemos con los pobres? Las clases medias y acomodadas en México tienen un problema: la mayoría de la población vive en la pobreza y una quinta parte padece pobreza extrema. Peor aún, la mayoría, de los que se encuentran en la miseria, ha descubierto que la situación no ha mejorado o de plano ha empeorado con los años.
Por lo anterior es imposible no esperar altos niveles de inconformidad. En teoría, el sistema político de una sociedad sirve justamente para canalizar las insatisfacciones de los sectores afectados y dar cauce a sus requerimientos y proyectos. Para nuestra desgracia, el sistema político mexicano ha perdido gran parte de su capacidad para cumplir dar salida a las expectativas de los sectores desprotegidos.
Con esto no quiero defender al viejo sistema priista, al cual habría que atribuirle la responsabilidad de haber generado esta sociedad tan desigual, en primera instancia. Pero habría que reconocer que sus estrategias populistas, su oficio político y sus mecanismos de cooptación eran percibidas como válvulas de escape en momentos de confrontación. Ya se ha dicho, por ejemplo, que gobernadores como Ulises Ruiz, de Oaxaca, o Mario Marín, de Puebla, repudiados ambos por sus administraciones corruptas, ya habrían sido desechados en el viejo régimen. Hoy, en cambio, constituyen una fuente permanente de inestabilidad.
En este momento el sistema político mexicano no está procesando los conflictos sociales y políticos o lo hace de manera por demás precaria. Desde casos complejos como Oaxaca o Atenco, hasta multitud de microexplosiones a todo lo largo del territorio nacional: vecinos que toman calles para exigir agua; comunidades agrarias que impugnan un despojo; obreros que buscan sacudirse un líder corrupto, más un largo etcétera. Ciertamente México ha experimentado avances democráticos en lo electoral. Pero tales avances significan muy poco para los más pobres, porque siguen experimentando en carne viva el sistema de “injusticia” y la persistencia de privilegios y abusos a lo largo de toda la estructura económica y política. Además, la sensación de fraude electoral que dejó los comicios de 2006 en estos grupos, no hace sino incrementar la incredulidad y el hartazgo que acusan estos sectores sociales.
Todo lo anterior significa que la geografía mexicana tiene altas probabilidades de convertirse en un largo territorio minado, con multitud de microconflictos potenciales explotando de manera alternada, cada uno con su propia lógica. No es factible que al mediano plazo disminuya la pobreza, la desigualdad o la percepción de injusticia; tampoco es probable que el sistema político salga de su parálisis e inoperancia en el corto plazo. Dicho de otra manera, nos esperan muchos años de pequeñas y grandes explosiones de inconformidad, multitud de marchas, acciones desesperadas dictadas por la rabia y la desesperanza.
La pregunta de fondo es ¿qué vamos a hacer frente a ello? EPAN del Distrito Federal ha iniciado una campaña en contra de las marchas, con polémicos anuncios que llegan a acusar de asesinos a los manifestantes (hace unos años una persona murió en una ambulancia detenida por un embotellamiento). Es una táctica oportunista que busca el apoyo de los millones de capitalinos afectados por la locura insana de una ciudad con la vida cotidiana colapsada. Parecería formar parte de una estrategia panista para conquistar el Distrito Federal de una vez por todas (estrategia en la cual se incluiría el embate de Felipe Calderón de las últimas semanas en contra de Marcelo Ebrard).
Sin embargo, reprimir o cancelar las posibilidades de protesta de los inconformes equivale a jugar con fuego. El sistema no tiene solución para la mayoría de los problemas que motivan las protestas; pretender, además, que no “vengan a molestarnos” con sus quejas, implica cerrar todas las salidas posibles, salvo la violencia. El PAN capitalino exige un reglamento para que las marchas se limiten a ciertas zonas y horarios para que no afecten la vida de los demás. Pero justamente ésa es la esencia de la protesta: presionar a la opinión pública como último recurso frente a la incapacidad o la infamia de autoridades e instituciones ante determinadas reivindicaciones o agravios. No son grupos que tengan poderosos abogados y redes de influencia para resolver su “agenda” a la manera en que lo hacen otros sectores sociales.
Esto no quiere decir que no pueda establecerse normas que faciliten el derecho a protestar tratando al mismo tiempo de salvaguardar el interés común. Lo peligroso de la propuesta panista es el espíritu que la anima: la descalificación al derecho mismo a expresar la inconformidad.
No hay manera de justificar los atentados en contra de las instalaciones de Pemex que se adjudica el EPR. El daño a toda la sociedad en su conjunto es incalculable, incluyendo a sus sectores más desprotegidos. Son acciones con las que perdemos todos. Pero los grupos conservadores tendrían que asumir que no pueden mantener un doble discurso: una sociedad que genera pobreza y al mismo tiempo, pretender que los pobres no existen. Establecer criterios para no tener que verlos u oírlos nos condena a un silencio hipócrita y aparente, que tarde o temprano será interrumpido por explosiones violentas de odio y desesperación. Por cada cien o cada mil marchistas reprimidos creamos un guerrillero o un terrorista al que hemos convencido que el sistema no tiene más posibilidades que ser destruido. No es una cuestión de aritmética o de multitudes; bastan unos cuantos dedicados a la subversión violenta para sembrar la inseguridad, desplomar las variables macroeconómicas y precipitar la ingobernabilidad.
No hay soluciones fáciles a la desigualdad e injusticia. Lo único que no podemos permitirnos es pretender que no existen. O hacemos algo con los pobres o ellos terminarán haciendo algo al resto de la sociedad.
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