Más allá de las quejas de los locatarios del mercado Alianza y de la Cámara de Comercio, quienes atribuyen una caída en las ventas debido al cambio de rutas de los camiones de Gómez Palacio, es importante que reflexionemos sobre la toma de decisiones de las autoridades y del papel que jugamos como sociedad civil para contribuir al desarrollo de Torreón.
El pasado 22 de agosto la dirección de Autotransporte Municipal ordenó el cambio de rutas de los camiones conocidos como “Rojos” y “Verdes” con el objetivo de descongestionar la calle Múzquiz. Un día después de haber tomado la decisión, se formó un cuello de botella en la Múzquiz y Allende, que las autoridades no previeron aunado al disgusto generalizado en los usuarios de estos camiones.
De acuerdo al politólogo, Luis F. Aguilar Villanueva, la implementación de cualquier política pública tiene como objetivo buscar el bienestar de la sociedad, sin embargo antes de aplicarla es necesario analizar las variables, los costos-beneficios de la misma y sobre todo, tener varias posibles soluciones al problema que se busca resolver.
Dichas premisas parecen no haberse cumplido al ordenar el cambio de rutas, sobre todo cuando no se previó el cuello de botella ya mencionado. Actualmente el crucero de Ramos Arizpe y Allende, es uno de los más peligrosos debido al gran número de camiones de Gómez Palacio que invaden carriles para poder dar la vuelta, sin que en el lugar se aprecie la presencia de algún agente de tránsito.
Un mes después de haber sido tomada la medida, presionado por las amenazas de los locatarios del mercado Alianza y los agremiados a la Cámara de Comercio de realizar bloqueos y declararse en huelga de pagos al Municipio, el alcalde José Ángel Pérez anunció que ya se realiza un estudio en el que fundamentará su decisión de regresar o no a su recorrido original a los camiones de Gómez Palacio.
En este escenario la pregunta obligada es: ¿entonces no se hizo un estudio previo al cambio de rutas? Pareciera que la respuesta es “no”, cuando nunca se previó el cuello de botella que se formó en la Allende y Múzquiz. Esta percepción es reforzada también con el anuncio del alcalde de un nuevo estudio donde se analizará el impacto comercial y los puntos de vista de los usuarios: “Incluiremos diversas opiniones para llegar a una conclusión y analizaremos desde una perspectiva general las diferentes propuestas que tenemos sobre la mesa, de manera que todos ganemos”, declaró José Ángel Pérez a los medios de comunicación el pasado viernes 28 de septiembre.
El discurso del alcalde suena congruente, sobre todo al afirmar que se buscará que todos los involucrados en el problema ganen, pero ¿qué esto no se debió haber hecho antes de ordenar el cambio de rutas? Con esta forma de tomar decisiones, las autoridades generan la percepción que más que políticas públicas eficientes, los ciudadanos estamos expuestos a ocurrencias. Aunado a que ahora las autoridades anuncian un “nuevo estudio” como reacción a la inconformidad de un grupo. Es decir, pareciera que no hay planeación y sólo reacciones a las protestas.
Esto último no es característica exclusiva de la actual Administración, por el contrario ha sido la constante de las diferentes autoridades municipales por décadas. El mejor ejemplo es el siguiente: ¿cuántas vialidades rápidas en Torreón han sido “sacrificadas” al colocar bordos tras una manifestación?
El argumento de que la gente proveniente de Gómez Palacio ya no acude a la Alianza a comprar porque debe caminar unas cuantas cuadras, es demasiado débil. Y es aquí donde debemos preguntarnos sobre nuestro actuar como ciudadanos, ¿por qué siempre queremos que el camión nos deje en la puerta de nuestra casa, trabajo o colegio? Por qué esa aberración a caminar y por ende a fomentar el uso del automóvil, con sus inherentes efectos negativos al medio ambiente?
¿Por qué en otras ciudades de la República, el Centro es un lugar para caminar y aquí nos negamos hacerlo? ¿A qué atribuimos nuestra nula cultura vial, que va desde no respetar los señalamientos hasta el no usar los puentes peatonales?
El conflicto de las rutas de los camiones de Gómez Palacio puede ser tan sólo un buen pretexto para reflexionar como sociedad civil qué ciudad queremos y por otro lado, exigir a nuestras autoridades que se tomen decisiones después de haber sometido diversas variables a un severo análisis. La función pública obliga a la planeación y no sólo a la reacción para solucionar los problemas.
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