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Mayores recursos, sin garantía de calidad educativa

El invertir grandes sumas de dinero en la educación no garantiza grandes rendimientos en el desarrollo escolar de los niños. (El Universal)

El invertir grandes sumas de dinero en la educación no garantiza grandes rendimientos en el desarrollo escolar de los niños. (El Universal)

El Universal

Los estados que gastan más en educación no son los mejores y las entidades con los mejores

resultados no son necesariamente las que realizan un mayor gasto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gasto que realiza la mayoría de los estados del país en educación básica no corresponde con la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos.

Es decir, los estados que gastan más en educación no son los mejores y las entidades con los mejores resultados no son necesariamente las que realizan un mayor gasto.

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 se encontró que estados como Baja California y Campeche son las dos entidades que gastan más por alumno (17 mil 800 pesos); sin embargo, al medir el número de graduados en la primaria y secundaria sus resultados no son los mejores, pues de sus aulas están desertando entre 12 y 27 niños de cada cien que inician clases.

De acuerdo con el documento de la ASF, Quintana Roo es el estado con el mejor desempeño escolar, puesto que de su sistema de primaria sólo desertan dos niños de cada cien.

En el caso del nivel de secundaria es Morelos quien resalta en el estudio de rendición de cuentas, pues logra el nivel de eficiencia más alto del país pues sólo pierde a 15 estudiantes de cada cien.

Para la ASF la calidad del sistema educativo se mide, en este caso, a partir de la eficiencia terminal o número de estudiantes que egresan de un nivel educativo. Determina como un sistema que no tiene buen desempeño aquel que por abandono, deserción y reprobación deja a los estudiantes fuera del sistema educativo.

La ASF señala que los elevados índices de abandono de las aulas son un reflejo de la desigualdad, inconsistencia, discrecionalidad y falta de reglas en el uso de recursos públicos.

El reporte refiere que para el año 2005 el Gobierno Federal planteó invertir en promedio 12 mil 500 pesos anuales por alumno para garantizar la calidad en el servicio de educación en primaria y secundaria.

El documento identifica 17 estados con un gasto superior al promedio nacional, en el que destacan los caso de Baja California, Campeche y Baja California Sur; sin embargo, esa cifra de inversión, califica, no se ve correspondida con el número de estudiantes que logran concluir los nueve años de educación obligatoria.

En las 15 entidades restantes, el gasto público fue inferior a la media de inversión nacional y destacan los casos del estado de México, Querétaro, Guanajuato y Puebla.

Sólo que en este grupo, Puebla, Querétaro y México se encuentran los promedios de desempeño superiores a los de la media nacional. Lo que significa que a pesar de las limitantes en la inversión el abandono escolar se mantiene en niveles inferiores a los de las entidades con un gasto mayor.

El informe de la ASF recomienda realizar una revisión a los esquemas de financiamiento para que tengan mayor impacto en el trabajo que realizan las escuelas.

Precisa que hay entidades como Guerrero que tienen inversiones equivalentes al promedio nacional, pero que en términos de calidad el servicio educativo se ubica en el último lugar del logro educativo.

La misma condición presenta Michoacán que tiene una inversión superior al promedio nacional y que ocupa el penúltimo lugar en calidad medida en eficiencia terminal.

Dos expertos de la distribución de financiamiento desde sus cargos como ex subsecretarios de Educación Básica, Olac Fuentes Molinar y Gilberto Guevara Niebla plantean que el actual sistema de financiamiento y operación en la educación pública requiere una “reforma estructural” que modifique las facultades que tienen los estados para recibir y rendir cuentas del subsidio público, que se garantice que el subsidio público se aplica en la educación; establecer mecanismos de negociación laboral con el sindicato que acaben con la doble presentación de pliegos petitorios (una a nivel federal y otra por estados), que sean comparable el uso de recursos y los resultados educativos por entidad, municipio y escuela.

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