De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de 2006, durante 2005, 61 mil 741 menores fueron puestos a disposición del Ministerio Público. (Archivo)
Las principales infracciones por las que los menores llegan ante el Ministerio Público son: robo, faltas administrativas y delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas.
MÉXICO, DF.- Antes de cumplir la mayoría de edad, 30 por ciento de los menores infractores que ingresan al sistema de justicia juvenil comete su segunda felonía. Las principales infracciones por las que los menores llegan ante el Ministerio Público son: robo con 38 por ciento y faltas administrativas con 35; les siguen delitos contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas, con 12 por ciento; contra la salud, 6; contra la integridad y libertad sexual, 4 por ciento y el resto está tipificado en diversos delitos.
Aunque la media nacional de reincidencia ha oscilado entre 29 y 33 por ciento en los últimos años, hay estados, como Sonora, donde el promedio llega a 75 por ciento y otros, como Tlaxcala, donde sólo se registra uno por ciento. Lo anterior es informado en el Programa Nacional de Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).
Además, preocupa que el índice de reincidencia aumenta año con año. Por ejemplo, 1993 el Distrito Federal tenía un nivel de 16 por ciento, para 2004 fue de 27 por ciento.
Entre los estados con mayor número de delitos se encuentra Baja California, con 36 por ciento de menores en conflicto con la Ley, aunque de esta cifra el 93 por ciento son las llamadas faltas administrativas. Siguen Estado de México, DF y Nuevo León.
La entidad con mayor número de robos cometidos por niños es el DF con tres mil 325 durante 2006, es decir, 24 por ciento del total en el país, cuyo número ascendió a 13 mil 838.
Entre los estados con niños más violentos, que cometieron algún delito con agresión o incluso homicidio se encuentra el Estado de México con 26.7 por ciento, seguido de Nuevo León con 15.8 puntos.
Falta un mejor tratamiento
Érick Gómez Tagle López, investigador del Instituto Nacional de las Ciencias Penales (Inacipe), establece que el éxito de la readaptación en menores debe basarse en un tratamiento que considere también las causas que los condujeron a cometer la infracción, ya que, asegura, antes de ser victimarios fueron víctimas: “si no son atendidos como víctimas, más que como potenciales victimarios, lo que estamos haciendo es etiquetarlos, tenerles miedo, acostumbrándolos a un permanente rechazo social”.
Ante la situación el Consejo de Menores lanzó en agosto de 2005 un programa experimental nombrado “Comunidad Terapéutica Reeducativa de Reinserción Social para Menores Infractores”, en éste la familia juega un papel fundamental al participar en actividades junto al menor, además el apoyo psicológico y de trabajo social es más intenso.
Aunque este modelo promete mucho, está rebasado por la población de menores infractores al tener capacidad tan sólo para 40 tratantes, con una duración promedio de 18 meses por cada uno. A este ritmo se necesitarían de 12 años para tratar apenas a 160 menores, una pequeña parte de la población infractora, que actualmente supera los nueve mil individuos en el país.
Además, la problemática del menor infractor se agrava cuando son alcanzados por el crimen organizado, el cual cada vez recluta más niños para la comisión de delitos, señala Gómez Tagle: “lo que hacen es una especie de contrato: los cooptan paulatinamente, les suministran droga, les brindan protección e impunidad. Así, los jóvenes irán formando parte de estas grandes redes de la delincuencia. Pasan de las palomillas a delincuencia organizada”.
Aunque los delitos federales apenas alcanzan el cuatro por ciento del grueso, preocupa a los activistas que los únicos centros de tratamiento posibles para estos niños son los federales, ubicados todos ellos en el DF, lo que provoca, además de sobrepoblación, que los menores de provincia sean alejados de sus familias, fomentando aún más la disgregación familiar, causa principal, en primer lugar, para que los infractores incurran en conductas delictivas.
Efectividad en casos
De acuerdo con una estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de 2006, durante 2005, 61 mil 741 menores fueron puestos a disposición del Ministerio Público, de éstos el 50 por ciento fue sujeto a procedimiento y sólo al 37 por ciento, 22 mil 983, se le fincó responsabilidades.
De este total, nueve mil 674 se encuentran internos en algún Centro de Tratamiento, nueve mil 840 en tratamiento externo y tres mil 469 fueron sujetos a otras medidas (canalización a algún tipo de instituciones, amonestación y apercibimiento, etc.)
Las entidades que muestran mayor número de menores presentados ante la autoridad correspondiente, con 77 por ciento de los casos, son: Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.
Madres y bebés en Centros de Internamiento
De acuerdo con el Reglamento de Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Mujeres (CDTM), se permite a las jóvenes madres que dan a luz dentro de su periodo de internación mantener a sus bebés con ellas durante este tiempo. Así, tenemos que en el CDTM para Mujeres del Distrito Federal viven cinco niños.
Este es el caso de Margarita, tiene 19 años de edad y fue sentenciada a un año y nueve meses por secuestro exprés y robo agravado, periodo que está pronto a cumplirse, sin embargo, Margarita no saldrá sola del CDTM, la acompañará Jimena, su hija quien apagó su velita de un año en internamiento, junto a su madre.
Margarita asegura que la experiencia la ha ayudado a valorar a su familia y todo lo que antes tenía, piensa dejar atrás lo sucedido y ya hace planes para el futuro: “mi novio y yo tenemos planes de casarnos y volver a empezar”.
La historia de Aída es un tanto diferente, llegó de un pueblito de Oaxaca hace un año, su español no es muy fluido y apenas cursó el cuarto año de primaria. Llegó a la Ciudad de México hace poco menos un año. En el primer trabajo que encontró era vendedora en una tienda. Un narcomenudeista, aprehendido por las autoridades, la señaló como su cómplice, sin otra prueba que la incriminara en su contra, ahora paga una condena de ocho meses. Aída señala: “si recuerdo que el joven había entrado a la tienda donde yo trabajaba y me preguntó algo sobre un precio y luego, luego se salió. Era la primera vez que lo veía. No sé por qué dijo que era yo la que lo ayudaba”.
El papel de la CNDH
En julio de 2003 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones, a partir de las visitas que realizó a 54 centros de internamiento de menores, entre éstas destaca: sobrepoblación, golpes y maltratos por parte de los custodios, deficiencias en las instalaciones, falta de clasificación de la población por grupos, no en todos los centros se imparten clases de nivel básico e intermedio, sin actividades ocupacionales, insuficiencia de personal técnico y médico, falta de programas de tratamiento para las adicciones.
Más específicamente: “el hecho de que no exista servicio médico en tres establecimientos ubicados en Coahuila y en uno del Distrito Federal; la escasez de medicamentos y material para curación referida por las autoridades de Baja California, Baja California Sur, Piedras Negras, Coahuila; Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; así como la falta de expedientes clínicos en Michoacán, viola en perjuicio de los menores el derecho humano a la protección de la salud, previsto en el párrafo tercero del Artículo cuarto de nuestra Carta Magna”.
Respecto al bajo o nulo nivel de tratamiento contra las adicciones, el informe sigue: “no obstante que el 55 por ciento del total de menores internos en el país, ha usado, abusado o es dependiente de sustancias psicoactivas, no existen programas de desintoxicación, con excepción de dos establecimientos ubicados en Nuevo León y Sonora”.
A cuatro años de este estudio poco se sabe de qué manera ha avanzado la aplicación del sistema de justicia para jóvenes.
