Cuidado, lo que está en juego es la manera de hacer política o peor aún, lo que está en juego es la manera de deshacer la política.
Tres poderosas fuerzas ocupan el espacio en estos días: los medios electrónicos de comunicación, las Fuerzas Armadas y desde luego, el gremio magisterial. Esas fuerzas junto a algunas otras –que, de momento, no tienen un rol protagónico– son las que, a final de cuentas, determinarán el estilo de hacer o deshacer la política durante el sexenio.
En ese peligroso juego, curiosamente, no aparecen los partidos políticos, el parlamento ni el Gobierno. No inciden en el modelado de la política sexenal. En cierto modo, la política está fuera de los circuitos por donde naturalmente debería correr y entonces, se asiste a un torneo de fuerzas donde la República no es más que la arena.
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No este lunes, pero sí el próximo. La videopolítica estará en el banquillo de los acusados, en dos foros distintos.
Ese lunes, los ministros de la Suprema Corte determinarán la inconstitucionalidad o no de las reformas hechas a la Ley de Radio y Televisión. Y ese mismo día, los consejeros del Instituto Federal Electoral sancionarán a los partidos políticos por el sobregiro de sus gastos en la de campaña de 2006. Dispendio concentrado en el número de spots radiofónicos y televisivos que no han logrado acreditar.
En el banquillo de los acusados estarán, por un lado, los legisladores que cedieron a la presión de los concesionarios de radio y televisión y por el otro, los partidos políticos que cedieron al imperio del spot. En el fondo, el asunto a juzgar y considerar es la incidencia de los medios de comunicación en la política.
Lo que estará en juego es la fuerza del poder mediático en la política. En las presiones que sentirán los ministros y los consejeros se reivindicará o no a la política, luego que un buen sector de la clase política firmara su acta de rendición frente a la videopolítica. En más de un sentido, la política ha sido quebrada por el imperio de la pantalla y el cuadrante radiofónico.
Como garantía de su hipoteca a la radio y la televisión, los partidos entregaron a la ciudadanía. En el fondo eso hicieron, por eso su quiebra no sólo es económica. A la ciudadanía la sometieron, primero, a la partidocracia para traspasarla a la mediocracia.
Exhibida su doblez frente al poder mediático, la clase política se ve obligada a reconsiderar su conducta. Algunos de sus integrantes, hoy dicen lo que ayer callaron, v.gr., Santiago Creel; otros recallan, lo que ayer callaron, v.gr., Pablo Gómez; y algunos repiten lo que ayer dijeron o cobraron, v.gr., Emilio Gamboa.
Lo cierto es que las decisiones de los ministros de la Corte y de los consejeros en el IFE serán determinantes en el rescate o la pérdida de la política.
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La otra fuerza que ocupa el escenario es la militar. El peso que, de más en más, adquiere la institución armada en el combate a la fuerza criminal es un asunto delicado y más cuando, al menos hasta ahora, se desconoce a ciencia cierta cuál es el parte de guerra.
Entre las primeras decisiones del Gobierno de Felipe Calderón estuvo la de poner de primer trinchera, frente al crimen, la que debió ser la última trinchera. No medió explicación seria sobre el asunto, sólo el anuncio de la decisión tomada y hoy todo el peso de la responsabilidad del combate al crimen organizado lo traen a cuestas las Fuerzas Armadas. Es una responsabilidad tremenda.
La dimensión del problema probablemente justifica aquella decisión, pero lo que falta aún por justificar es si el actual Gobierno se va a interesar en algún otro campo de la administración. Salvo la reforma a las pensiones del ISSSTE, el nuevo Gobierno no ha mostrado decisión y enjundia por atacar algún otro problema de los muchos que se anotan en la cargada agenda nacional de pendientes.
El Gobierno se interesa por divulgar éste o aquel otro operativo militar o policiaco, por unificar no muy claramente el mando de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, por reforzar y acrecentar las facultades del Ministerio Público o por crear el nuevo Cuerpo de Fuerzas de Apoyo, pero nada o muy poco se sabe de su actuación en alguna otra área de la administración. Error o no de comunicación, la imagen gubernamental es la de un Gobierno exclusivamente interesado en acreditar fuerza y autoridad.
Si se decía que, a raíz de la crisis económica salinista, Ernesto Zedillo resolvió dejar de ser presidente de la República para convertirse en un supersecretario de Hacienda; hoy, se podría decir que a raíz de la crisis de la seguridad nacional foxista, Felipe Calderón resolvió dejar de ser presidente de la República para convertirse en un supersecretario de la Defensa.
En la agenda gubernamental no aparece ningún otro tema distinto del uso de la fuerza contra el crimen, como tampoco aparece un sólo secretario de Estado con personalidad. La política está desaparecida en el Gobierno.
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La otra fuerza que ocupa el escenario es la del sindicato magisterial que encabeza Elba Esther Gordillo.
Frente a lideresa, muchos de los que tanto criticaron el caudillismo como un retroceso en el quehacer político, de seguro, intentarán explicar que tenían problemas con los caudillos, pero no con las caudillas. Algo está ocurriendo con la profesora y por lo visto, ni sus alumnos quieren tomar nota.
La profesora hace sentir su fuerza. Del ejercicio del poder, ha hecho un ejercicio de ostentación mucho más allá del ámbito de su estricta competencia: impone funcionarios, favorece o desfavorece candidatos, respalda o abandona gobernadores, mantiene minifracciones parlamentarias, pero en todos los partidos, construye un nuevo partido sin renunciar a sus enclaves en el PRI y el PAN, mantiene o acrecienta su presencia en órganos electorales o de comunicación… Sabe que ya tiene un grupo político que rebasa con mucho el campo de la educación y no tiene interés en darle un revestimiento político de mayor alcance que la simple acumulación de poder. Todos le temen, pero nadie la resiste.
Hoy, esa fuerza negocia en la Secretaría de Educación Pública y muy poco le importa tratar o no con la titular de esa dependencia, la precandidata Josefina Vázquez Mota, que no logra acreditar el título de gran operadora. La maestra o su escudero la tratan con brutal desdén como con desdén miran la pretensión de algunos sectores de la sociedad por incidir en la educación.
A nadie escapa que la verdadera reforma que requiere el país, es la reforma educativa. Importan la fiscal, la energética, la laboral, pero la fundamental es la de la educación, pero en ese campo, no hay política, hay la fuerza acumulada por la dirigencia de ese gremio que no tiene problema es demostrar que el asunto es de fuerza y nada más.
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Hoy, la agenda nacional, la agenda ciudadana, la agenda gubernamental y la agenda de los partidos son cuatro asuntos inconexos. La política no las une, las divorcia, pero sin política no hay democracia. La pregunta es si se quiere hacer o deshacer política. Lo demás es un estricto asunto de fuerzas. No se ve organización, inteligencia ni proyecto.
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