Los ataques terroristas inferidos a principios de esta semana a las instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, ameritan una condena enérgica y sin ambages.
Los atentados acusan la existencia de un frente de batalla entre el Estado y la Sociedad Mexicana por una parte y el terrorismo por otra que como tal, es una actividad cuyos promotores, ejecutores y beneficiarios, son personas y grupos de personas de carne y hueso con nombres y apellidos.
Escudados en causas populares y tremolando la bandera de los pobres, los terroristas actúan al impulso del fanatismo ideológico y de una ambición desmedida que busca hacerse del poder político por cualquier medio.
Llama poderosamente la atención que frente a los ataques terroristas cuyo tratamiento nos ocupa, se tienda un relativo manto de silencio, una actitud omisa y hasta cierto dejo de justificación en virtud de que hasta el momento, este ejercicio criminal se reduce al daño y menoscabo de la riqueza pública y no ha cobrado vidas humanas, lo que al parecer de algunos estamos obligados a dar gracias al respecto.
La lucha armada como vía para acceder al poder, es un medio reivindicado por las corrientes extremistas de todos los tiempos al grado de que en nuestro país padecemos la enseñanza pública de nuestra Historia Patria, bajo el signo de la violencia como paradigma y ejemplo para los niños y jóvenes desde la escuela primaria.
No se pretende denostar a los próceres de nuestros movimientos sociales de independencia, reforma y revolución, pero falta reconocer que las soluciones se han encontrado no en los alzamientos armados como tales, sino en los acuerdos de paz asumidos al cabo de los mismos en el Plan de Iguala y en las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 respectivamente.
Por ello a cualquiera que tenga un dedo de frente, cabe la ocurrencia de transitar en directo por carretera hacia la concertación de los acuerdos por vía democrática y en un clima de paz, en lugar de perderse por las veredas y vericuetos de los movimientos armados que tantas vidas han cobrado en nuestro país a través de su historia.
Los ataques terroristas cuyo comentario nos ocupa y que hasta el momento son reivindicados por el denominado Ejército Popular Revolucionario, ocurren en el marco de un Estado empantanado en su tránsito hacia la democracia plena y en el seno de una Sociedad dividida por el encono y el desencuentro.
Además del costo directo que implica la reparación de los daños causados a las instalaciones de Pemex, el evento implica la parálisis de más de mil empresas grandes, medianas y pequeñas en la región central de México y en el bajío, regiones en las que se concentra un importante sector de la clase media nacional que es la más consciente y activa defensora de sus derechos cívicos y políticos.
Sería ingenuo ignorar que la selección del blanco y de las víctimas por parte de los terroristas es producto de una decisión deliberada e igualmente es ingenuo suponer que sea producto de la casualidad.
Es necesario prevenir que los efectos de tales actos criminales influyan negativamente al través de vasos comunicantes a la vida institucional del país y al tejido social debilitado por la pobreza, la falta de educación, la proliferación del vicio y la infiltración de las redes del narcotráfico.
El hecho de que en el seno del Congreso de la Unión, se estén discutiendo reformas constitucionales y legales que vulneran al Instituto Federal Electoral y amenazan al derecho de libertad de expresión, al propio tiempo que se sostiene la guerra con el crimen organizado, la apertura de un nuevo frente de estilo terrorista, enciende luces de emergencia que es necesario atender.
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