“La opinión pública parece no haberse percatado de las varias amenazas a las libertades ciudadanas encerradas en la reforma política”.
Federico Reyes Heroles
La idea de que los medios escritos quedarían exentos de los nuevos mecanismos de censura de la reforma política o electoral empieza a desmoronarse. En algunos círculos intelectuales se había aceptado, incluso aplaudido, la reforma porque se veía en ella un castigo contra los medios electrónicos. Hoy se percibe que la censura puede ampliarse también a los escritos.
El nuevo texto del Artículo 41 de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación este pasado 13 de noviembre y en vigor a partir del 14 de noviembre, establece que “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular” (III apartado A).
Esta redacción del Artículo 41 de la Constitución tuvo ya su primera víctima. Luis Mandoki y los productores del documental Fraude México 2006, actualmente en cartelera, enfrentaron la negativa de numerosas emisoras de radio de distintas empresas para difundir unos comerciales con audios tomados de la película. Los anuncios, que se emitirían en ciudades de los estados, estaban ya contratados y aprobados por las emisoras, pero la entrada en vigor del nuevo Artículo 41 de la Constitución puso freno a su difusión.
¿Por qué? Porque estos anuncios serían seguramente interpretados como propaganda política de los partidos y grupos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. El que la contratación de tiempos la haya hecho Mandoki no exonera sino que agrava la falta. Lo peor de todo es que los castigados no serían Mandoki ni el PRD sino las emisoras de radio que difundieran los anuncios. El apartado D del nuevo Artículo 41 de la Constitución señala que el Instituto Federal Electoral sancionará por “procedimientos expeditos”, esto es, sin derecho a juicio o a defensa, a quienes violen esta ley. Y los castigos “podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias a la ley”. Es una sanción que sólo los peores regímenes autoritarios contemplan.
Para muchos académicos esta censura es aceptable siempre y cuando se aplique sólo a la radio y televisión abiertas. El propio Artículo 41, sin embargo, señala que se prohíbe a los partidos la contratación “por sí o por terceras personas” de tiempos en “cualquier modalidad de radio y televisión”. En otras palabras, la censura se aplicará no sólo a los medios abiertos sino también a los restringidos, como la televisión por cable, la de satélite o la que se difunda por Internet. Con esta medida, México se está uniendo a China y a Myanmar en ese selecto grupo de países en el mundo que censuran abiertamente los contenidos de la Red.
Si bien las modificaciones a la Constitución sólo establecen esta censura para radio y televisión, los senadores están tratando de ampliarla a los medios escritos. Según una nota de Leticia Robles de la Rosa del periódico Excélsior, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que el Senado está discutiendo incluye medidas adicionales de restricción. Así, el Artículo186 del quinto libro del Cofipe prohíbe toda “propaganda política o electoral” que denigre “a las instituciones o a los propios partidos”. El IFE sería también el organismo censor. Pero en este caso el Artículo 182-A define “propaganda” como los mensajes en diarios, revistas y otros medios impresos, como “inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares”. El nuevo Cofipe obligaría también a los medios escritos a revelar información sobre los anunciantes que contraten publicidad electoral.
Esta reforma se está convirtiendo en un nuevo golpe a la democratización y a la libertad de expresión. El Cofipe, lejos de subsanar los problemas de la reforma constitucional, se está convirtiendo en otro retroceso importante.
Mucha gente no se ha percatado de lo que implica esta nueva reforma electoral que el Congreso está presentando en una pesada andanada de anuncios como un gran triunfo. Los legisladores han aprovechado la indiferencia de los mexicanos ante los temas políticos para sacar adelante sus agendas. Esperan que para cuando queden en evidencia las verdaderas consecuencias de la ley, será ya demasiado tarde para remediar el mal.
DISPOSITIVO PRESIDENCIAL
El vocero del aeropuerto de la Ciudad de México me ha enviado un “manifiesto de salida” que señala que el retraso del vuelo 2400 de Aeroméxico Connect (Aerolitoral) de México a Veracruz que cité el lunes 19 de noviembre en mi columna se debió a labores de mantenimiento y no a un “dispositivo presidencial”. Tomo nota de la aclaración, pero debo señalar que este viernes el retraso afectaba a cuatro vuelos de Aerolitoral. Una agente de Aeroméxico me informó primero a mí que el avión ya estaba en tierra y que se estaba demorando por un “dispositivo presidencial”, pero más tarde el anuncio de que el retraso de los cuatro vuelos se debía a este dispositivo se hizo por los altavoces.
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