En los últimos días se han levantado dos nuevas amenazas para recrudecer el conflicto entre los gobiernos del Estado y el Municipio. Lo más preocupante es que se trata de temas de la más alta importancia para la ciudadanía: seguridad y educación.
El primer caso involucra la polémica sobre la ubicación del Centro de Control Regional de Crisis, que unificaría la atención a emergencias de seguridad de la Comarca Lagunera de Coahuila en una sola ubicación.
El alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, ofreció un terreno en el Periférico colindante con el río Nazas, que no está regularizado por el Gobierno Federal. Cuando el Fideicomiso de Seguridad Pública consideró ubicar ahí el centro, descartó el lugar porque el Municipio no había terminado el trámite de regularización. En cambio, aprobó la propuesta del Gobierno del Estado para construir el centro en un predio de Matamoros, aunque el secretario de Seguridad Pública, Fausto Destenave, omitió mencionar que el terreno está sujeto a un litigio de ejidatarios.
En realidad, la tecnología en telecomunicaciones hace menos relevante la ubicación del centro, por lo que el debate parece más un concurso para medir fuerzas entre el gobernador Humberto Moreira y el alcalde José Ángel Pérez.
Es hora de que el Fideicomiso decida una tercera opción, un lugar que no tenga problemas jurídicos, para iniciar lo más pronto posible la construcción del centro, por supuesto dentro de un radio razonable con respecto a la ciudad de Torreón, que es la ciudad con más emergencias que requieren respuesta policiaca en los municipios de la Comarca.
El otro asunto polémico gira en torno a la educación y a la construcción de aulas, para ser precisos. Curiosamente, también se da alrededor de terrenos, en esta ocasión de predios cuya donación no ha sido completada por el Municipio de Torreón para construir espacios educativos. Esto provocó que la Secretaría de Educación estatal decidiera enviar a otros municipios parte del dinero destinado a construir aulas en esta ciudad.
El déficit de aulas afecta a 12 mil estudiantes torreonenses, que hoy regresan a clases en condiciones inaceptables para su educación. Estado y Municipio deben resolver a la brevedad el problema por los terrenos, dando espacio para que el trámite de la donación pueda ser agilizado e identificando los “cuellos de botella” donde la burocracia ha frenado esta obra necesaria. Incluso se ha señalado que parte de la lentitud podría estar en el propio Gobierno Estatal. El gobernador Humberto Moreira debe rectificar la decisión de la Secretaría de Educación y asegurarse de que el dinero se quede en Torreón.
No es posible que, luego de meses de conflicto, nuestras autoridades echen más gasolina al fuego de sus propios desacuerdos con decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
